Quienes hemos luchado toda una vida contra las injusticias, las desigualdades sociales y proclamado el triunfo de los derechos humanos de los venezolanos consagrados en la Constitución Bolivariana de 1999, no podemos menos que aborrecer y denunciar cuando se produce una violación flagrante de un derecho humano fundamental como lo es el derecho a una vivienda y a la estabilidad de un hogar.
Uno se imagina que aquel inhumano expediente del desalojo arbitrario, a la fuerza, con el apoyo de algún funcionario público, con la policía incluso era cosa del pasado, que 15 años después del triunfo de la Revolución que tanto nos ha costado, eso sería solo referencia o mal recuerdo del pasado. Que las muchas luchas de los grupos de pobladores organizados, la elaboración popular de leyes de inquilinato y todo aquello que adecentara la delicada situación de inquilinos, familias enteras, en casas o apartamentos, sería cosa de aquel despreciable pasado capitalista. Pero la realidad sigue siendo otra.
Por todos es sabido que los desalojos arbitrarios están prohibidos por Decreto 8.190 del Presidente Hugo Chávez del 6 de mayo del 2011, incluso señala el artículo 142 del referido Decreto publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.668, que cuando éste se produzca el dueño o encargado del inmueble será sancionado con multa de 1.000 unidades tributarias.
En caso es que la compatriota Tibisay Herrera sufrió en carne propia la brutalidad, agresión física y atropello del dueño de la casa donde habita con sus dos pequeñas hijas, el ciudadano Juan Pacheco, quién la emprendió a golpes contra esta compatriota, la desalojó violentamente de la casa ubicada en la Calle El Carmen de Monte Piedad, parroquia 23 de Enero a ella, sus hijos y su compañero de vida, secuestrándole sus bienes, ropas y demás objetos de uso familiar y personal.
La compatriota Tibisay Herrera puso la denuncia de la agresión ante el CICPC. Fue a la Coordinación del Frente de Desalojos Arbitrarios de la Alcaldía de Caracas y, para su sorpresa y estupor, el señor Marco García, Coordinador de esa entidad, apoyó al agresor, es decir, estuvo de acuerdo con el desalojo según indicó la agraviada.
Ya en situación de calle, con la angustia y enorme preocupación de la compatriota Tibisay Herrera, trabajadora jubilada de la empresa estatal Minerven, con dos pequeñas y hermosas hijas, el compañero a su lado, llenos de incertidumbre ante su incierta situación, lamentándose de las injusticias que se cometen en Venezuela donde se vive una situación que reivindica precisamente el derecho de los habitantes a una tranquilidad y a vivir en sana paz, construir un hogar y salir para adelante con su familia.
Señala Tibisay Herrera las irregularidades que se han cometido contra ella, por ejemplo la violación pacífica del inmueble (no es propietaria, pero alquiló la vivienda con un Contrato de habitabilidad de la vivienda, fue atropellada en su dignidad y la de su familia y sufrió agresiones físicas, el propietario de la vivienda, actuando como un energúmeno, se desató en improperios, groserías, vulgaridades dichas a voz de cuello, delante de las niñas, no sólo la desalojó a golpes de la vivienda sino que no le permitió sacar ni el cepillo de dientes e igualmente la agredió psicológicamente, hubo violencia de género.
Van a permanecer indiferentes ante esta atroz injusticia Inamujer, la Fiscalía General de la República, la Alcaldía de Caracas donde un funcionario del Alcalde Jorge Rodríguez como lo es el Coordinador Marco García en vez de apoyar al agredido se parcializa con el agresor.
Sabemos del enorme y gigantesco esfuerzo del Gobierno revolucionario del Presidente Nicolás Maduro por solucionar el gravísimo problema de la vivienda en Venezuela donde hay un déficit de cerca de dos y medio millones de vivienda, pero hechos como este, donde pareciera que un mar de complicidades apoyan canalladas como la cometida por el ciudadano Juan Pacheco, quién sin ton ni son atropella, agrede, viola derechos y sigue tan campante mientras en la calle, expuesta a cualquier desafuero criminal está una familia venezolana, dirigida por una compatriota luchadora, que no sólo cree en el proceso sino que lo ha defendido de muchas formas.
Sirva esta denuncia para llamar la atención de las instituciones encargadas de impartir justicia para que esa mácula, esa mancha propia del capitalismo salvaje que se vivió en la Cuarta República, sea resarcida y a esta digna mujer, a sus hijas, a su compañero se les haga justicia y el atropellador sea castigado por sus agresiones y atropellos. (03/09/14) (humbertocaracola@gmail.com) (@hgcaracola)
