Me he identificado, además de militante revolucionario, como defensor de la causa de los Derechos Humanos con visión crítica. Y una de las cosas que tengo claro, como ciudadano, como abogado, que la Revolución Judicial que esperábamos desde el mismo año 1999, aún esta en mora.
Que se me entienda bien, que la Revolución Judicial no haya llegado no quiere decir que esté en contra o desmerite los logros, las conquistas de la Revolución Bolivariana que inició Hugo Chávez. Se han logrado cosas muy importantes, pero aún hay muchas cosas por hacer.
Y no nos llamemos a engaño. Buena parte del Ministerio Público y del Poder Judicial venezolano, está infiltrado e infestado de gente contrarrevolucionaria, que además de hacerle un daño terrible a nuestra Revolución, tratan de manera inmisericorde a personas, aprovechándose de su inexperiencia y desconocimiento de procedimientos legales, y hasta de sus derechos, utilizan el aparato del Estado, el aparato jurisdiccional para vejar, para afectar, para humillar. Atentando contra lo más sagrado y la célula fundamental de nuestra sociedad como lo es la familia.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 75, expresa lo siguiente: "El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia."
Pues bien, es en ese contexto, que me voy a referir a un caso, y como éste, hay centenares de miles en el país. Obviamente, me reservo los datos de las personas, y es el siguiente:
Desde el pasado mes de marzo, mi madre y yo vivimos una situación injusta e incómoda que no solo ha afectado nuestra salud física sino mental. Mi madre, de 69 años de edad ha sido denunciada falsamente de agresión por parte de la propietaria del inmueble que habitamos desde hace 12 años. En su desespero por recuperar su inmueble introdujo una denuncia ante el MP (Fiscalía Novena, Fiscal María Perdomo) procesada por el Tribunal 29 de Control, Jueza Yeritza Ramírez y lamentablemente tanto la Juez como la Fiscal se han prestado a mantener esta farsa con la firme intención de lograr la desocupación de la vivienda. Desde el mes de marzo mi madre lleva ocho meses presentándose en los Tribunales, como si se tratara de un régimen de presentación y como una delincuente, pero lo más grave es que la Fiscal no se ha presentado y ni siquiera el Tribunal le solicita que acuda a las supuestas audiencias. La propietaria del inmueble, la cual vive justo al lado de nosotras se encuentra en su casa en los EEUU desde hace 5 meses. A la fecha no se ha realizado una audiencia preliminar, únicamente la audiencia de imputación el pasado mes de marzo, en la cual la Fiscal se dirigió a mi madre como delincuente. Contamos con la asistencia penal de la Defensa Pública, quienes no han logrado ningún resultado satisfactorio. El expediente es un completo montaje hecho a la medida de la propietaria del inmueble con una cantidad de irregularidades, de hecho, la Fiscal solicita en el acto de imputación la desocupación del inmueble. Todas las veces que hemos acudido mensualmente a los Tribunales nos dicen que no se puede hacer audiencia porque no se encuentra la Fiscal y la supuesta víctima no le otorgó un poder para que la representara. En definitiva lo que queremos es que se imparta justicia, que se sepa la verdad porque en definitiva el hecho de dilatar el proceso es una complicidad entre la propietaria del inmueble, la Fiscal y la Juez.
Mi madre a partir de esta situación sufre de hipertensión y está siendo controlada por un cardiólogo. Nos han hecho un gran daño psicológico irreparable y en mi caso por todas las faltas que he tenido al trabajo estoy en riesgo de perderlo.
Estamos muy angustiadas y nos preguntamos como es posible que organismos del Estado se presten a esta abominable injusticia y permitan que una Juez Penal y una Fiscal tengan competencia en materia inquilinaria."
Pues bien, por razones obvias tuve que obviar como ya lo expresé, los nombres de las afectadas, el número de expediente y otros elementos de este caso. Pero como activista de Derechos Humanos, quiero hacer el llamado de atención al Ministerio Público, al Poder Judicial y más a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) y a su Tribunal Disciplinario, y a la Defensa Pública. Porque casos como éste se repiten por centenares de miles en nuestro país. Y justicia tardía no es justicia.
Y ni hablar de lo dicho por la fiscal antes mencionada, la cual está moralmente descalificada para seguir en este procedimiento, ya que se identificó con la derecha, y me señalan que expresó: "Por culpa del Gobierno de Hugo Chávez, me quitaron unas tierras, pero llegó la hora de cobrar", y entonces.
Bueno es parte de una tarea pendiente que tenemos que hacer. Urge una verdadera Revolución Judicial, y que realmente nuestro sistema de justicia esté al alcance de todos, antes de que sea demasiado tarde, y la decepción siga apoderándose de buena parte de nuestro pueblo y se vuelva irreversible.
¡Bolívar y Chávez Viven, y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Sin justicia nunca habrá paz!
¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!
