“La Comisión ha constatado que el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad es uno de los principales desafíos que enfrentan los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Es un asunto complejo que requiere del diseño e implementación de políticas públicas a mediano y largo plazo, así como de la adopción de medidas inmediatas, necesarias para hacer frente a situaciones actuales y urgentes que afectan gravemente derechos humanos fundamentales de la población reclusa.
La naturaleza de los problemas identificados en el presente informe revela la existencia de serias deficiencias estructurales que afectan gravemente derechos humanos inderogables, como el derecho a la vida y a la integridad personal de los reclusos, e impiden que en la práctica las penas privativas de la libertad cumplan con la finalidad esencial que establece la Convención Americana: la reforma y la readaptación social de los condenados. Por lo tanto, para que los sistemas penitenciarios, y en definitiva la privación de libertad como respuesta al delito, cumplan con su finalidad esencial, es imprescindible que los Estados adopten medidas concretas orientadas a hacer frente a estas deficiencias estructurales.
La Comisión IDH ha observado que los problemas más graves y extendidos en la región son: 1.- El hacinamiento y la sobrepoblación; 2. Las deficientes condiciones de reclusión, tanto físicas, como relativas a la falta de provisión de servicios básicos; 3. Los altos índices de violencia carcelaria y la falta de control efectivo de las autoridades; 4. El empleo de la tortura con fines de investigación criminal; 5. El uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad en los centros penales; 6. El uso excesivo de la detención preventiva, lo cual repercute directamente en la sobrepoblación carcelaria.7. La ausencia de medidas efectivas para la protección de grupos vulnerables; 8. La falta de programas laborales. 9. La corrupción generalizada y falta de trasparencia en la gestión penitenciaria” (…)
VENEZUELA PRESENTÓ SU INFORME PARA SOLICITAR EL LEVANTAMIENTO A LA CORTE IDH SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN SIETE CÁRCELES.
Lo antes descrito era la situación de los privados de libertad en Venezuela desde 1958 hasta 1998, cuando gobernaron el país los partidos neoliberales de Acción Democrática y Copei. Les señalamos a los Magistrados que en la visita que la Comisión hizo al Reten del Catia en el año 1996, y en el informe que levantó en el párrafo 42, se lee:
“La Comisión ha manifestado su preocupación por las deficientes condiciones de detención y las situaciones de violencia producidas al interior de los centros de reclusión venezolanos. En 1996, realizó una visita a las prisiones y los centros de reeducación de Venezuela, en los que ha verificado entre otras situaciones, la lentitud de los procesos penales, el elevado número de procesados sin condena y otras deficientes atribuibles a los órganos del Estado; sobrepoblación carcelaria; violencia generalizada; tenencia ilegal de armas, deficiente atención médica, malos tratos a los internos: problemas de higiene y salubridad y problemas relativos al traslado de los presos”
Continúa en el Párrafo 51. “La violación sistemática y generalizada de los más mínimos derechos de los reclusos era conocida por las autoridades del Estado. Una asesora de la Comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados e integrante del proyecto denominado “Caballo de Troya” proyecto gubernamental que intentó humanizar el Retén, describió los horrores al interior del mismo así: “conseguimos unas barracas horrendas que estaban en la parte de abajo. Había hombres que vivían allí entre agua putrefacta que caía de los otros pisos. Los desperdicios entre el agua podrida cubrían la mitad de la pierna. Había un cuarto que estaba soldado y tenía en la esquina inferior derecha un boquete. Por ahí les echaban la comida, si eso se podía llamar así. Las agarraban mezclada con la inmundicia. Tocamos la puerta y escuchamos unas voces. Ellos mismos no sabían cuántos eran. Comenzamos a desmontar la puerta. Cuando le quitaron la soldadura todavía la puerta no se podía abrir porque la capa de excrementos era más fuerte que la propia soldadura. Unos monstruos salieron. Presos de máxima seguridad olvidados”.
La Comisión estableció: “Las acciones cumplidas por las autoridades venezolanas en el curso de la investigación de los hechos en la masacre del Retén de Catia no han sido suficientes para el debido esclarecimiento de la verdad histórica, la determinación de responsabilidad y condena de los responsables. La primera investigación tuvo múltiples inconvenientes ocasionado por la falta de colaboración de las fuerzas públicas y las autoridades carcelarias en la recopilación y custodia de pruebas esenciales. En una segunda oportunidad, las autoridades judiciales encargadas de dirigir la investigación demostraron negligencia para cumplir con su deber y obtener resultados serios”.
Párrafo 101. “Pese a que varios de los testimonios relacionados y gran parte del material probatorio señalaba de manera clara la muerte como consecuencia directa del uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de la Policía Metropolitana, la Guardia Nacional y el personal de guardia del Retén de Catia, el Juzgado decidió que “no existía ni un solo elemento que comprometiere la culpabilidad y responsabilidad penal de ninguno funcionarios, por tanto ordenó “MANTENER ABIERTA LA PRESENTE AVERIGUACIÓN”.
Lo inexplicable para el Estado venezolano, es como esta Comisión no solicitó ninguna medida cautelar contra estas cárceles infernales. Si lo hubiera hecho posiblemente hubiera mejorado la violación de los derechos humanos de los privados de libertad. Pero, esa medida no era posible, porque Venezuela era el modelo de democracia para América Latina implantado por el gobierno de los Estados Unidos, pero ahora que la República Bolivariana de Venezuela hace esfuerzos por superar los problemas penitenciarios, la Comisión IDH tiene siete medidas cautelares sobre las cárceles venezolanas.
Venezuela presentó un nuevo informe ante la Corte IDH el día seis de febrero de 2015, donde se expuso detalladamente el esfuerzo sobre humano realizado por el personal del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, dirigido por la abogada María Iris Varela Rangel para que la mayoría de los Magistrados, tenga la valentía de suspender esas Medidas Cautelares sobre las siete cárceles, por haber sido corregidos por el Estado venezolano la mayoría de los problemas que presentaban las mismas.
EL VIDEO DE LA AUDIENCIA PUEDE BAJARSE DE LA PAGINA WEB DE LA CORTE IDH MARCANDO htts://vimeo.com/118947521
