En Venezuela existen unos ciudadanos, y la organización que los agrupa, que pretenden que el derecho de la libre expresión esté por encima de cualquier otro derecho de los cuales disfruta el pueblo, y por eso es que cuando un periodista es citado ante la justicia por un presunto hecho punible atribuido a él o ella, de inmediato expresa que el gobierno le quiere coartar el derecho que tiene de manifestar sus ideas y opiniones de viva voz y/o a través de algún medio de comunicación, ese argumento al ser apoyado por el Colegio Nacional de Periodistas hace que aquella persona se cobije y aferre a ese derecho para no responder sobre los intríngulis del delictivo por el que se le acusa; del cual es automáticamente disculpado por el C.N.P. Según la concepción grotesca de un buen número de periodistas, ellos no pueden ser llevado ante la justicia así sea público y notorio que alguien del gremio cometió un delito tipificado como tal en las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.
Ninguna autoridad de los Poderes Públicos de este país debiera permitir ser desviada del cumplimiento de su deber en la aplicación de los preceptos legales, por la manipulación de que está coartando el derecho de la libre expresión que tienen los ciudadanos en general y especialmente los periodistas, porque con tal consentimiento se está dando base para que ese mismo argumento también lo utilice el médico, ingeniero, educador, abogado y otros profesionales cuando sean denunciado por mala praxis dentro de sus respectivas profesiones y entonces aleguen que el gobierno les quiere coartar el libre ejercicio de su profesión, es decir, el derecho al trabajo. Eso mismo pasaría con la gente que regularmente se reúne para planificar y llevar a cabo sus acciones de secuestros, atracos y otros actos delictivos, pues al ser arrestados también argumentarían que el gobierno le está violentando el derecho de reunión, el malandro que es sorprendido infragante cometiendo un hurto y es detenido diría que el gobierno le está coartando su derecho de libertad; y así toda persona que sea aprehendida o acusada de estar incurso en un hecho punible manifestará que el gobierno le está violando alguno de sus derechos consagrados en la hermosa Constitución venezolana.
Todo habitante de este país sabe que es sumamente tedioso, lento y costoso económicamente intentar un juicio en algún juzgado para demandar, a un periodista que ofende y denigra a una persona, a un profesional por mala praxis en el ejercicio de su profesión, o a cualquier individuo que menosprecie los derechos de otro, por evitarse tales dificultades esas demandas son muy contadas; pero cuando ellas son accionadas los demandados y los gremios que lo protegen ponen el grito en el cielo y a fuerza de sofismas leguleyeras y sobornos logran, casi siempre, que la justicia no se imponga y si la injusticia. Este es un mal endémico que ha existido dentro del recinto de la dama vendada y con la balanza, deteriorada, por lo que se debería crear un órgano judicial extraordinario que se ocupe de esos juicios y sea esa instancia la que decida cuales derechos deben considerarse, en determinado caso, por encima de otros y así lograr para Venezuela y su pueblo que la probidad venza a la iniquidad en el tribunal que sentencia.
La justicia insolente que todavía hoy hace aplicar los poderosos no puede continuar en este país, es necesario ponerle freno, no se puede dejar que esta nación siga manejada por los bellacos, hay que hacer algo, algo verdaderamente revolucionario, algo que deje atrás las sinverguenzuras y acciones sucias en la administración de justicia en esta hermosa patria. Y para eso habrá que basarse en el pensamiento y la acción de nuestro Libertador, Simón Bolívar, cuando señala que “La libertad práctica no consiste en otra cosa que en la administración de la justicia y en el cumplimiento de las leyes” porque hay que entender que “El ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad”
