Hay una cantidad de profesionales que ofrecen sus servicios de asesorías y gestorías para diligenciar asuntos administrativos, legales, técnicos, etc. y todos ellos demuestran estar capacitados para desempeñar ese trabajo, siendo así como muchas personas responsables, honestas y cumplidoras de sus obligaciones al buscar un experto para que lo asista permiten ser representados en diversas instituciones públicas y privadas, y eso para el gobernante, industrial, comerciante o para el contribuyente particular en principio constituye un gran logro; pues de momento resuelven un problema que los agobia. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando se contrata a alguien para encargarlo de hacer ciertos trámites, porque cantidad de veces en este país se ha dado el caso que el mandante queda arruinado debido a un mal manejo de los asuntos encomendados a su apoderado.
Ahora bien, es hartamente conocido en Venezuela como desde hace tiempo se viene confrontando un inconveniente muy nocivo a la salud moral de sus habitantes, esta desgracia radica en que actualmente, por regla general, los gremios profesionales no utilizan las normas éticas por ellos estatuidas, sobre todo en lo referente a las penas que se deben aplicar a sus afiliados que cometen actos deshonestos, circunstancia por la que muchos profesionales confiados en la solidaridad automática que le brinda su institución, protección sin límite aunque sea público y notorio las actuaciones incorrectas, maniobran y cometen faltas escandalosas en perjuicio de la decencia, de la sociedad y de sus clientes. Claro que entre las personas inscritas en un gremio existen algunas que hacen su trabajo correctamente, pero lo aconsejable es que el administrador de un ente público, empresa, negocio o persona natural no confíe ciegamente en las diligencias efectuadas por aquel apoderado; siendo muy conveniente comprobar que éstas fueron estricta y correctamente cumplidas.
Se tiene que considerar que junto a la actuación de esos gestores pillos hay la complicidad de muchos funcionarios que les toca funciones administrativas y de supervisión en el cumplimiento de las normas legales, tributarias y anti especulativas pertinentes y con facilidad sucumben a los abominables beneficios materiales que brinda la corrupción; sin tomar en cuenta que tal degradación incluye a sus familiares que sin quererlo tarde o temprano tienen que hacerse cómplices de aquellos actos de corrupción. Ahora, es justo destacar que la compra de fiscales en algunos organismos oficiales es hoy menos fácil, fíjese lo que está pasando en el INDECU y SENIAT, allí se ve el apego al trabajo honesto y por eso mismo es que se oye tremenda chillería de los dueños de negocios e industrias, sin embargo todavía falta mucho por hacer ya que en Venezuela desde hace tiempo la gente deshonesta se acostumbró a buscar un puesto donde pueda hacer funciones fiscalizadora y administrativas; y hasta se paga para que lo pongan allí. Tal ha sido la corrupción en este país, que es seguro no existe venezolano que haya dejado de oir la historia de cómo un solicitante de un empleo le dice al futuro jefe: “mire jefe, no importa me paguen poco dinero, lo que quiero es me ponga donde hay”
La patria necesita ser rescatada de la corrupción y el gobierno revolucionario tiene ese formidable reto, pero si no actúa pronto y en forma efectiva contra este azote, las cosas buenas que se hayan podido alcanzar en algunos sectores sociales no serán suficientes para absolverlo; y entonces todo se habrá perdido. La administración pública del país ha estado plagada, desde hace muchísimos años, de funcionarios ladrones, ejemplo maligno que se ha extendido con rapidez, de manera que el combate para derrotar la corrupción tiene que hacerse ya, profundamente y sin tregua, y para ello solo hay que basarse en lo que Simón Bolívar le escribe al general Bartolomé Salom el 15 de enero de 1.824: LA IMPUNIDAD DE LOS DELITOS HACE QUE ÉSTOS SE COMETAN CON MÁS FRECUENCIA Y AL FIN LLEGA EL CASO EN QUE EL CASTIGO NO BASTA PARA REPRIMIRLOS.
