Como lo expresamos en nuestro artículo de ayer, hoy vamos a referirnos sobre los hechos lamentables ocurridos en Barlovento y Cariaco, en primer lugar para lamentarlos, por otro lado, para condenar y repudiar la actitud de los efectivos militares que lo cometieron, y por otro lado, para tratar de aclarar los mismos, puesto que ambos hechos, lamentables, condenables desde todo punto de vista, pretenden ser usados para golpear y dañar la imagen, no sólo del Gobierno Bolivariano, sino de la Revolución Bolivariana. Y esto en el marco de los planes desestabilizadores que están en marcha, y pretendemos hacerlo con elementos objetivos.
Sin ánimo de solidarizarme con errores y fallas que dentro de la gestión gubernamental y del Estado se hayan podido cometer, si creo importante resaltar que no creo que sea política del Estado, violentar Derechos Humanos y aplicar torturas a seres humanos en nuestra República Bolivariana de Venezuela. Ello no impide ni es garantía per se, que funcionarios policiales o efectivos militares, es decir, individualidades, que manejándose bajo la concepción cuartarrepublicana, puedan eventualmente cometerlos, pero, y como lo señala nuestra Constitución en sus artículos 45 y 46 numerales 1,2 y 4 se prohíbe la desaparición forzada de personas, el sometimiento a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; el trato con el debido respeto a las personas detenidas en virtud a la dignidad inherente a la condición humana, y de que todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o instigue o tolere ese tipo de tratos, será sancionado o sancionada de conformidad con la ley.
Es decir, como diría cualquier abogado penalista, que la responsabilidad penal es individual e indivisble, no es colectiva ni compartida o concurrente.
Cuando me enteré sobre lo acontecido en Barlovento y Cariaco, particularmente lo hice a través de unos medios de difusión, los cuales identificó como de derecha, y por lo tanto no les di ninguna credibilidad. Ciertamente, para el momento en que leí esas noticias, y como activista de Derechos Humanos bajo visión crítica, ciertamente estaba la información del hallazgo de unos cadáveres, tanto en el caso de Barlovento, como de Cariaco, pero aún no se habían realizado las necropsias y experticias de rigor para determinar de que forma y en que condiciones habían ocurrido las muertes de esas personas halladas.
Y como el periodismo en nuestro país, lamentablemente es muy ligero, y en la mayoría de los casos bien irresponsable, salvo honrosas excepciones, que siempre las hay, en las primeras de cambio tildaron ambos eventos como “masacres”, sin esperar la opinión de los expertos en la materia. Creo que la ética en el periodismo venezolano la debemos rescatar de manera urgente.
Y fue por esa razón, que este servidor, en las primeras de cambio, y a través del tuiter, mencioné ambos hechos como presuntas masacres. No me gusta opinar a la ligera, y sin tener los suficientes elementos de convicción, como lo hacen algunos analistas, incluso algunos cuyas opiniones fueron reconocidas incluso por el Comandante Chávez y han tenido puestos de responsabilidad en la actual administración del Presidente Nicolás Maduro Moros.
Pero luego, ya teniendo los elementos e indicios suficientes, sin duda, debemos reconocer que en ambos eventos, lamentablemente, si hubo la ocurrencia de masacres.
Si tratásemos de encontrar una definición de lo que es una masacre, éste es un término que se utiliza para referirse a un tipo de asesinato, habitualmente de varias personas, caracterizado por la indefensión de las víctimas. Y eso fue lo que lamentablemente ocurrió en Barlovento y Cariaco.
Y también lo expresamos a través de las redes sociales, funcionario policial o efectivo militar que incurra en violación de Derechos Humanos, debe ser castigado con todo el peso de la ley. Además del comunicado del Ministro de Defensa y Jefe del Comando Estratégico Operacional, G/J Vladimir Padrino López, la rueda de prensa dada por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, M/G Nestor Luis Reverol Torres, y la instrucción dada por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, de degradas a los efectivos militares del ejército y del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (CONAS) por su participación en las masacres de Barlovento y Cariaco, refleja y echan por tierra la tesis de Estado Fallido y violador de Derechos Humanos, que se le quiere endilgar a nuestro país.
Pero, además de esto, hay otros elementos de fondo que queremos permitirnos destacar en el presente trabajo, y pasamos de seguidas a tratar de explicarlos.
Desde la Asamblea Nacional se están realizando actos preliminares para abrir una investigación sobre la gestión del Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, M/G Nestor Luis Reverol Torres, con su correspondiente orden de comparecencia, a causa de la apertura de esta instancia por presuntas indagatorias sobre el tema de seguridad ciudadana, violaciones de Derechos Humanos y presuntas vinculaciones de este servidor público con el narcotráfico.
Este expediente, que no dudamos en llamar caso OLP: Seguridad Ciudadana y violaciones de Derechos Humanos, está siendo procesado e impulsado por la Comisión Permanente de Política Interior, Derechos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, presidido por la diputada DELSA SOLÓRZANO, del partido Un Nuevo Tiempo, quien ha tenido una importante proyección mediática en estos últimos días, porque es la que está sistematizando y recibiendo las denuncias sobre estas materias que estamos denunciando en este reporte, y fundamentalmente en lo concerniente a las irregularidades en los procedimientos seguidos en las Operaciones de Liberación y Protección para el Pueblo (OLP).
De hecho, la referida Comisión – y a solicitud de los mismos familiares- asumió el seguimiento de las circunstancias que rodearon el caso de los doce occisos durante la OLP efectuada en el municipio Acevedo del estado Miranda, cuyos cuerpos habrían sido inhumados luego de 42 días de su detención y sin información oficial sobre esta situación.
Es por ello, que con los testimonios recabados están sustanciando todo un dossier de casos, que la referida Comisión estima procesar para establecer las responsabilidades civiles y penales, contando con la participación de la Fiscalía General de la República para la posible apertura de juicios por delitos de lesa humanidad, donde se incluyan los delitos de torturas y desapariciones forzadas de personas, ante la presunción de prácticas continuadas y dada la ocurrencia de otros casos en distintos lugares de la geografía nacional bajo circunstancias similares.
Estos hechos, si bien no habían sido denunciados, más sin embargo figuran en el registro de organizaciones no gubernamentales como por ejemplo PROVEA, las cuales han sistematizado estas informaciones y datos recabados por el seguimiento que estas han tenido sobre las OLP desde sus inicios, y es por ello que sus directivos han comenzado a declarar, luego de la apertura de este dossier por parte de la Comisión Permanente de Política Interior, Derechos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, como ya lo señalamos unos párrafos más arriba.
Este trabajo de investigación parlamentaria está siendo complementado por actividades desarrolladas por otras organizaciones no gubernamentales como “Proyecto Caracas Mi Convive” del municipio Libertador, dirigida por ROBERTO PATIÑO, la cual – a su juicio- pretende generar políticas públicas de seguridad desde la comunidad, para lo cual su estrategia es ganar la confianza de las víctimas de la violencia, y esto incluye casos de ajustes de cuenta, especialmente los casos de homicidios donde estén involucrados efectivos durante procedimientos policiales.
Esta ONG donde buscan captar a víctimas de la violencia que incluyen tanto casos de ajustes de cuentas como homicidios donde estén involucrados efectivos durante procedimientos policiales, busca granjearse, principalmente, el testimonio de las madres de las víctimas o presuntas víctimas, que constituye el sector que mayor desconfianza guarda frente a los cuerpos policiales, y en cuyos relatos han surgido – de alguna de ellas- afirmaciones tales como: “Un malandro con uniforme mató a mi hijo”, según relata Patiño como hallazgo de sus averiguaciones.
En situaciones como la ocurrida en Barlovento, el modus operandi que se está empleando consiste en involucrar a las ONG ' s defensoras de Derechos Humanos como asesoras o colaboradoras en procesos contra el Estado Venezolano mediante informes y datos, esto con alcance internacional (De ahí que en estos momentos casi que declaren en yunta tanto Delsa Solórzano, como presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior, Derechos y Garantías Constitucionales, y el diputado Luis Florido, como presidente de la Comisión de Política Exterior del parlamento, ojo con este detalle).
De hecho, el padre ALEJANDRO MORENO, investigador sobre el tema de la violencia y director del Centro de Investigaciones Populares (CIP), acusa al ministro REVEROL TORRES de haber roto los límites de cifras, en cuanto a homicidios ocurridos a manos de efectivos durante los procedimientos policiales de las operaciones de liberación y protección para nuestro pueblo (OLP), las cuales cuantifica en 4.200 casos ocurridos, entre el mes de septiembre y hasta finales de noviembre, de acuerdo a los datos que procesa en el CIP. Sería interesante conocer de donde obtienen estas cifras esta organización.
La línea discursiva del padre ALEJANDRO MORENO está marcada por afirmaciones referidas a la existencia de una tácita licencia – inducida por parte de los superiores- para que efectivos cometan impunemente desmanes y violaciones de derechos humanos que se traducirían en homicidios encubiertos bajo procedimientos policiales, con lo cual caracteriza principalmente a las actuaciones de las OLP como el máximo estadio de arbitrariedad contra ciudadanos indefensos.
Mientras, en el aspecto político, el caso está siendo capitalizado principalmente por el gobernador del estado Miranda HENRIQUE CAPRILES RADONSKI, y la dirigente de la organización Vente Venezuela, MARÍA CORINA MACHADO, quienes – a través de sus programas vía internet y radio, respectivamente- iniciaron una campaña de denuncias, mediante la presentación de relatos de familiares y otros testigos, cuyos testimonios resaltan detalles sobre presuntos actos de tortura.
La principal fortaleza de la representante de Vente Venezuela es la activa presencia de uno de cus concejales en esta juridicción, que es el que motoriza la denuncias sobre este caso e incita a que las familias afectadas mantengan constantes protestas y presenten denuncias ante la Comisión Permanente de Política Interior de la AN.
A su vez, la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la AN, a través de su vicepresidente, el diputado ARMANDO ARMAS, del partido VOLUNTAD POPULAR, anunció en fecha 29 de noviembre de 2016, que dad los sucesos del municipio Acevedo en el estado Miranda, citarán a los Altos Mandos responsables de la OLP, lo que incluye al Ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, al Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, M/G Antonio Benavides Torres, y a los jefes de la REDI y ZODI del estado Miranda, así como al Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, M/G Nestor Luis Reverol Torres.
Pero esto no lo podemos dejar desligado de las supuestas investigaciones sobre narcotráfico y su interrelación con factores políticos, esto a propósito del mal llamado caso de los “narcosobrinos” de la Primera Combatiente de la República, Cilia Flores.
Es en ese sentido que el diputado José Luis Pirela anunció que presidirá la Comisión Especial que desde la Asamblea Nacional investigará el caso de los sobrinos de la Primera Combatiente y diputada del parlamento, Cilia Flores, procesados por un tribunal en Estados Unidos, bajo los cargos de conspiración para ingresar ilegalmente drogas en ese país.
Pirela manifestó que esta comisión parlamentaria – a su cargo- tendrá como propósito investigar la interrelación de factores de poder que han “convertido a Venezuela en un narcoestado”, y tratarán de vincular estos elementos con los casos de narcotráfico que se siguen en los tribunales de EEUU, los cuales, a su vez, tratan de involucrar a los diputados HUGO CARVAJAL y DIOSDADO CABELLO, al igual que al ministro Nestor Reverol.
A esto, sumarán los esfuerzos por profundizar las investigaciones sobre la detención por narcotráfico de un familiar del diputado Carvajal, de Arnaldo Santaella, hijo de la actual gobernadora del estado Monagas, Yelitze Santaella, de Saúl Álvarez, sobrino de la ex presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales Lamuño. A esto, hay que sumar las declaraciones de Leamsy Salazar, involucrando al diputado Cabello en el “Cartel de Los Soles” , el caso del ex jefe de la Interpol en Venezuela, el cual fue procesado por tráfico de narcóticos y otros casos que involucren a factores políticos o consideren que guarden relación.
El diputado Pirela subrayó que el informe final de esta “Comisión” será entregado a organismos internacionales para su “convalidación” en aquellas instancias donde se ventilan causas conexas con estos casos, bajo el alegato de la “universalidad de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”.
Como anexo al referido informe incluirán actas- informe donde se deje constancia sobre aquellos casos de funcionarios que no comparezcan a las citaciones para esta Comisión del parlamento, para que sirvan de elementos de convicción sobre “su responsabilidad y complicidad en los referidos delitos”.
De esto último, se desprende la disposición en el referido proceso de desdeñar normas y principios constitucionales y de doctrina jurídica de la República sobre soberanía e independencia referidas a la jurisdicción, la cual establece claramente a la República Bolivariana de Venezuela como centro de gravedad de las actuaciones de las diferentes ramas del Poder Público, y no para instancias internacionales.
Ciertamente, si bien es cierto que la Asamblea Nacional tiene competencias en materias de investigación, tal y como lo establece el artículo 39 del Reglamento Interior y de Debates que la rige, la jurisdicción está reservada a la República Bolivariana de Venezuela, a cuyo nombre deben actuar todas las ramas del Poder Público, única con capacidad jurídica para las diferentes actuaciones procesales a las que haya lugar, y específicamente del Poder Judicial.
Nos permitimos transcribir el artículo 39 del referido instrumento normativo, donde se detalla con claridad las competencias de la Comisión Permanente de Política Interior, Derechos y Garantías Constitucionales, y de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa del Parlamento:
Artículo 39: Las comisiones permanentes son:
1.- Comisión Permanente de Política Interior: conocerá los asuntos relativos al régimen político, funcionamiento e interrelación con las instituciones públicas, administración de justicia, la plena vigencia de los derechos humanos, las garantías constitucionales, identificación, registro civil, uso y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, delitos conexos, financiamiento al terrorismo y la seguridad ciudadana. (Resaltado del articulista).
6.-Comisión Permanente de Defensa y Seguridad: le corresponde el estudio de los asuntos de defensa y seguridad de la Nación, funcionamiento, organización y gestión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, política fronteriza y ordenación territorial y adecuada integración del territorio en la promoción de su desarrollo económico. (Resaltado del articulista).
Así las cosas, sí que estamos alerta y con los ojos bien abiertos.
