El asesinato de Francisco Antonio Fuentes en la sede del CICPC de PUERTO  AYACUCHO, rememora y alerta del negocio de los falso positivo de Uribe y la conspiración contra la Patria

Francisco Antonio Zambrano Fuentes, era un joven trabajador, muy querido y conocido en Puerto Ayacucho, su ciudad natal, hijo de una familia reconocida por su trayectoria de gente honesta y trabajadora, con protagonismo en pro de la salud y de la educación de esa población, laborioso, colaborador y solidario, asistente del patólogo del Hospital José Gregorio Hernández de la ciudad, taxista en horas nocturnas para complementar los ingresos familiares, hijo de Francisco Miguel Zambrano (QPD), enfermero querido de todas las comunidades del Amazonas, en la década de los setenta del siglo pasado, y a decir del Gobernador, fue en su tiempo el José Gregorio Hernández del Amazonas; un ambulatorio y una urbanización llevan su nombre, e indígenas del Guainía bautizaron su comunidad con el nombre de su hija Evilka.

Es el caso que el día viernes, 4 de noviembre fue injustificadamente apresado por 4 miembros C.I.C.P.C., que lo sacaron de una barbería donde esperaba turno para cortarse los cabellos, las personas que estaban en el sitio avisaron a su familia quienes se trasladaron al C.I.C.P.C., donde lo negaron mientras que por la parte trasera lo sacaron, ya sin vida, luego de haberlo torturado salvajemente, para llevarlo al hospital donde justo trabajaba como asistente del patólogo, allí lo dejaron muerto en una camilla. La horrible noticia corrió enseguida y familiares, amigos que no eran pocos y el pueblo en general, indignados, se agolparon en el Hospital y los CICPC fueron retenidos por la policía del Estado, para protegerlos de la ira popular.

Para el pueblo de Puerto Ayacucho, eso fue la gota que rebaso el vaso, dos días antes había muerto también por torturas en la misma sede del CICPC, Leiner Trejo, joven taxista; la denuncia pública de ese asesinato lo hizo su madre.

Igualmente se dice de la participación de funcionarios del CICPC, en frecuentes atropellos a los parientes indígenas y una inseguridad creciente por delitos que, para muchos en el pueblo, son cometidos por funcionarios policiales.

Francisco Antonio había comentado a su familia, que recibió presiones del CICPC para alterar el protocolo de autopsia del caso Leiner y por su puesto se negó a colaborar con ellos, dos días después fue él la víctima.

Por este el caso hay 4 funcionarios privados de libertad y los testimonios de los testigos dejan plenamente establecido la responsabilidad de los mismos en tales hechos, la Delegación local del CICPC, fue intervenida y sus jefes destituidos, sin embargo es de temer por la seguridad de todos los testigos y familiares de la víctima, y se ha solicitado la protección ante la Fiscalía; hace un poco más de una semana la casa materna de la esposa de Francisco Antonio, sufrió un ataque brutal de personas que de civil y con participación de miembros de la Guardia Nacional, allanaron en la noche y destruyeron puertas y muebles y amedrentaron a los que allí viven, las denuncias pertinentes se han realizado.

A todas estas, hay que preguntarse si no va a ser investigado el Jefe de esa subdelegación, pues su tolerancia a la tortura obliga a pensar que es participe de esa práctica, la destitución de los jefes de la misma, implica una investigación administrativa, ante la oficinas de la inspectoría, pero hay que hacer una investigación penal que es lo que demanda la justicia más elemental, y lo que exigen los familiares de las víctimas, que también son víctimas, en una querella que se introdujo. Hasta ahora no se nota la diligencia de la Fiscalía de actuar en esa dirección.

La investigación de los jefes, es necesario, porque hay que ir a fondo sobre las causas de esas prácticas asesinas en la delegación del CICPC de Puerto Ayacucho, actuando de espaldas a los principios de nuestra Constitución y nuestras leyes en materia de derechos humanos; bien sabemos que parte de la conspiración contra el País, es documentar casos inventados o reales de violación de derechos humanos, para propiciar la intervención extrajera yanqui, como han hecho en otros países destruidos por las guerras del imperio a partir de invasiones justificadas en nombre de defender los derechos humanos. En ese sentido conviene resaltar que la comisión que apresó y asesinó a Francisco Antonio, provenía de la Sub Delegación de Ciudad Guayana; no está claro porque estaban en Puerto Ayacucho, según el Gobernador Guarulla, del Edo. Amazonas, para alejarlos de Bolívar por su participación en otros hechos abominables de la misma perversidad.

Son situaciones que nos ponen a pensar en los falsos positivos de Soacha en el hermano país de Colombia, donde en el 2008 fueron descubiertas fosas comunes, con los cadáveres de jóvenes inocentes que fueron llevados al norte de Santander, reclutados mediante engaños, ofertas de empleos, por parte de paramilitares y vendidos a un batallón del ejército que los asesinaba para luego presentarlo como guerrilleros y así cumplir con la cuota de muertos en combate que debía dicho batallón presentar, para recibir las compensaciones económicas y los ascensos que se daban a los militares que cumplieran las mismas, por parte del entonces Presidente Uribe.

En estas navidades no tendremos a Francisco Antonio, con su alegría y su jovialidad, su pequeñas hijas no abrirán con él, los regalos del niño Jesús, todos lo extrañaremos y lo lloraremos, él era mi sobrino, hijo de mi querido y admirado hermano, como tía y junto al resto de la familia exigimos justicia, que no solo paguen los autores materiales sino también los intelectuales, y como revolucionaria que siempre he sido, un llamado especial al Defensor del Pueblo y una alerta sobre la necesidad de determinar las causas de fondo que pudieran explicar esta práctica del asesinato de jóvenes inocentes como Francisco Antonio y las circunstancias en que se dieron.

Maria Zambrano.