La suerte de Oscar Pérez (OP) y su grupo estuvo echada desde el 27 de junio de 2017, cuando tuvo la osadía de sobrevolar Caracas a bordo de un helicóptero robado al CICPC, ondear algunas pancartas alusivas a los Artículos 333 y 350 de la Constitución Nacional y –presuntamente- arrojar sobre el TSJ una o varias granadas. A partir de ese instante, y llevando sobre si la sentencia sin juicio que lo convirtió en "terrorista", era solo cuestión de tiempo que la pena de muerte (que no existe en Venezuela) fuese aplicada contra él y su grupo.

El Poder es siempre arrogante, orgulloso, soberbio. Son algunas de sus características. Y un Poder como el Nacional-Estalinista no lo es menos. No podía admitir la afrenta. El ridículo internacional que significó el que un hombre les robara un helicóptero, sobrevolara con él la ciudad de Caracas, asiento de los poderes públicos, ondeara pancartas contrarias al gobierno, convocando a la rebelión y lanzara una granada era demasiada humillación y tenía que ser cobrado de modo ejemplarizante. La respuesta tenía que ser un verdadero escarmiento. ¿Cómo podía tolerar una "Revolución" que dice estar presta a enfrentar una invasión yankee, poseedora de radares y sistemas antiaéreos como los cañones ZU-23, sistemas de misiles Buk-2M, Pechora-2M y el modernísimo S-300VM ruso, que un actor barato de películas de bajo presupuesto humillara de semejante manera al Ejercito Libertador?. A pesar de que esa operación no produjo un solo muerto, ni siquiera un herido, la herida estaba abierta y sangrante en el corazón del orgullo nacional-estalinista del madurismo. "Es un criminal, es un asesino, y le pido la colaboración a todo el pueblo de Venezuela. Si aún se encuentra en territorio nacional, que el pueblo de Venezuela, al identificarlo, lo capture donde esté, a ese terrorista y criminal" sentenció Maduro la noche de ese día. A partir de allí, su suerte estaba echada.

Como si aquella afrenta no hubiese sido suficiente y, -uno se imagina-, consciente de que tras él debían andar todos los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, a OP no se le ocurrió marcharse al exilio. A mediados de diciembre de 2017, en el marco de una cosa que llamó Operación Génesis, su grupo, con él a la cabeza, se atribuyó el asalto al Comando de la GNB en San Pedro de Los Altos del cual admitió haber sustraído 31 fusiles AK-103. Más allá de estas dos acciones "terroristas", el accionar de OP y su grupo no pasó de bravuconerías y unas cuantas pendejadas prepolíticas y medio religiosas en las que ponía de manifiesto su determinación de luchar contra el gobierno de Maduro, cosas que divulgó mediante videos y mensajes que colgó en las redes sociales, especialmente en twitter. No hay que ser demasiado inteligentes para constatar la inocuidad del accionar de este grupo, especialmente si lo comparamos con el daño causado al país por quienes a diario trafican impunemente cientos de litros de gasolina hacia Colombia, y en general por quienes han hecho de la corrupción su modus vivendi. Sin ir muy lejos, recientemente al Coco Sosa, incurso en un grave delito de corrupción contra PDVSA se le condenó a 4 años de casa por cárcel, y deberá pagar solo una multa de 40% del daño patrimonial causado a la empresa Petropiar, guiso en el que fue descubierto. O a Manuel Rosales, a quien se le acusó de enriquecimiento ilícito, se fugó del país, y hoy, prácticamente perdonado por la justicia venezolana, se permite hasta nombrar al nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Ni hablar de quienes se enriquecieron colosalmente a través de guisos como el de Odebrecht, Notas Estructuradas, Cadivi y todo el régimen cambiario, guisos con las plantas eléctricas, guisos con las Plantas Iraníes, etc.

¿Cuántos batallones de soldados movilizaron Hugo Chávez y el MBR-200 el 4 de febrero de 1992? ¿Cuántos carros blindados? ¿Cuántos muertos y heridos produjo aquel Golpe de Estado? (Aunque algunos quieran edulcorarlo con cualquier eufemismo épico, golpe es golpe). ¿Y qué sucedió con Chávez? ¿Acaso fue bombardeado y reducido a escombros el ahora conocido como Cuartel de la Montaña, puesto de Comando de las operaciones que escogió Chávez para dirigir la intentona? Y ¿no fue ante Fiscales, periodistas y sacerdotes como se produjo la entrega de Chávez y con él la rendición de todo el movimiento?. Fue David Morales Bello el único que se atrevió a pedir "¡Muerte a los Golpistas!" aquella mañana en la Sesión Extraordinaria que a tal efecto convocó el Congreso Nacional de la época. Obsta decir, que a partir de allí, quien murió políticamente fue Morales Bello.

¿Quién ha olvidado que en Marzo de 1993, apenas un año después del Golpe del 4 de febrero, un Teniente del Ejército, miembro del MBR-200, Raúl Álvarez Bracamonte, aprovechando su condición de oficial activo, asaltó la armería del regimiento Generalísimo Francisco de Miranda, en el Fuerte Tiuna, la principal plaza militar del país de la que sustrajo un lote de 75 armas entre fusiles FAL , subametralladoras y cualquier cantidad de proyectiles, según sus palabras? ¿Quién olvidó que poco tiempo después Álvarez Bracamonte fue apresado en un apartamento en una operación en la que no hubo un solo disparo, y tiempo después, sobreseído en su causa y reincorporado a la vida política, llegó a ser diputado a la Asamblea Nacional y posteriormente flamante alcalde del Municipio Carlos Arvelo en el Edo. Carabobo?. Y ¿Qué pasó con esas armas? ¿Dónde están? ¿A quién se le acusó de "terrorista" por ese robo y quién fue condenado a morir por esos hechos?? Otros casos en Venezuela que ya otros han citado dan cuenta de que, no siempre se optó como primera y única alternativa la masacre. El caso de las paramilitares de la Finca Daktari en el año 2004, fue un acontecimiento cuyo manejo político y policial fue radicalmente diferente a lo que se ha hecho en El Junquito, a pesar de la indiscutible y muy superior gravedad del asunto.

Fue el inefable George W. Bush quien puso de moda eso de llamar a cada subversión como "terrorismo" cuando a partir de aquel tan memorable como despreciable discurso pronunciado el 21 de septiembre de 2001 ante el Congreso, en el que llamó a la nación gringa a sumirse en una especie de gran cruzada antiterrorista bajo el lema "Quien no está con nosotros, está contra nosotros".

El antiterrorismo de factura gringa, y que como calco y copia ha incorporado el gobierno de Maduro en el tratamiento a sus adversarios políticos, es una operación psicológica, discursiva, ideológica y -qué duda cabe- política, consistente en deshumanizar al adversario, despojándolo de toda cualidad humana, de la que -según ese enfoque- carecen los "terroristas"; a partir allí, la más brutal de las acciones que contra ellos pueda ejercerse está perfectamente justificada, no solo legalmente sino incluso hasta teológicamente. Dios no quiere a los terroristas. Dios rechaza a los terroristas y bendice a quienes los combaten. Los "terroristas" no poseen "derechos humanos", ni a ellos hay ley humana o divina que los proteja. "Con el terrorismo no se negocia. Se le combate" ha dicho el stablishment gringo, y esa doctrina es la que se ha incorporado en Venezuela cada vez que el gobierno califica a sus adversarios como terroristas.

Sea que eso signifique demoler un país y convertirlo en ruinas (Afganistan, Irak, Libia, etc.) o demoler una casa con sus ocupantes armados pero rendidos, pidiendo garantías para su entrega dentro) el calificativo de terrorista parece ser la patente de corso que poseen los gobiernos del mundo para implementar en la actualidad modalidades diversas de, ese sí, Terrorismo de Estado. Cuando la convención de Ginebra se refiere al Honor de los Caídos, se refiere al Honor que merecen los enemigos, que en medio de una confrontación bélica, se rinden. Pero para el gobierno, OP no era un simple enemigo. Oscar Pérez no merecía una consideración de esa naturaleza, él solo era "un terrorista".

Resulta verdaderamente insólito el que un gobierno que aun insiste en autodemoninarse "revolucionario y socialista", utilice el mismo sustrato argumental y las misma lógica inhumana y represiva que pusiera en práctica un gobierno tan criminal como el de George W. Bush.

¿Qué habría sido de Hugo Chávez, si aquella madrugada del 04 de febrero, el gobierno de Carlos Andrés Pérez (ironías de la vida) lo hubiese considerado un "terrorista" con el cual "no se negocia" y hubiese sometido a un bombardeo el Cuartel donde se encontraba y reduciéndolo a escombros, hubiese acabado con la vida de Chávez?. o considerando a cada uno de los insurrectos de ese día como terroristas, los hubiesen pasado por las armas, porque "eran terroristas". Y que sería de la vida de Álvarez Bracamonte si ese día que fue detectado en ese apartamento, hubiese sido considerado un "terrorista" y ejecutado por ello. ¿Qué Oscar Pérez arrojó una o varias granada sobre el TSJ? Gran vaina. Ya olvidaron aquella enorme bomba que arrojó un piloto de unos de los aviones que sobrevoló Caracas alzado contra el gobierno de CAP el 27 de noviembre de 1992 y que cayó en plena Avenida Urdaneta, a pocos metros del Palacio de Miraflores y no llegó a explotar, al igual que no explotó la granada que lanzó Oscar Pérez?. Y no fue la única que lanzaron, por cierto.

La maquinaria propagandística del Nacional-Estalinismo ya se esfuerza denodadamente para justificar la masacre cometida por las Fuerzas Militares/Policiales en el Junquito. Según el discurso oficial, OP y su grupo eran poco menos que una sucursal del Daesh (ISIS) Venezuela, pero igual de sanguinarios y criminales. Ese esfuerzo podrá lograr confundir a más de un incauto. Podrá ofrecerle pseudoargumentos a alguno que otro militante obtuso de esos que piensan que todo lo que hace el gobierno es bueno per sé, o a esos para quien conservar su puesto de trabajo, sus relaciones o ver coronadas sus esperanzas de ser colocado "donde hay" son más importantes que la dignidad y los principios. Pero para la mayoría, y no solo en Venezuela sino en el mundo entero, lo que acaba de cometer el gobierno no es otra cosa que un crimen de Estado, una ejecución extradjudicial, o para decirlo más crudamente, una verdadera masacre sin justificación alguna, y frente a lo cual no caben ambigüedades y argumentos que pretendan atenuar la gravedad de dicho crimen. Una violación no solo flagrante sino por demás brutal de los derechos humanos de un grupo de personas que, habiendo cometido delitos consagrados en la legislación venezolana, habían sido detectados en su escondite, cercados, y sin posibilidad alguna de escapatoria, pidieron garantías para rendirse (un fiscal, un periodista) tal como lo hiciera Chávez en su momento; y la respuesta brutal del gobierno, fue ni más ni menos que demolerles la casa encima a fuerza de plomo y disparos de lanzacohetes.

¿Por qué el gobierno no esperó un poco? ¿Por qué precipitarse y arremeter con cargas de cohetes y disparos de fusil? Eso no nos lo contó nadie, Lo vimos todos, no por los grandes medios de comunicación social, incluidos los del Sistema de Medios Públicos, sino por las Redes Sociales; y frente a la mirada atónita del mundo entero el gobierno nacional se dispuso a masacrar a quienes consideraba sus enemigos ya rendidos y cercados. Nada costaba esperar un poco, unas pocas horas. Agotar todas las posibilidades de reslver la crisis por la vía de la negociación. Más de 120 días duró la toma de la Embajada de Japón en Perú, cuando en 1996, fue ocupada por de un Comando del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) hasta que el gobierno de Fujimori decidió tomar por asalto la embajada y poner fin a la ocupación, no sin antes intentar la negociación y entrega de los ocupantes ilegales a quienes siempre se les calificó como "terroristas". 51 días duró el asedio y cerco establecido por el FBI sobre el Rancho Monte Carmelo, sede en Waco, Texas, de la secta davidiana que se atrincheró allí luego de abrir fuego contra autoridades federales en 1993, antes de decidirse a tomarlo por asalto, no sin antes intentar negociar con sus ocupantes, y muy a pesar de que durante esos 51 días se produjeron tiroteos que dejaron muertos y heridos de lado y lado. ¿Y la toma de la embajada británica en Irán en 1998? La historia policial en el mundo entero, e incluso la de Venezuela, da cuenta de que siempre es posible al menos intentar, una opción no sangrienta para el manejo de este tipo de situaciones. De nuevo no olvidemos el caso de la Finca Daktari.

Nada costaba mostrar un poco de grandeza frente a los vencidos; respetar el honor a los vencidos, en suma nada costaba mostrar un poco de humanidad en el ejercicio del poder. Era ta simple como promover mecanismos de negociación y manejo de crisis de este tipo, para lo cual, los cuerpos policiales venezolanos tienen expertos más que suficientes. Si algo pudo hacerse, fue resolver esa crisis sin derramamiento de sangre alguna. Si algo no hacía falta era la sórdida violencia desplegada irracional y desproporcionadamente y que se ha podido ver en los videos. No estamos hablando de la orientación política-ideológica del grupo de OP. Su presunta condición de "terroristas" prácticamente se cae y no resiste la evaluación de los delitos que cometieron o que se les atribuyen. Pero aún si fuesen eso y más, se trataba, repetimos, de gente acorralada, sin posibilidad de escapatoria alguna, sin posibilidad de causar ningún daño trascendental, que propusieron entregarse para lo cual solo pedían garantías de su vida. La respuesta del gobierno nacional y los resultados también. Y no nos referimos solo al asesinato de OP y su grupo, sino incluso a la muerte de quienes del lado del gobierno se vieron involucrados en la acción. Muertes todas que no debieron ocurrir, que pudieron ser perfectamente evitadas, y que hoy tienen que pesar no solo sobre la conciencia de quienes dieron las órdenes para actuar, sino y sobretodo, pesar como responsabilidad política, administrativa y penal en un juicio.

Si algo faltaba para que quedara en evidencia la naturaleza brutal, tiránica y represiva de este régimen nacional-estalinista, y de los métodos que está dispuesto a utilizar para sostenerse como sea en el ejercicio del poder, la masacre del Junquito no deja ya lugar a dudas. Si fueron capaces de hacer eso ante la mirada atenta y escrutadora del mundo entero, ¿qué no harán y que no se atreverían a hacer a la sombra, cuando no sean vistos por nadie?

En Venezuela no existe la pena de muerte. Y no hay forma de justificar acciones de exterminio, ejecuciones sumarias extrajudiciales, como las que acabamos de presenciar aún y muy a pesar de lo tremendamente lesionado y de la precariedad en que se encuentra nuestro Estado de Derecho. Y no. No cabe insistir en la cantaleta de que se trataba de "terroristas". Quienes por 25 años han celebrado como una gesta épica los acontecimientos del 4 de febrero de 1992 y del 27 de noviembre de ese mismo año, quienes movilizaron tanques, piezas de artillería, aviones de guerra, participaron en sucesos en los que se produjeron centenares de muertes, robaron y asaltaron arsenales, y arrojaron bombas enormes sobre la ciudad de Caracas, sencillamente no tienen derecho, ni razón ni moral para acusar a estos tipos de terroristas por hacer lo mismo, aunque en muchísima menor cuantía. El régimen que hoy gobierna en Venezuela, no tiene absolutamente nada de superior en ningún aspecto al régimen que gobernó Venezuela en la década de los 80 o 90, y en muchos aspectos es verdaderamente peor.

Y aunque fuesen terroristas, y no importando la clase de delito que hubieren cometido, no importa a cuantos hubiesen matado, si ese fuese el caso, -que no lo es-, repito, no existe en Venezuela la pena de muerte como castigo jurídicamente establecido, y en consecuencia, quien la aplica se pone al margen de la ley. Es preciso superar la reflexión típicamente superficial que surge del hastío, del miedo y de la manía persecutoria según la cual todo el que se opone al gobierno es un terrorista que quiere derrocarlo y el cual hay que aniquilar. Es preciso comprender las terribles implicaciones de tolerar una conducta como la que despliegan los órganos de seguridad del Estado cuando aplican la pena de muerte. Las Masacres de Barlovento, de Amazonas y ahora ésta, ponen de manifiesto una práctica que ya es recurrente en el estado y en el gobierno venezolano. Y el Terrorismo de Estado es terriblemente malo sea que lo practique la 4ta República o que lo practique la 5ta; sea que lo practiquen AD y Copei o sea que lo practique el chavismo o el PSUV; sea en la Venezuela actual, en el Chile de Pinochet en Colombia o en los EEU. El terrorismo de Estado es una abominación contra la condición humana y hay que denunciarlo y combatirlo. Esta nueva masacre no puede, no debe quedar impune y mucho menos convertida en una nueva epopeya revolucionaria, porque el asesinato vil, cobarde y ventajista tiene nada de glorioso.