La Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural introduce la terminología propia en el campo de la conservación y la restauración. Y, fundamentalmente, hace énfasis en el carácter científico de las intervenciones sobre los bienes culturales. Sin embargo, su éxito en el ámbito de la conservación dependerá de la interrelación entre el Instituto del Patrimonio Cultural y las comunidades.
El arquitecto Servando Marín Lista, señalo que "las autoridades no conocen los valores que tiene el patrimonio cultural y actúan al margen de lo estético frente a lo ético, a lo cual se añade el desconocimiento total en la materia de las empresas que se contratan para los trabajos. La Casa de Gobierno de la ciudad de Cumaná esta amenazada por falta de una política coherente de intervención. No existe una estructura administrativa que los reconozca y dicte lineamientos generales de actuación. Existen instancias que se encargan de su control y desarrollo, pero carentes de un equipo interdisciplinario suficientemente preparado y consciente de su papel".
Para finalizar, señaló que "el gobernador del Estado Sucre no tiene una consciencia clara del significado y la responsabilidad que implica esta referencia ambiental, cultural, histórica y patrimonial de la Casa de Gobierno. No ve el problema de la conservación del patrimonio cultural inserto dentro del desarrollo sustentable de la ciudad y esto ha traído como consecuencia que se ha verificado una acción parcial sin una planificación coherente y sin involucrar a todos los actores que deberían estar presentes en una solución integral, científicamente programada, con continuidad y proyección".