A 39 años de la masacre de Cantaura, donde fueron asesinados 23 revolucionarios, 6 mujeres y 18 hombres, la impunidad sigue vigente. Los responsables de este crimen aún disfrutan de libertad. Y es que el Estado de la cuarta República, conjuntamente con el gobierno de Luis Herrera, impulsaron maniobras para impedir que actuara la justicia.

La primera audiencia, convocada por el Tribunal Tercero Penal de Primera Instancia de Estadales y Municipales en Función de Control del estado Anzoátegui, extensión El Tigre, emitió la orden de aprehensión de fecha 5 de octubre de 2013 contra los imputados, entre ellos a Remberto Antonio Uzcategui Bruzual, director de la Disip de la época, Luis Beli Guerra, abogado y militar, Ismael Antonio Guzmán, militar retirado, José Domingo López. Posteriormente es imputado Henry López Disco, director de Operaciones de la Disip. Todos por su participación directa en el asesinato con tiros de gracias a los combatientes detenidos.

En su informe la Fiscalía 14 del estado Anzoátegui precisa que en la Masacre de Cantaura participó la Fuerza Aérea, Disip, Ejército, Batallón de Cazadores, todos bajo las órdenes del ministro de la Defensa, General de División, Vicente Luis Narváez Churion, además un oficial general, ocho oficiales superiores, 24 oficiales subalternos, 378 efectivos de tropa y 96 funcionarios de la Disip. El Ejército accionó bajo el mando del General de División, José Murga Cabrices, y comandante del cuerpo Cazadores. Fueron activados el Grupo Aéreo de Bombardeo número 13 con dos aeronaves Camberra, el Grupo Operaciones Especiales número 15 con dos Broncos y dos helicópteros de la Disip. Además de Remberto Uzcategui, actuaron José Domingo Yepes y López Sisco, también el director de la Base Territorial Disip El Tigre, Clemente Eduardo Rojas La Rosa.

Indica el informe de la Fiscalía 14 del estado Anzoátegui que la mayoría de los guerrilleros fueron capturados vivos pero “ la muerte fue por armas de fuego, con disparos detrás hacia adelante y de izquierda a derecha”. Entre las irregularidades se señala que no se levantó el acta del “ encuentro armado”, cómo sucedió, la hora, el lugar ni tiempo de los hechos. El médico Forense, Guillermo Antonio Solano no dejó constancia de los disparos ocurridos contra las víctimas. Todos los 23 cadáveres fueron enterrados en fosas comunes para impedir reconocimiento por parte de familiares, amigos y compañeros de los caídos.

Otra irregularidad fue que el Fiscal del Ministerio Público Militar Luis Belie Guerra ocultó información y actuó de forma parcializada.

Aunque todos los participantes en la “Operación Exterminio” estaban solicitados nunca se logró su detención. La jefa de la División de Información Policial del Distrito Capital del CICPC, Iris Aponte, así lo dio a conocer al tribunal competente. Además se dio aviso a través de Alerta Roja y/o Código Rojo a Interpol Francia acerca de los evadidos y prófugos de la justicia, pero la policía internacional negó su participación alegando el artículo 3 de sus estatutos: “ Está rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervenir en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”. (¿?)

Para concluir con las maniobras en el año 2017 fueron suspendidas ocho audiencias consecutivas. convocadas por el tribunal. Y hasta la fecha...

Estos fueron los hechos ocurridos el 4 de octubre de 1986 y días, meses y años siguientes, todos bajo el manto de las maniobras hasta llegar al grado de impunidad que hoy, 39 años después, envuelve a la Masacre de Cantaura bajo la “ Operación Exterminio”.

Hoy, como todos los años, familiares, amigos y compañeros de los “Mártires de Cantaura”, además de rendir homenaje, exigen castigo para los “héroes de papel” que hoy son prófugos de la justicia y acogidos por gobiernos cómplices que le dieron asilo a violadores de derechos humanos.