A 620 días del inicio de la contingencia en la República Bolivariana de Venezuela producto de la pandemia global de la Covid 19, en un poco más de la mitad de la semana 89 de la misma, y siendo el jueves 25 de noviembre de 2021, esta edición de esta quiero referirme al caso de la periodista de VTV,

Yolisbeth Concha, como parte del seguimiento y evaluación y por la preocupación de como su caso habrá culminado.

Indudablemente muchos seguirán sorprendidos de que aún no me refiera a un análisis post electoral de los resultados de los comicios regionales y municipales del pasado domingo. La respuesta es porque los análisis que se pueden hacer tienen varias aristas, además que falta aún por definir el estado Barinas, más el acopio de la información que estoy haciendo, me obliga a hacer varios análisis de varias entidades federales, y quiero hacerlo lo más aproximado y con sentido crítico de la realidad posible.

Por otra parte, el caso de la periodista Yolisbeth Concha, reportera del canal Venezolana de Televisión, madre de dos pequeños hijos, para un defensor de Derechos Humanos como quien esto escribe me sensibilizó. No lo escribí en las primeras de cambio debido a los múltiples compromisos que tenía para el momento, pero ahora lo hago con la serenidad y a la vez con la firmeza que el caso requiere.

En fecha 8 de noviembre de 2021, la referida periodista grabó un video que fue subido a través de diferentes plataformas tecnológicas y redes sociales digitales, donde explica que, encontrándose en un apartamento de Ciudad Tiuna que venía ocupando desde hace tres meses para el momento en que hizo la grabación, un apartamento con más de cuatro años totalmente desocupado, y que hasta el momento no había tenido dolientes. En el inmueble que describe Yolisbeth, además de ella y sus pequeños hijos, habitaban dos personas más, quienes alegaban poseer los documentos de propiedad del apartamento ocupado por Concha, pero que nunca exhibieron ni tan siquiera un título supletorio ni documento alguno que les acreditase la referida propiedad del inmueble en cuestión.

Lo cierto del caso es que, Yolisbeth señala que se encuentra en un estado de necesidad muy fuerte porque no tiene donde vivir con sus hijos (uno que estudia en el liceo General en Jefe Alberto Mûeller Rojas en tercer año de bachillerato o 9no grado de educación básica), y bueno el drama de la mujer que es madre soltera (no en balde estoy escribiendo está edición del Diario de Cuarentena en medio de la conmemoración del asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana, por parte de los esbirros del dictador de aquel entonces, Rafael Leónidas Trujillo, por lo que en el mundo se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, en honor a las "mariposas", como eran conocidas). Indicó Concha que hay una "comisión" que dice pertenecer al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda, con un funcionario que en una oportunidad entregó un amparo al del CMG del edificio que no la apoya, que es el Comandante Cacique.

Cacique en una oportunidad le prestó colaboración a Yolisbeth, pero en la fecha que ella indica le toco la puerta del apartamento que ella ha venido ocupando con sus pequeños hijos, para informarle que ese apartamento le pertenece a un diplomático que estaba cumpliendo misiones fuera del país.

La difusión del video por parte de Yolisbeth Concha fue una medida previsiva y de protección que ella debió tomar ante la posibilidad de vulneración de sus Derechos Humanos y sus pequeños hijos, cosa que lamentablemente ocurrió. Esto lo explicaré un poco más adelante. Si bien es cierto que nuestro ordenamiento jurídico consagra el derecho a la propiedad, no es menos cierto también que el artículo 2 de nuestro texto constitucional señala que Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho, pero sobre todo de Justicia.

Esto necesariamente me hizo recordar una máxima jurídica de un jurista uruguayo que estudiamos en nuestra carrera como lo es Eduardo Couture, quien señaló en el año 1909 lo siguiente: "Cuando la Ley entra en conflicto con el Derecho; inclínate por el Derecho. Pero cuando el Derecho entra en conflicto con la Justicia, inclínate por la Justicia". Esto está en los mandamientos del abogado que el referente jurista escribió hace más de un siglo.

Pues Concha tiene en su poder una medida de protección por parte del Consejo de Protección por sus hijos pequeños que están en la categoría de niños y adolescentes, por lo que el Estado debe garantizarles protección especial y que protege tanto a ella como a la periodista de este tipo de acosos. Además de ello, su condición de mujer le da la protección de la Ley Orgánica del Derecho de la Mujer a vivir en un mundo libre de violencia.

Lo cierto es que entraron al apartamento ocupado por Concha y cambiaron las cerraduras, sin medir la afectación que no solamente tendría ella, sino sus pequeños hijos. Ya esto de por sí es una vulneración grave a sus más elementales derechos por la sola condición de ser seres humanos.

En el caso de una ocupación que viene dándose de manera pacífica, ininterrumpida y con ánimo de dueño, tendría la ocupante la primera opción para comprar el inmueble, en caso de una negociación con el propietario del mismo. Además, por el tema de los pequeños como ya lo he venido sosteniendo en la presenta columna.

También es importante destacar que producto de la contingencia que vive el país producto de la pandemia global de la Covid 19, el ciudadano Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, promulgó un decreto donde se suspende la práctica de desalojos.

Lo cierto del caso es que, en fecha 11 de noviembre de 2021, la periodista Yolisbeth Concha fue desalojada del apartamento con la llegada de una comisión de la PNB y del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat. Denunció en aquella oportunidad algo extremadamente grave y que me parece un exceso dentro de este procedimiento, como lo es que la hayan separado de sus hijos mientras les calentaba su comida. Esto es algo que no se puede permitir, los excesos y la falta de humanidad dentro de un proceso administrativo o judicial, según sea el caso.

Por eso, como activista y defensor de Derechos Humanos quiero solidarizarme con Yolisbeth Coromoto Concha y sus hijos por este desalojo de un inmueble que venían ocupando pacíficamente. Lo hecho por la PNB y la falta de sensibilidad de los funcionarios del Ministerio de Vivienda y Hábitat me avergüenza sobremanera por su falta de sentido de humanidad y de respeto.

Quiero aclarar que este tipo de errores, aunque minúsculos porque no puedo acusar a la Revolución Bolivariana y a Nicolás Maduro de que tengan eso como política de Estado no puede seguir ocurriendo.

A esos PNB hay que castigarlos como se viene haciendo a los que cometen excesos a nombre de la Revolución. Pero hago la salvedad porque no puedo decir que eso sea una política de Estado de Maduro, más cuando él prohibió los desalojos como ya se ha indicado en la presente columna.

Suponiendo que el apartamento que Yolisbeth ocupaba con sus hijos tenía propietarios, pues lo lógico en este tipo de situaciones es que se entrara en un proceso de negociación para otorgarle un digno apartamento para ella y sus hijos. Era lo menos que podía hacerse en una situación de estado de necesidad como en la que ella se encuentra.

Y es una situación que la comprendo totalmente, puesto que este servidor quien esto escribe está en una situación similar a la de esta periodista guerrera y valiente, salvo que por el momento no tengo pareja ni hijos, pero por lo difícil que es vivir en un sitio que no es tuyo, donde a veces no puedes ni comer y soportar todo tipo de abusos, lo menos que uno aspira es a tener tu propio espacio, un hogar en el que puedas vivir medianamente tranquilo o tranquila junto a la compañía de tus seres queridos.

Por eso, aun dándole la razón a los "legítimos" propietarios del inmueble, esa situación se resolvía, como lo indicaba el Presidente Maduro, dialogando, conversando, y esto porque en nuestro ordenamiento jurídico, el interés de los niños, niñas y adolescentes está por encima porque a nivel internacional son considerados grupos vulnerables.

Pero quien sabe si con este caso vivido por Yolisbeth Concha y sus hijos, no nos hemos topado con poderosos intereses de algunos y algunas dentro de algunas estructuras de la administración pública y del Estado venezolano, que no importa vejar y humillar a seres humanos y grupos vulnerables. Como lo señala el compañero @MambaNegra, en los urbanismos de Fuerte Tiuna hay más de 200 apartamentos totalmente desocupados, y la mayoría según él pertenecen a opositores que los venden o los alquilan.

Es por ello que el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat debería quitarles esos apartamentos a esas mafias inmobiliarias, donde además de civiles podría haber algunos efectivos militares corruptos aprovechándose y lucrándose de esta situación y jugando con la necesidad de nuestro pueblo. Hay que dar esos apartamentos de la Misión Vivienda Venezuela a quienes realmente los necesitan, porque muchos revolucionarios y revolucionarias que apoyamos a cambio de nada a la Revolución Bolivariana y en este caso al Presidente Nicolás Maduro, no tenemos donde vivir.

Ya para ir cerrando, quiero destacar el trabajo político y revolucionario de Yolisbeth Concha, que trasciende más allá de reportar para las pantallas de Venezolana de Televisión. Según lo que pude investigar, esta combativa periodista logró que en VTV se conformaran en Consejo de Trabajadores, que les construyeran una guardería para los hijos e hijas de los trabajadores de dicha planta televisiva, una sala de amamantamiento para las que son madres de bebes recién nacidos y recién nacidas y siempre trabajando en beneficio del colectivo.

Ella tiene más de 16 años tratando de conseguir una vivienda y nunca nadie la escuchó. Si bien los detractores de ella señalarán que lo invadió, y ciertamente la invasión es un delito, pero también hay que ser empáticos y entender la situación desesperada en la que ella se encontraba y encuentra, con dos hijos y madre soltera. Viviendo por muchos años alquilada y después arrimada porque no había cómo pagar un alquiler... Soportando situaciones. Por su trabajo habló con ministros, pasó cartas. Nadie prestó atención.

Y la comprendo totalmente, porque como ya he señalado, vivo una situación similar a ella, salvo que por el momento no tengo compañera ni hijos, pero por lo demás es exactamente igual.

Lo último que supe es que está protegida, le dieron unos días en un hotel mientras, ahora sí, le asignan su vivienda. Esperemos que eso sea así, ya que, desde el 12 de noviembre, es decir hace dos semanas, no se ha informado más del caso de Yolisbeth.

Pero cabrían también una pregunta: ¿Quién responde por la campaña de difamación e injurias levantadas en contra de esta abnegada mujer que la han tildado no sólo de invasora, sino de sinvergüenza y delincuente? ¿No les cabe sanciones a los responsables de esta campaña de odio por la ideología política? ¿Y a los funcionarios públicos y policiales por los excesos y abuso de autoridad ante los procedimientos administrativos y/o judiciales?

Aunque un poco tardío, por ello expresó mi solidaridad a esta hermosa y valiente camarada y a sus pequeños hijos.

¡Bolívar y Chávez Viven! ¡Y sus luchas y la patria que nos legaron siguen!

¡Independencia y Patria Socialista!