Como abusiva y desproporcionada califican los motorizados de la población de Pariaguán, sur del estado Anzoátegui, municipio Francisco de Miranda, la persistente actitud de amedrentamiento a este importante sector del mencionado medio de transporte personal.
Los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, quienes son los que se abrogan atribuciones correspondientes al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, justifican su accionar arrogante, pedante y ciertamente denigrante de la propia condición humana, con absolua discreción. Aquí no prevalece la buena educación, el respeto ni el decoro. Es el abuso de autoridad y punto. "Váyanse a quejar con quien les de la gana", tal es su reprimenda.
El pasado sábado 26 de noviembre, al atardecer, cuando mi hija salió de trabajar de la farmacia donde ella labora, fue abordada por un funcionario de la PNB y obligada a "entregarle" la moto, para lo cual no encontró razones, pues tenía toda la documentación en regla, además de cumplir con los dispostivos mínimos de seguridad. Sin embargo, no bastaron sus razones, ni el apego que tanto ella, como mi hijo y mi persona tenemos ante la ley. La moto le fue confiscada, y ella se vio en la obligación de caminar cuatro kilómetros hasta su casa, de noche. Esto puso en peligro su vida. Además, es madre de un niño pequeño. Sabemos lo que esto significa.
Estos funcionarios abusadores, están cazando a cualquier motorizado incauto para aplicarles este modus operandi. Una vez que la moto llega al "comando" (hay que entender en su amplitud semántica y semiótica lo de "comando"), ocurre cualquier cosa: humillación, bejamen, matraqueo, degradación de la persona y escarnio denigrante, mediante la actitud "sobrada" de estos "policías", que al paraecer jamás aprendieron buenos modales ni respeto a los derechos humanos.
En septiembre de 2018 tuve un accidente de tránsito en la vía Pariaguán-San Diego de Cabrutica. Como no permití que mi vehículo ingresara al "estacionamiento" de tránsito, porque allí les sustraen cauchos, baterías, arranques y demás piezas; el funcionario me obligó a suministrarle tres almuerzos diarios al "comando", durante una semana. ¿Qué ley establece esto? ¿Humillación y actitud alevosa, interesada y extorsionadora de un funcionario del INTT? El funcionario no tuvo ninguna excusa para extorcionarme, porque yo cumplía con toda mi documentación en regla: licencia al día, certificado médico, único dueño del vehículo, triángulo de seguridad, etc. Por tanto, no tuvo razones para una multa, pero si tuvo caprichos para extorsionarme.
Recientemente, un funcionario de la policía municipal de Pariaguán, detuvo y confiscó la motó de un hermano del conocido cantante llanero Alejandro Rondón, a pesar de tener la documentación en regla, y uso del casco protector. Tampoco le valió la defensa de sus derechos, ni de su legitima propiedad: La moto. Esta fue llevada al "comando", donde la desvalijaron. No obstante, Alejandro Rondón y su hermano pusieron la denuncia respectiva ante el CICPC, y se logró recuperar las piezas hurtadas (dos cauchos con rines, tubo de escape y batería, entre otros) en el "comando" de la policía municuipal, porque se las habían colocado a la moto de un policía en funciones.
Podemos señalar otros ejemplos, pero todos conducen al mismo diagnóstico: hay elementos podridos dentro de estos cuerpos policiales que deben brindar seguridad y apoyo al ciudadano, y nunca su amedrentamiento. Los venezolanos hemos sido víctimas persistentes de estos grandes vagabundos, que andan por la calle causando intimidación, sobornos, chantajes y abusos de todo orden, solo porque visten un uniforme que los acredita como "funcionarios".
Mi padrastro, Ramón Villarroel, fue policía (o lo es, porque está jubilado), de la antigua PM, y jamás se conoció que cometiera un acto de violación de la ley ni de abuso de su desempeño. Pero estos policías de hoy carecen de ética, de moral y de honradez; y de menudo se comportan como choros, como vulgares delincuentes. Amén de su arrogancia, su accionar grosero, ofensivo y denigrante. Bueno que sería abrirles un juicio y meterles diez años de cárcel, a ver si como venezolanos entienden que los venezolanos se respetan y nos hacemos respetar por quien sea.
Digamos NO a estos abusadores. NO nos quedemos callados, y denunciémoslos ante los organismos correspondioentes, tal como lo está haciendo mi huija a través de su abogado.
