Como vicepresidente del Consejo Nacional Bolivariano de Derechos Humanos (CONABDH) pero más que eso, como activista de Derechos Humanos en contra de la visión hegemónica de los grandes centros de poder, como creyente de los DDHH genuinos y no como marketing político debo referirme hoy al reciente informe publicado por el Departamento de Estado de EEUU sobre el Delito de Trata de Personas, donde expresamente se refieren a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Ene l día de ayer, 15 de junio de 2023, el Secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, se pronunció en una comparecencia pública ante medios de comunicación de su país e internacionales, y acompañado de Eumelis Moya, esta última es la autora material del Informe Sobre Trata de Personas de esta instancia del gobierno de EEUU. Vale destacar que Moya estuvo acá en Venezuela, y quien sabe que vino hacer acá.

En el referido informe, y según palabras de Blinken y Moya, unas 115.314 personas habrían sido víctimas de este delito transnacional en 2022. En el referido reporte presentado por el Departamento de Estado, se identificó a Cuba, Nicaragua y Venezuela entre los países de la región que "no hacen esfuerzos significativos" para enfrentar este flagelo.

Cualquier persona, independientemente de su sexo e identidad de género, "puede ser objetivo de los traficantes de personas", aseguró el secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, durante la presentación en Washington del Informe sobre Tráfico de Personas (TIP en inglés).

El reporte, que ofrece una visión del estado del tráfico de personas en 188 países y territorios, informó sobre 24.340 víctimas identificadas este año, 15.159 procesos judiciales, 5,577 condenas y 27 leyes nuevas o reformadas relacionadas con la trata.

"El informe de este año muestra que decenas de países están logrando avances significativos en la prevención del tráfico y la protección de los sobrevivientes al enjuiciar a quienes cometen este delito", insistió Blinken.

El reporte de 95 páginas también incluye mapas que ubican a la gran mayoría de países del mundo en niveles de acuerdo a su cumplimiento o no de los estatutos de la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata (TVPA), aprobada en EEUU en 2000 como la legislación rectora en el tema.

El nivel 1 es la clasificación más alta, que indica que un gobierno ha hecho esfuerzos para abordar el problema y cumple con los estándares mínimos de la TVPA. Le siguen en el nivel 2 y su lista de observación las naciones que no cumplen completamente con los estándares mínimos de la ley pero trabajan para adoptar sus principios.

El nivel 3, el más bajo, incluye a una serie de gobiernos que ni cumplen los requisitos mínimos bajo la TVPA ni hacen "esfuerzos significativos" para lograrlo, de acuerdo con la supervisión del Departamento de Estado de EEUU.

Según este informe, sólo cuatro países se incluyen en la categoría más baja: Curazao, Cuba, Nicaragua y Venezuela, estos tres últimos con gobiernos de izquierda que expresan abierto antagonismo hacia Washington.

Llama poderosamente la atención que este informe se haga del conocimiento público, justamente cuando hace pocos días el Presidente de la República Islámica de Irán, Seyeh Ebrahim Raisi visitó Venezuela, Nicaragua y Cuba, países que fueron objeto de esta gira latinoamericana del mandatario y que aparecen en este informe.

Llama poderosamente la atención de que en este informe aparezca Cuba junto a 11 gobiernos con "‘políticas o patrones documentados" de trata en programas oficiales, trabajo forzado en servicios médicos afiliados al gobierno y otros sectores. En este caso se incluye China, Rusia, Irán y Corea del Norte.

De acuerdo a las reglas de la Ley contra el Tráfico de Personas en EEUU, los gobiernos en el nivel 3 pueden estar sujetos a ciertas restricciones en cuanto a asistencia, fondos, préstamos e intercambios, excepto para fines humanitarios y cierta ayuda relacionada con el desarrollo.

En el resto del mundo, resalta también la inclusión en el nivel más bajo de Rusia, China y Corea del Norte, países donde EEUU ha señalado violaciones a los derechos humanos en más de una ocasión.

Entre los principales hallazgos de la versión 2023 del reporte TIP, el secretario Blinken resaltó la puesta en evidencia de "los riesgos que enfrenta un segmento a menudo pasado por alto de víctimas de la trata: niños y hombres jóvenes".

Los niños son sobre todo los más vulnerables. Según un informe reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el porcentaje de menores del sexo masculino identificados como víctimas de trata se quintuplicó entre 2004 y 2020.

"Durante años, ha habido una creencia generalizada, pero incorrecta [de que] la trata afecta exclusivamente a las víctimas mujeres. Esta falsa percepción ha tenido algunas consecuencias francamente devastadoras y tangibles con muchos menos servicios de apoyo normalmente asignados a las víctimas masculinas de la trata", señaló el secretario de Estado.

Blinken resaltó además "la continua expansión del trabajo forzoso", un flagelo que proliferó debido a la pandemia, cuando aumentó la demanda en ciertas industrias y "empleadores explotadores utilizaron una serie de tácticas para aprovecharse de los trabajadores peor pagados y más vulnerables".

Junto a esto, aumentó el "tráfico laboral mediante estafas en línea", que proliferan a medida que crece el acceso a Internet. "La pandemia sobrealimentó esta tendencia: los traficantes aprovechan el desempleo generalizado para reclutar víctimas con ofertas de trabajo falsas y luego las obligan a realizar estafas internacionales", explicó Blinken.

"Los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, todos tenemos que desarrollar recursos para (proteger) todas las poblaciones", señaló el jefe de la diplomacia de EEUU.

En el acto EEUU reconoció a ocho "héroes" de todo el mundo que han trabajado por denunciar y luchar contra la trata, entre ellos Eumelis Moya Goitte, de Venezuela, que documenta desde 2018 situaciones de abuso y la violación de los derechos humanos de los habitantes del estado Bolívar, especialmente en comunidades alejada y grupos vulnerables.

En la región también se resaltó el trabajo de la fiscal Paola Hittscher de Perú, especializada en casos de trata, y la activista Puresa Lopes Loyola, de Brasil.

Del resto del mundo fueron reconocidos por su extraordinario aporte activistas, periodistas y funcionarios de Pakistán, Iraq, Cambodia y Nigeria.

"Los líderes mundiales deben cruzar constantemente las fronteras y las divisiones políticas para no sólo abrazar a aquellos para quienes los asientos en la mesa han sido seleccionados intencionalmente, sino también para invitar y dar cabida a aquellos que siempre han estado ausentes", pidió en representación de los homenajeados la investigadora nigeriana R. Evon Benson-Idahosa.

Luego de estas consideraciones, que nos ponen en contexto, ahora debo expresar lo siguiente.

Tal y como lo expresa el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela en su comunicado de ayer 15 de junio de 2023, el referido informe del Departamento de Estado sobre Trata de Personas no es más que la instrumentalización de un tema sensible con fines políticos, la politización del tema de los Derechos Humanos para atacar al Gobierno Bolivariano y tratar de propiciar un cambio de régimen en Venezuela.

Además de ello, y sin ánimo de criminalizar la protesta constitucional y legítima, pero ya como que se comienza a comprender lo de las acciones de los yukpas en el estado Zulia, que ya estaban generando que pescadores procedieran a cerrar la carretera Falcón-Zulia; y de acciones en Bolívar que condujeron a la detención de dirigentes sindicales.

Reitero, no es con el ánimo de satanizar las luchas de nuestros pueblos ancestrales o por un mejor salario y condiciones laborales, lo cual es válido y constitucional. Pero llama poderosamente la atención que en estos informes del Departamento de Estado de EEUU se refieran a situaciones en el estado Bolívar o se refieran a "grupos vulnerables" (donde los indígenas entran en esa categoría, por cierto).

Experimentos también de manipular las legítimas luchas de los pueblos indígenas se intentaron, por ejemplo con el tema de la Guardia Territorial Pemona en el municipio Gran Sabana en el estado Bolívar, así que esto no es nuevo. Pero de este tema seguramente nos estaremos refiriendo en próximas entregas de esta columna.

Con informes como estos no se busca más que tener el argumento legitimador para mantener las medidas coercitivas unilaterales en contra de nuestro país, cuyo objetivo es causar el máximo daño a nuestro pueblo, además de constituir un incentivo para la migración de personas vulnerables al flagelo de la trata .

Pero además de ello, nos preocupa la suerte de muchos de nuestros connacionales en Estados Unidos, que siendo víctimas de la discriminación institucionalizada en ese país, no reciben la atención y protección debida frente a este deplorable crimen. Realmente es lamentable que la nación estadounidense obvie su responsabilidad, además de descalificar la acción del Gobierno y el Estado venezolano que cumplen cabalmente con sus compromisos en esta materia.

Las acciones del gobierno de Estados Unidos estimulan violaciones flagrantes a los Derechos Humanos en nuestra región, además de pretender erigirse en vigilante de las políticas implementadas por otros países, siendo que este país es el que menos convenios en materia de Derechos Humanos ha suscrito en el planeta.

De ahí que el Derecho Internacional que debemos propugnar debe ser uno solo, construido sobre la base de la igualdad y respeto entre las naciones y no al capricho de un solo país, independientemente de su poderío militar o económico.

Pero como un dato extremadamente importante y que es bueno señalar es el siguiente: La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional de Justicia el 8 de mayo del presente año ha señalado que hasta esa fecha, han confirmado que en Venezuela no se han cometido crímenes de lesa humanidad de acuerdo a lo preceptuado en el Estatuto de Roma, por lo menos en lo que al gobierno de Nicolás Maduro y el Estado Venezolano se refieren. La reciente visita del Fiscal de la CPI, Karim Kahn a Venezuela fue para un Memorándum de Entendimiento entre la Fiscalía de la CPI y el Estado venezolano para prestar asistencia técnica por parte de esa instancia internacional a nuestro sistema de justicia.

Y es en ese sentido, que oportunamente la Cancillería advirtió sobre la instrumentalización de este tipo de temas sensibles, para apuntalar agresiones al país.

Ese detalle más la reciente visita del presidente iraní, y esta reconfiguración del mundo en la geopolítica internacional donde la República Bolivariana de Venezuela juega un papel estelar y de primer orden es el motivo de los actuales ataques del Departamento de Estado gringo y su sesgado informe sobre el delito de trata de personas en lo que se refiere a nuestro país.

Por ello debemos estar con los ojos bien abiertos y muy atentos, porque ese desespero de EEUU y de sus peones de aquí los puede llevar a reconsiderar la activación de la vía violenta para desplazar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La granada recientemente lanzada en la frontera colombo-venezolana por los lados del estado Táchira así lo confirma. De ello nos referiremos en próximas entregas.

¡Bolívar y Chávez viven y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!

¡Independencia y Patria Socialista!

¡Viviremos y Venceremos!