Los jefes que dirigen los cuerpos policiales en Venezuela, cuando se les pregunta sobre la existencia de tanto malandraje en la calle, señalan: que no tienen suficiente personal, que los policías no están bien equipados y que ello sucede porque hace falta presupuesto. Según estos jerarcas el asunto presupuestario es primordial para tener un cuerpo policial eficiente, y al final mencionan que el sistema judicial no colabora en minimizar este flagelo; ahora bien, fíjese como casi nunca estas autoridades hablan de cómo proceden sus subordinados desde que comienzan a efectuar un procedimiento hasta que lo culminan.
Enumeremos algunos pasos que comúnmente se dan cuando la policía agarra a un facineroso. Primero, quienes atrapan al malandro regularmente se ponen de acuerdo con él y al recibir el dinero que tiene encima y algunas otras cosas de valor, lo sueltan. Segundo, el hampón que en contadas ocasiones es llevado a la jefatura, allí se compromete a pasar cierta cantidad de dinero a los jefes policiales, y lo sueltan. Tercero, el truhán ocasionalmente es remitido a la fiscalía, también allí se pone de acuerdo y tras un compromiso de pago es dejado en libertad. Y por último el malhechor llega al juez, la mayoría venales y lo suelta; por lo que es muy escasa la cantidad de delincuentes condenados por actuar contra las personas y/o sus pertenencias.
Todo esto quiere decir que hoy existe mucha lenidad con los delincuentes y sus bandas hamponiles, y tal benevolencia con los malandros hace que éstos proliferen y formen pandillas más numerosas, se organicen mejor y sean cada vez más agresivos; en consecuencia, es la falta de sanción ejemplarizante la razón principal que propicia se cometan más desmanes por parte de los que viven fuera de la ley. Ha sido demostrado en más de una oportunidad que el presupuesto de los cuerpos policiales no es la clave absoluta para resolver el problema de la inseguridad, es más, la delincuencia se incrementa cuando hay más dinero para la compra de motos, carros, camionetas, camiones, helicópteros, aviones, radios, centrales telefónicas, armas, municiones, granadas, bombas de gases irritantes, uniformes, gorras, zapatos, correajes, cartucheras etc., etc., porque en la negociación respectiva siempre actúa el soborno; así como también está presente en lo referente a gastos de personal, alimentación, seguros de vida, H.C.M. y otros desembolsos recurrentes.
Mantener los cuerpos de seguridad del Estado cuesta una inmensa fortuna, y con esa enorme cantidad de dinero los compradores y vendedores pueden hacer grandes negocios; siendo natural que en ellos intervengan los funcionarios especializados en la materia y la gente del sector privado que también son expertos en esas cuestiones. Es fácil comprender que es lo que pasa con el dinero presupuestado para un mayor y mejor resguardo de las personas y sus bienes, y por que la gente siente que vive en la inseguridad más absoluta; he aquí un círculo vicioso que no hay forma de cerrarlo y que pareciera más bien que cada día aumenta de diámetro.
Ciertamente que de seguir utilizando el mismo sistema usado hasta ahora no se va a lograr corregir nada, ello lo que haría es afianzar el caos existente en cuanto a la prestación de un servicio tan esencial como es el resguardo y la seguridad de la ciudadanía. Las autoridades especializadas en seguridad tienen que estudiar nuevos esquemas, nuevas técnicas, tienen que inventar, no pueden continuar copiando ciegamente los procedimientos que se implementan en otras naciones; aquí es necesario examinar y evaluar profundamente la psicología y el elevado ingenio del delincuente venezolano. No es posible que la vida decente y tranquila de los habitantes del país se vaya desvaneciendo porque el demonio del hampa se la lleva al más profundo abismo, no, se debe buscar nuevas alternativas para combatirla, y que el gobierno se dé perfecta cuenta que aquí existe desidia en cuanto a la lucha efectiva y real del hampa; ya está bueno ya, no es posible que el pueblo continúe preguntándose: ¿se hará algo para corregir los despropósitos de las instituciones y de los funcionarios que están obligados a ofrecer seguridad a la población venezolana?
