Si algo ha distinguido a los órganos del Poder Judicial y Fiscalía venezolanos, desde que Chávez reside en Miraflores, es la lentitud con que actúan. Son abundantes los casos que debieron haber llegado a los tribunales y todavía están “engatillados” en los vericuetos de ese escenario kafkiano.
Basta con recordar que el TSJ derogó la decisión según la cual en abril del 2002 no hubo golpe, nadie incurrió en delitos constitucionales y la autoridad competente no ha podido gestionar para castigar a los golpistas. El caso Danilo Anderson, en lo que respecta a la autoría intelectual, parece haber entrado en un laberinto.
Los responsables por la fuga de Carmona, pareciera que nunca existieron. El fugado cometió el delito solo; nunca tuvo cuidadores y estos menos supervisores. La fiscalía ni siquiera ha dicho alguna vez qué pasó en ese caso.
Quienes quemaron el Ávila, sorprendidos en plena faena, grabados y reconocidos, por allí andan repitiendo sus fechorías. Ayer mismo, en la marcha contra la LOE, eso no es difícil imaginarlo, debieron estar intentando traspasar las barreras policiales.
Esto mismo puede uno decir, sin temor a excederse, de aquellos que “manifestaron a favor de la libertad de expresión”, quemando un local de PDVAL, que no es otra cosa que un espacio donde se expenden artículos de la dieta básica a precios generosos.
Quienes casi quebraron la economía venezolana, con la huelga patronal y paro petrolero, andan por allí tranquilos y hasta exhibiéndose en televisión, como si nada; otros gozan de exilio dorado como Manuel Rosales, Carlos Ortega, los dos Fernández y paremos de contar.
Nixon Moreno, amparado por el Nuncio Apostólico y otras altas autoridades de la iglesia católica, gozó de un vergonzoso amparo diplomático, después de intentar abusar de una agente policial y herir gravemente, tanto como dejarlo parapléjico, a otro policía uniformado, allá en la ciudad de Mérida. Este celestinaje hizo que la lentitud o injustificada discreción de los organismos del Estado pasasen desapercibidos.
Esta historia es larga y vergonzosa. Hasta incluye a unos cuantos que se amparan bajo un carnet de periodista, cuando se les señala por la comisión de delitos comunes. Lo que inhibe al ministerio público, al pensar en la avalancha que se le vendría encima.
En los presuntos delitos, desvergonzadamente admitidos públicamente por el señor Zuloaga, las cosas marchan, si no como el cangrejo, con desmedida lentitud, tal si caminasen “como Chencha”.
Cuando aquella señora Perla, sin tomarse el trabajo de cumplir con el deber de identificarse y probar ante las autoridades policiales ejercer la representación de los dueños del lote de automóviles aparentemente acaparados, persistentemente interfirió la actuación policial y hasta manoteo al jefe del Cipc, no se le aplicó la autoridad como era dado. Todavía el caso cursa en los tribunales y Perla, como Zuloaga, se mantienen muellemente en sus conchas.
Pero bastó que Lina Ron, incurriese en el disparate político que todo el mundo ha condenado, empezando por el presidente, para que el Ministerio Público se desentumiese y cayese, “como mosca a la leche”, sobre ella. Y sin titubeos, le acusó de nueve delitos y solicito se le privase de libertad y el juez de la causa, con premura decidió en consecuencia. Es la segunda vez que Lina, bajo el gobierno de Chávez, entra en chirona. Pareciera ser en este país la única paga peo.
Demás está decir, que la actuación de Lina, por la cual está detenida, es condenable. Lo es por lo que afecta derechos de terceros. Además no hay duda, que pudo haber convertido, aunque sea por un instante a los permanentes victimarios y agresores como víctimas y agredidos. También que se hizo merecedora de la condena política presidencial y gestión del Ministerio Público. ¿Pero por qué éste no muestra la misma celeridad en todos los casos?¿Será verdad, como dicen, que allí abundan los predispuestos?
¿A Lina olvidamos y abandonamos a su suerte?
