La rebelión popular del 27 de febrero de 1989 es la demostración más palpable de lo que puede hacer un pueblo indignado por recuperar y hacer posible sus anhelos de libertad, igualdad, justicia social y democracia, conceptos éstos que fueran ignorados, pisoteados y pervertidos por quienes conformaban la clase política del país.
El Caracazo mostró al mundo la total desconexión existente entre el pueblo venezolano y las elites gobernantes, dedicadas éstas últimas más a enriquecerse y a exhibir su poder que en cumplir aunque fuera mínimamente con sus promesas quinquenales, estableciendo, por otra parte, unos patrones de impunidad en relación con hechos de corrupción administrativa que aún persisten y nos afectan por igual a todos los venezolanos, una cuestión que jamás debiéramos olvidar, obligando a todas las instituciones públicas y a quienes las dirigen a ser eficientes ante los reclamos populares, por encima de cualquier consideración político-partidista.
Además de ello, esta insurgencia desarmada y espontánea del pueblo de Venezuela evitó que el entonces presidente Carlos Andrés Pérez aplicara íntegramente el llamado “paquetazo” de medidas económicas de corte neoliberal que le recomendara el Fondo Monetario Internacional, lo cual hubiera desmantelado los haberes del Estado, en este caso, las empresas básicas, incluyendo a PDVSA, sumergiéndonos en mayores niveles de pobreza y de indefensión laboral, beneficiándose exclusivamente el sector empresarial asociado a los capitales transnacionales, especialmente de Estados Unidos.
Éste es un hecho histórico que poco se ha profundizado, ya que muchas de sus causas siguen latentes, siendo una de ellas la conducta despótica y mantuana de los gobernantes y la dirigencia política, llámese de oposición u oficialista, al igual que la indolencia burocrática ante las necesidades de los sectores populares. Al profundizarse su estudio, se podría determinar con un mayor rigor científico sus causas y consecuencias, de manera que venezolanas y venezolanos podamos emprender conjuntamente un mejor camino para nuestro desarrollo individual y colectivo, en términos económicos, políticos, sociales y culturales, en una sociedad de bienestar social y de verdadero pluralismo democrático, donde prive siempre la voluntad popular, más que la de una individualidad o de una parcialidad política de viejo estilo.
Es preciso rescatar y valorar debidamente lo sucedido ese 27 y 28 de febrero de 1989, puesto que es parte de la memoria histórica de las diversas luchas libradas por el pueblo venezolano por vivir en una sociedad igualitaria y justa. No se puede obviar, por cierto, la responsabilidad compartida de los diversos cuerpos de represión del Estado, de quienes avalaron desde el Congreso Nacional la suspensión de las garantías constitucionales, con lo cual se legitimó la masacre de miles de ciudadanos indefensos, algunos en el seno de sus hogares, aplicándoseles la doctrina de seguridad nacional impuesta por Estados Unidos en defensa de una ficción democrática, sin olvidar lo propio respecto a la alta jerarquía de la Iglesia Católica, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial que conocieron de estos asesinatos a mansalva, terminando todo en una impunidad, sin prácticamente ningún culpable, envueltos todos en una red de complicidades. En este sentido, hay una enorme deuda por cobrarle a la justicia venezolana en relación con aquellos sucesos y mucha tela que cortar todavía, en lugar de solo hacer un recordatorio simbólico que no ahonda en cómo fueron acumulándose las condiciones años tras años que desembocaron en este estallido social, generado desde Guarenas y que se extendiera a las principales ciudades venezolanas.-
¡¡¡REBELDE Y REVOLUCIONARIO!!!
¡¡Hasta la Victoria siempre!!
¡¡Luchar hasta vencer!!
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