Febrero 17 de 2016.-Nosotras y nosotros, INTEGRANTES del GRUPO DE TRABAJO SOCIOAMBIENTAL DE LA AMAZONÍA WATANIBA, expresamos nuestra gran preocupación por la actividad minera ilegal que se viene desplegando en el Municipio Manapiare del estado Amazonas, que afecta de manera continua a diversas comunidades de los pueblos indígenas Yabarana, Hoti y Panare y vulnera sus derechos humanos.
Esta situación que se viene desarrollando desde hace varios años ha tenido una incidencia directa en los ecosistemas, debido a la afectación de los ríos y la selva, que es la principal fuente de alimentos de los pueblos indígenas de Amazonas, lo que ocasiona una vulneración de manera directa al derecho al buen vivir y, en particular, al derecho a la salud y la alimentación.
Los movimientos indígenas de la zona, entre ellos la Organización Indígena Yabarana del Parucito OIYAPAM y la Organización Ye´kwana del Alto Ventuari KUYUNU, han denunciado esta situación, sin embargo, a pesar de las acciones que el Estado ha realizado para erradicar esta grave vulneración a los derechos humanos, a la fecha no se ha podido superar la problemática denunciada.
Como consecuencia de las actividades de resistencia y denuncia de los pueblos indígenas han sucedido actos de agresión física contra los habitantes de estas comunidades y sus bienes. En este sentido, hace unos días un grupo de indígenas Yabarana de la Organización OIYAPAM, liderados por el Ex – Alcalde Indígena Benjamín Pérez, fueron agredidos y amenazados por los mineros ilegales. La casa del Benjamín Pérez fue incendiada intencionalmente. Se trata de acciones dolosas de los mineros ilegales que violan los derechos de los pueblos indígenas, especialmente al derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas contemplado en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y en los diferentes instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, ratificados por Venezuela.
Por tales razones:
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Solicitamos a los poderes públicos del Estado venezolano que sigan reforzando las acciones y medidas urgentes y coordinadas, destinadas a controlar la minería ilegal en el Municipio Manapiare del estado Amazonas, especialmente mediante actuaciones de vigilancia y control permanente.
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Instamos a la Fiscalía General de la República que dicte medidas de protección de los líderes de la Organización OIYAPAM amenazados por estos grupos de mineros ilegales, de acuerdo a lo estipulado en la ley.
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Solicitamos a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo que se inicien las investigaciones pertinentes por los hechos denunciados y la sanción a sus responsables.
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Solicitamos que se inicien mesas de trabajo para abordar la situación de la minería ilegal y que afectan de manera grave los derechos humanos de los pueblos indígenas.
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Solicitamos al Consejo Presidencial de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que convoque las mesas de diálogo, para lo cual este Grupo de trabajo Wataniba se pone a disposición para apoyar en las acciones que se estimen pertinentes.
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