El presidente Correa redujo el servicio de la deuda externa de Ecuador con la propuesta de lograr "un país libre de deuda externa ilegítima" porque "lo primero es la vida, después la deuda". Creó la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, cuyo trabajo permitió quitar $ 3000 millones de deuda ilegítima y lograr un ahorro de $7.000 millones, equivalente a 12.8% del PIB. Apoyándose en contundentes hallazgos de la auditoría declaró la moratoria del pago de los intereses de la deuda con indicios de ser ilegítima e ilegal. Con los pelos en la mano, la renegoció obteniendo recursos para financiar la inversión social de la revolución ciudadana. Demostró que si hay voluntad política y desde el Estado se defienden los intereses de la Nación, es posible rescatar los fondos públicos de las garras de los especuladores financieros, empresarios y burócratas corruptos e iniciar la ruptura del círculo perverso de impunidad que da pie a la acumulación mafiosa de capital.
Traemos a colación la experiencia ecuatoriana, porque el presidente Maduro anunció la reestructuración y refinanciamiento de la deuda externa venezolana, en una situación económica que rebasó el límite, por el enorme peso que tiene ésta en las finanzas públicas, y por su política inhumana de priorizar su pago respecto de las importaciones de alimentos, medicinas e insumos destinados al aparato productivo, aun cuando gran parte de la misma procede de la corrupción.
La legitimación o blanqueo de capitales es una operación que hace que fondos de origen ilícito circulen legalmente en el sistema financiero. Si la reestructuración de la deuda se hace en bloque sin una auditoría previa, se estaría legitimando la deuda corrupta procedentes del defalco al patrimonio de las generaciones actuales y futura, cargando sobre sus espaldas los costos e hipotecando su futuro, siguiendo el patrón del "borrón y cuenta nueva" de los gobierno de la cuarta.
Lo lógico sería seguir el ejemplo de Quito. Elegir una comisión con autonomía suficiente y participación ciudadana que audite la deuda externa y con base en sus resultados, declarar la moratoria unilateral para renegociarla exigiendo la reducción de la ilegítima, castigar a los corruptos responsables del fraude y priorizar las necesidades urgentes del pueblo venezolano. Empero, eso sería como "pedirle peras al olmo".
