La posición oficial, desde el MPPE, sobre los textos escolares ha sido diversa. Pero siempre desacertada a mi manera de ver. El Ministro Navarro en su primera gestión suspendió la evaluación de textos escolares y su consecuente aprobación o desaprobación por parte del ente oficial. Este hecho llevó a una completa desregulación del mercado de textos escolares. Las editoriales que dominan el mercado, Santillana y Excelencia, hacen de las suyas con los escolares venezolanos. Tampoco se estableció una política clara en esta materia. Durante la gestión del ministro Izturis se manifestó en varias oportunidades en contra de los textos escolares, se favorecía otros tipos de libros para su uso en la escuela. También en este caso faltó una política oficial clara en la materia y se dejó que las editoriales privadas siguieran actuando a sus anchas. No se estableció una política de producción propia de textos escolares. Por el contrario, incluso gobiernos estadales en manos de gobernadores revolucionarios adquirieron textos producidos por editoriales privadas para ser distribuidos en las escuelas públicas.
Como señalé en otro artículo (ver: http://www.aporrea.org/educacion/a90541.html), el Decreto 567, aprobado en Consejo de Ministros el 17 de junio de 1966, está vigente. Entre otras consideraciones en dicho decreto se declara lo siguiente:
“Que la gratuidad de la enseñanza no se alcanza solamente con la creación de las Escuelas que el Gobierno democrático ha diseminado en todo el país, sino que los alumnos deben disponer además de los elementos indispensables para el aprendizaje;
Que la propia Constitución vigente crea para el Estado la obligación de proveer los medios que hagan posible que el pueblo disfrute de los beneficios de la educación y cumpla con la obligatoriedad establecida para ésta;
Que el Estado debe hacer cada día más extensos los beneficios de la educación y, así como atiende los Comedores Escolares y a otros servicios de asistencia social y defiende la salud de los alumnos de las Escuelas Públicas, debe proveer un sistema de distribución gratuita de textos y material escolar, con el fin de hacer más eficaz la enseñanza, más extensos sus beneficios y menos gravosos para los hogares pobres.”
Complementan este decreto una serie de resoluciones ministeriales sobre textos escolares que siguen vigentes.
Como ya dije más arriba, los textos escolares, después de las y los profesores, son la variable que más influye en la enseñanza que se ofrece en la escuela. Los estudiantes que provienen de los sectores más pobres de nuestra población necesitan de este recurso didáctico como ayuda a su aprendizaje, mucho más que los estudiantes que provienen de los sectores más privilegiados. Esos últimos estudiantes cuentan con muchos otros recursos adicionales en su entorno extra-escolar que los ponen en ventaja frente a los primeros. Por otro lado, los estudiantes de los sectores menos privilegiados no cuentan con los recursos económicos para adquirir los textos escolares comerciales.
Espero que en esta oportunidad se inicie realmente un proceso de producción de textos escolares para el año escolar 2011-2012. Ojalá que no se embarquen nuestros ministros en un desesperado proceso de producción de textos escolares para el actual año escolar. Tal vez el remedio resulte peor que la enfermedad. Porque podríamos terminar produciendo unos textos de pésima calidad, adoptando libros de otros países o comprándole libros a las editoriales que dominan actualmente el mercado. Esas tres opciones son indeseables.
Por último, debo señalar que antes de ponernos a producir textos escolares tenemos que ordenar el currículo. Los textos se hacen como un medio para alcanzar los fines propuestos en el currículo. Sería muy grave que iniciáramos la producción de textos escolares sin realizar los ajustes curriculares necesarios dada la Constitución, el Plan Simón Bolívar: Primer Plan Socialista y la recién aprobada Ley Orgánica de Educación.
Twitter: mosqueraj
