Por estos días de fin de año los apátridas lloran la muerte y reivindican las gestiones gubernamentales de Carlos Andrés Pérez, plagadas como fueron de corrupción, entrega plena a los dictámenes imperiales y de agresión permanente a los derechos fundamentales de nuestro pueblo pobre, a quien no le quedó otra opción que acometer la rebelión popular llamada por algunos como “el caracazo”, sometida a sangre y fuego, cientos de hermanas/hermanos muertos por las balas asesinas de los esbirros de CAP y para deshonra de nuestro ejército, en mala hora, llamado a someter por la violencia desproporcionada y brutal de sus fusiles, a los hijos de Simón Bolívar, nuestro pueblo. Ese genocidio, que aún no es castigado por nuestro sistema de justicia, es hoy reivindicado por la burguesía apátrida y sus profesionales de la vieja política adeca copeyana, en honor a su héroe: Carlos Andrés Pérez. Ironías de nuestra historia patria que desenmascara el verdadero espíritu que mueve a los apátridas oposicionistas.
La Nueva Ley de Universidades, recientemente aprobada por nuestra Asamblea Nacional, es manifiestamente contraria al espíritu y manera de ser y gobernar de los oposicionistas apátridas, de allí su oposición intransigente a esta Ley. Quienes hoy suplican al Camarada Presidente Hugo Chávez, que no promulgue la Ley: “García exhortó al Presidente de la República a no promulgar la ley hasta que se realice una consulta y llamó a concentrarse en la Plaza del Rectorado de la UCV el 31 de diciembre, a las once de la noche, para recibir el año con firmeza en la defensa de la autonomía universitaria…”(Globovisión, 27-12-2010), forman parte de quienes con su acción de gobierno universitario, pervirtieron la autonomía universitaria; convirtiendo nuestras universidades en bastiones de la corrupción, la ausencia de democracia y el autoritarismo profesoral. Y en su defensa, utilizan sus propios vicios para adjudicárselos a su enemigo de clase, representado en la figura del Camarada Presidente Hugo Chávez, el pueblo hecho Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
La vieja universidad cuarta republicana, hoy convertida en bastión del oposicionismo apátrida, fue transformada en centros de negocios basados en el presupuesto público, valga decir, todas/todos los venezolanos permitimos el enriquecimiento de minúsculas minorías profesorales que en base a su pase transitorio por el ejercicio del gobierno universitario hoy ostentan su fortuna sin reclamo alguno por parte de la sociedad, incluso hacen vida política como si nada. Banqueros, dueños de propiedades inmobiliarias, dueños de universidades privadas tanto en nuestra Patria como en Panamá, tascas, restaurantes, empresas de servicios de limpieza, mantenimiento, construcción, entre otros, es la larga lista de negocios que surgieron del Patrimonio Público y del ejercicio del gobierno universitario.
Y qué decir, del negocio de las pruebas de admisión; mecanismo de exclusión de nuestro pueblo pobre, al lado del cual, esa oligarquía que gobierna nuestras universidades creó negocios afines como el de los dictados de cursos para “preparar” al alumno/alumna para la preparación de dicha prueba, hasta llegar a la expresión más banal del delito, como lo es la venta de cupos. En toda una escuela del delito, terminaron convirtiéndose nuestras universidades, creando especies de “paraísos fiscales”, como lo son las llamadas fundaciones, a las que desvían los recursos producidos utilizando los bienes muebles e inmuebles públicos, valga decir, propiedad de todas/todos los venezolanos, privatizando las ganancias. Las fundaciones son la expresión suprema de la corrupción universitaria, ya que se trata de instituciones que no rinden cuenta a nadie y son manejadas como cajas chicas de las autoridades universitarias, sus directivos/directivas terminaban con inmensas fortunas de la noche a la mañana, conocimos el caso de uno de ellos que adquirió una propiedad inmobiliaria cuyo costo actual sobrepasa el millardo de bolívares de los de antes o el millón de BsF, por supuesto, cómo explicar dicha adquisición si apenas semanas atrás fuimos testigos de las protestas de los gremios profesorales por los bajos salarios y el no pago de deudas de años anteriores.
La vieja Ley de Universidades, impuesta con tanques y metrallas por el gobierno del profesor universitario Rafael Caldera, tan defendida por el oposicionismo apátrida; limitaba la gestión del control presupuestario a la Contraloría General de la República y a la Opsu (Art. 22, Numeral 4), ambas instancias gubernamentales que a través de los años demostraron su inoperancia e inefectividad en el cumplimiento de su misión: salvaguardar el patrimonio público. No tenemos referencia histórica de alguna autoridad universitaria sancionada por delitos de salvaguarda. En la vieja Ley de Universidades o Ley Caldera, la comunidad, restringida como era, no se le permitía incumbencia alguna en el ejercicio de control del gasto universitario, todo lo contrario, ay de aquel que se atreviera a denunciar algún hecho de corrupción, la vida imposible se le hacía, hasta alcanzar su despido laboral y si era estudiante, la expulsión era su destino. La imposibilidad de hacer control social y gubernamental, fue creando las condiciones para llegar a la situación actual de total impunidad y de relajo en el manejo de los recursos públicos presupuestarios.
En contraposición, la Nueva Ley de Universidades, recientemente aprobada por nuestra Asamblea Nacional, reivindica la Doctrina del Padre Libertador, Simón Bolívar, de guerra a muerte a la corrupción, para quien la construcción de una gran sociedad, debe reposar en el pilar moral, visto como el poder que permita deslastrarse de las malas costumbres, de los vicios y dependencias del hombre hispanoamericano. Propone Bolívar ante el Congreso Constituyente, reunido en Angostura, un nuevo poder: el Poder Moral que ejercería una autoridad plena e independiente sobre las costumbres públicas y sobre la primera educación, bajo la figura compuesta por dos cámaras: Moral y Educación. Bolívar era un partícipe convencido del control de la sociedad sobre las rentas públicas, decía al respecto: “Todo ciudadano tiene derecho a velar sobre la Hacienda Pública Nacional; su conservación es de interés general. Los que defrauden son declarados enemigos capitales, y en este caso la delación de degradar al que la hace, es una prueba de su ardiente celo por el bien público…”
Para Bolívar, la corrupción se convirtió en una guerra sin cuartel, aumentando así cada vez más la lista de enemigos poderosos de la revolución independentista. La oligarquía explotadora, la iglesia, los burgueses, los políticos y los testaferros de empresas extranjeras, no podían instaurar el imperio de la corrupción mientras Bolívar dirigiese los designios de la Gran Colombia; es por ello, que aprovechan la ausencia del Padre Libertador, en su viaje a Santa Marta, para dar un Golpe de Estado a la Tercera República; para lo cual, se unen en una “Coordinadora Golpista” que la historia conocerá como “La Cosiata”. Mientras Bolívar dirigió los designios de la Gran Colombia, les fue imposible a los corruptos desangrar las finanzas del Estado.
Hasta la pena de muerte tuvo que ser instaurada para detener la ambición desmedida que se instauró en todos los espacios sociales, por una clase dirigente acostumbrada al vicio, al ocio, la vida fácil, la corrupción y la inmoralidad heredada de la colonización española. Así lo decretó Bolívar: “El empleado de la Hacienda Nacional a quien se justificare sumariamente fraude o malversación de los intereses público o resultare alcanzado, se le aplicará irremisiblemente la pena de muerte sin necesidad de más proceso que los informes de los tribunales respectivos…”
La Nueva Ley de Universidades, recientemente aprobada por nuestra Asamblea Nacional, recoge ese espíritu Bolivariano de lucha intransigente contra la corrupción y lo concreta en articulados creando nuevas instancias de participación universitaria y órganos de gobierno universitario, como lo es el Consejo Contralor (Artículo 94): “…es un órgano para la contraloría social que velará por el cumplimiento de los fines, principios, procesos y funciones de la educación universitaria en cada universidad, así como por la administración de sus recursos, patrimonios, bienes y servicios con transparencia, eficiencia, eficacia, honestidad, justa distribución y rendición de cuentas al Estado y al pueblo, en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley, reglamentos y demás actos normativos…”, en el que la comunidad universitaria de estudiantes, trabajadoras/trabajadores docentes, administrativos y obreros, tendrán un papel protagónico: “El Reglamento de órganos de gobierno universitario previsto en la presente Ley, establecerá el número y la proporción en que estará integrado por voceros y voceras de todos los sectores de la comunidad universitaria…” (Artículo 94).
La propia Nueva Ley de Universidades, recientemente aprobada por nuestra Asamblea Nacional, impone como norma de conducta a todas/todos los miembros de la comunidad universitaria una: “Conducta universitaria basada en la ética y la responsabilidad. Las instituciones de educación universitaria exigen a todos y todas los miembros de su comunidad, una conducta honrosa permanente, basada en los principios y valores establecidos en la Constitución de la República, Ley Orgánica de Educación y la presente Ley…”(Artículo 101). Estableciendo sanciones para los/las miembros de su comunidad que se abstengan de regirse por una conducta ética y de responsabilidad ante sus deberes universitarios.
Sin duda, que esta Nueva Ley de Universidades reivindica los valores por los cuales tanto luchó nuestro Padre Libertador, Simón Bolívar; democratizando el ejercicio del Control del Gasto Universitario, dejando esta importantísima responsabilidad en manos de las comunidades universitarias (mayor muestra de Autonomía, imposible), quienes no deben apartarse nunca de una conducta universitaria basada en la ética y la responsabilidad. Será por esto, que los oposicionistas apátridas se muestran tan reacios a que el Camarada Presidente Hugo Chávez le dé el Ejecútese a la Nueva Ley de Universidades, y le ruegan no lo haga; ¡verdugo pidiendo clemencia!
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