Siguiendo en la
línea principista, la nueva Ministra Universitaria redunda en el carácter
profundamente Democrático que debe regir la vida universitaria, no
la falsa democracia que actualmente las regula, sino la verdadera Democracia,
la Participativa, al efecto señala como un principio que debe estar
contenido en el nuevo marco legal: “La democracia participativa
no es un discurso vacío, sino que debe concretarse en los mecanismos
específicos que garanticen que todos los que hacen vida dentro de las
universidades tengan la opción de participar en las decisiones de la
política académica, de política interna, y una de las vías es el
voto y yo diría que no es el único. Nosotros tenemos que garantizar
diferentes mecanismos para que se profundice y, en algunos casos, para
que se cree la democracia participativa…”, en la entrevista profundiza
más en la temática, precisando que: “Creo que el voto debe ser en
igualdad de condiciones. Todavía hay algunos que señalan que debe
ser voto paritario. Es decir, de acuerdo a las proporciones de cada
uno de los sectores. Pero mi posición es que todos tienen derecho al
voto…”, con ello, sale al paso, precisamente, a quienes tienen una
visión corporativa de la institución universitaria y se plantean que
el sistema de votación universitario debe conformarse por sectores,
al estilo Fedecámaras; valga decir, por estancos: a cada sector de
la comunidad se le daría un peso dentro de la totalidad de la votación
general, con lo cual se estaría corporativizando el sistema electoral
universitario, diferenciándolos y propiciando su inequidad, al respecto,
la Sentencia del TSJ, del 11 de agosto de 2010, con Ponencia del Magistrado
Juan José Núñez Calderón que, a estos efectos, se convirtió en
Jurisprudencia, es muy clara al respecto: “el Reglamento que al efecto
se ordena dictar, deberá permitir la participación de todos los individuos
de la comunidad universitaria (profesores -independientemente de su
condición y categoría-, estudiantes, personal administrativo, personal
obrero y egresados) en los procesos de elección y nombramiento de las
autoridades universitarias de la Universidad Centroccidental “Lisandro
Alvarado”, enunciadas en el articulo 34 numeral 3 de la Ley Orgánica
de Educación, e, igualmente, garantizar su participación “plena”
y en “igualdad de condiciones”, como lo ordena esa Ley Orgánica,
razón por la cual, tampoco podrán establecerse diferencias numéricas
del voto profesoral respecto al voto del resto de los integrantes que
conforman la comunidad universitaria, incluyendo el voto estudiantil,
ya que así lo estableció el legislador en ejercicio de su potestad
discrecional, y en virtud de la prevalencia de la Ley Orgánica de Educación
sobre el mandato contenido en la Ley de Universidades y el Reglamento
Ejecutivo de la UCLA. Así se decide.”
Otro principio
que debe contener, indubitablemente la nueva Ley de Universidades es
el del Estado Docente, enunciado en nuestra Constitución: “La educación
es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática,
gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable
y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento
del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio
de la sociedad…” (Artículo 102). La LOE desarrolla este principio
constitucional en los términos siguientes: “El Estado docente es
la expresión rectora del Estado en Educación, en cumplimiento de su
función indeclinable y de máximo interés como derecho humano universal
y deber social fundamental, inalienable, irrenunciable, y como servicio
público que se materializa en las políticas educativas. El Estado
docente se rige por los principios de integralidad, cooperación, solidaridad,
concurrencia y corresponsabilidad. En las instituciones educativas oficiales
el Estado garantiza la idoneidad de los trabajadores y las trabajadoras
de la educación, la infraestructura, la dotación y equipamiento, los
planes, programas, proyectos, actividades y los servicios que aseguren
a todos y todas igualdad de condiciones y oportunidades y la promoción
de la participación protagónica y corresponsable de las familias,
la comunidad educativa y las organizaciones comunitarias, de acuerdo
con los principios que rigen la presente Ley. El Estado asegura el cumplimiento
de estas condiciones en las instituciones educativas privadas autorizadas…”
(Artículo 5). Hemos de suponer que, la nueva Ley de Educación Universitaria
mantendrá este principio, como bien lo ha expresado la nueva Ministra
Universitaria, Yadira Córdova: “el Estado debe definir las prioridades,
y al Ministerio de Educación Universitaria le corresponde que los recursos
se orienten hacia esas prioridades. Si nosotros definimos una prioridad
y no le garantizamos el financiamiento es como si no lo fuese. O al
revés, si le damos el financiamiento a aquellos aspectos que no son
prioritarios aunque en el discurso estemos señalando alguna prioridad.
Ese es el valor político que tiene el financiamiento. El financiamiento
es un instrumento de política pública y debe estar cónsono con aquello
que el Estado está definiendo como prioridad. Eso no significa que
en una Universidad no se puedan establecer otros aspectos que a la institución
le interesa, pero necesariamente debe responder a prioridades que tiene
el Estado…”
Democratización de la vida universitaria, a todos sus niveles: en el ingreso de sus estudiantes, en la elección de sus autoridades, rendición de cuentas o transparencia en el manejo de los recursos públicos, regencia de las políticas educativas por el Estado Docente, pertinencia social de las instituciones universitarias, forman parte de los Principios irrenunciables que deberá contener la nueva Ley que habrá de surgir del debate de ideas que hoy mueve las conciencias de los/las comunidades universitarias y que, esperamos, trascienda el ámbito de las academias y se enclaustre en cada rincón de nuestra Patria, en las fábricas, en los mercados, en los liceos y escuelas, en las iglesias, en las plazas, en los cafetines, en fin, en todos y cada uno de nuestros espacios de convivencia comunal.
No permitamos que el debate se enclaustre como pretenden aquellos que, en pleno diciembre, gritaban a los cuatro vientos que la vetada Ley era inconsulta y fue aprobada de madrugada, pero que, ahora pretenden negar el acceso al debate de las ideas a sus obreros/obreras, empleados/empleadas y estudiantes que disienten de sus posiciones derechistas, No, con la verdad por delante, ganemos a la mayoría de nuestro pueblo para que surja una Ley que reafirme nuestros Principios constitucionales, legales y Revolucionarios.
henryesc@yahoo.es
Caracas, 20 de enero de 2011
