Una de las aberraciones que revela el anacronismo contradictorio de las universidades autónomas, respecto de la esencia democrática del “ser universitario” en su sentido más amplio, es el privilegio que tienen los hijos de profesores, empleados y obreros de acceder al “cupo garantizado” para estudiar en las carreras de su preferencia, sin que necesiten aprobar las llamadas “pruebas internas” ni cumplir con los requisitos exigidos al resto de los estudiantes mortales que no tienen esa condición.
Esta práctica irresponsable impuesta desde un movimiento gremial profesoral de corte corporativista excluyente, validada por las autoridades universitarias en los convenios laborales firmados con las organizaciones sindicales y gremiales, se hizo bajo el amparo de una autonomía mal entendida. Esas universidades pasaron a estar al servicio cuasi exclusivo de quienes laboran en ellas más que al servicio de la nación a la cual se deben y por la cual existen, violando preceptos constitucionales relativos a los derechos humanos, al legitimar una discriminación oprobiosa que recuerda los privilegios transmisibles de la nobleza medioeval y sobre la cual debería pronunciarse el TSJ para corregir ese vergonzoso exabrupto.
Esta es una evidencia más de la necesidad urgente de regular la autonomía universitaria, para que la universidad recobre su sentido originario, se ponga al servicio del país y no de una élite por muy ilustrada que esta se autoproclame. Para que funcione con transparencia administrativa acoplándose al Plan de la Nación y la autonomía deje de ser un burladero de la burocracia corrupta y de las roscas internas que la usan para acumular privilegios.
La nueva Ley de Educación Universitaria debe “dinamitar el claustro” para permitir que todas las universidades se constitucionalicen, para que se actualicen a los nuevos tiempos y se abran al país. Otorgándoles a profesores, estudiantes y trabajadores el derecho a elegir sus autoridades en igualdad de condiciones y en ellas, comience a construirse la democracia participativa y protagónica, respetando la pluralidad de pensamiento pero bajo la supervisión del estado y de la sociedad.
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