¿Que el decreto 3.444 emitido por el gobierno viola leyes? Probablemente. Sí, las leyes burguesas heredadas del puntofijismo, las mismas que sirvieron para explotar a los trabajadores universitarios y gerenciar una estructura burocrática y antidemocrática que sólo ha servido para graduar profesionales que terminan engrosando las listas de desempleados o, en el mejor de los casos, convirtiéndose en gerentes del mismo sistema que los explota.

La Universidad venezolana, como todas las demás instituciones del sistema capitalista aún vigente, es un mecanismo más de reproducción y socialización de la sociedad burguesa, su cultura y sus intereses. Y las leyes existentes, son la base normativa que regula y reglamenta este proceso de dominación.

Dichas leyes ampararon la violación reiterada de los derechos laborales de docentes y trabajadores universitarios durante 40 años de bipartidismo adeco-copeyano; sirvieron para mantener un cerco permanente al presupuesto de las universidades, y fue bajo su majestad, que los gobiernos de la “guanábana” allanaron en reiteradas ocasiones los recintos universitarios, violando la autonomía universitaria. Nos preguntamos, ¿dónde estaban las viudas y viudos del puntofijismo en aquellos momentos? Ahora como plañideras vienen a llorar una autonomía que sólo ha servido para llevar a la Universidad al estado de postración en que se encuentra; indiferente a las necesidades del pueblo y los trabajadores; de espaldas a los cambios revolucionarios que vive el país; rebosante de conservadurismo reaccionario.

Esa particular visión de la autonomía es la que ha permitido que muchos profesores tengan años que no lean un libro, mientras su única actividad “académica” sea dedicarse las 24 horas del día a hacer politiquería para lograr entrar a alguno de los sanedrines del cogobierno universitario. Es la misma que ampara la mediocridad de profesores con 25 años como instructores o el manejo arbitrario y dudoso del presupuesto universitario. Fue la misma tras la cual se ocultaron los miembros del Consejo Universitario y muchos decanos y docentes para tratar de cerrar las universidades durante el criminal paro del 2002 y 2003. ¿Dónde estaba la autonomía cuando doctos “profesores” patearon a los estudiantes tomistas del Consejo Universitario de la UCV en el 2001?

No creemos en una autonomía que sirva para que alguna autoridad actúe discrecionalmente prohibiendo una cartelera en una Facultad o Escuela, argumentando razones políticas, ni para que los profesores en aras de la “libertad de cátedra” llamen a paros contra el pueblo o envenenen la mente de los jóvenes venezolanos. La anterior no es la autonomía que defendemos. En cambio, reivindicamos la Universidad autónoma, libre y democrática. Abierta al debate franco de las ideas. Reivindicamos la autonomía como forma de evitar la interferencia del Estado y de cualquier gobierno en el desarrollo libre del conocimiento, así como de la intromisión mercantilista de transnacionales y empresas privadas. Pero esa autonomía no puede ser una entelequia abstracta alejada de las necesidades y urgencias de las mayorías populares del país, por el contrario, defendemos la autonomía en la medida que esta sirva para que el conocimiento que se desarrolla en las universidades se revierta a la sociedad, para darle respuesta a los principales problemas que hoy padece el pueblo venezolano.

El recientemente emitido decreto que transfiere al Ministerio de Educación Superior, algunas atribuciones del CNU, es de una gran torpeza. El gobierno, a sabiendas de que las universidades del país se han convertido en un reducto de la intelectualidad reaccionaria y conservadora que amparó el golpe de abril de 2002 e intentó sumarse al paro-sabotaje contra PDVSA, busca “recuperar” los recintos universitarios utilizando mecanismos administrativos e inconsultos, pasando por encima de la democracia participativa y protagónica establecida en la Constitución.

La Universidad venezolana pide a gritos una urgente transformación que la ponga a tono con los cambios revolucionarios que vive el país, para lograr esto es necesario abrir un debate amplio entre todos los sectores que componen la comunidad universitaria. La política académica, el presupuesto universitario, la existencia del CNU y la posibilidad de transferir atribuciones al Ministerio de Educación Superior, así como la situación socioeconómica de docentes, estudiantes y trabajadores, deben ser temas a discutir democráticamente. El decreto 3.444 debió someterse a la consideración de las asociaciones de profesores y de empleados, a los sindicatos de trabajadores universitarios y federaciones de centros. Se pudo aprovechar esta oportunidad para abrir un proceso de refundación de la Universidad venezolana y de concreción de Constituyentes universitarias, que propusieran un plan de lucha alrededor de los siguientes temas, a saber:
1. Cumplimiento del gobierno con todos los compromisos socioeconómicos. Pago de las deudas. Discusión inmediata de las Normas de Homologación 2004-2005, que permitan un aumento inmediato de los sueldos y salarios de docentes y trabajadores universitarios.
2. Democratización del ingreso de los bachilleres mediante la eliminación de los mecanismos de selección actualmente existentes, heredados de las políticas clasistas de la IV República.
3. El carácter antidemocrático de las estructuras de las universidades se evidencia en la inoperancia y burocratismo de los organismos de co-gobierno. Es necesario enfrentar esta situación posibilitando la participación democrática de todos los miembros de la comunidad universitaria en la toma de decisiones. En tal sentido, se debe discutir la elección abierta de todos los cargos (Rector, Vicerrectores, Decanos, Directores, etc.), contando con la participación igualitaria de estudiantes, docentes y trabajadores (1X1X1).
4. Producto de ese carácter antidemocrático de la Universidad venezolana, el presupuesto universitario es manejado por un sanedrín a su buen saber y entender. Se impone entonces la necesidad de establecer un manejo transparente del mismo, procurando su contraloría social, mediante un control participativo de los gremios universitarios.
5. La Universidad no puede seguir a espaldas del país. Su actividad académica, la producción de conocimientos y la docencia, deben estar al servicio de los trabajadores y el pueblo venezolano.



*Profesor de la Escuela de Sociología de la UCV y miembro de Opción de Izquierda Revolucionaria (OIR)
miguelaha2003@yahoo.com