La Universidad concederá a los trabajadores que durante el año inmediatamente anterior, a la misma hayan cumplido veinte (20) años de servicios ininterrumpidos a la Institución un Botón de oro, diploma y un paso adicional en el escalafón correspondiente, el cual será efectivo a partir de la fecha de cumplimiento de los veinte (20) años. A los trabajadores que cumplan diez (10) años de servicio, les será entregado un Botón de plata y diploma.
ÚNICO: La Universidad concederá permiso remunerado hasta por un (1) año a un miembro del personal docente de las Instituciones Educacionales que se haga acreedor del premio Beca “Dr. Jesús María Bianco”…” (Acuerdo Resolución entre la UCV y la AEA, 1990).
En otras universidades, el acuerdo no es para nada distinto y los actos conmemorativos se basan en distinciones al personal universitario, tanto obrero como administrativo, por su dedicación y años de servicios prestados a la institución universitaria.
Sirva también, este día, para conmemorar y homenajear aquellas/aquellos luchadores universitarios que, a través de la historia universitaria dieron lo mejor de sí para reivindicar las condiciones de existencia de la clase trabajadora universitaria. Y es que, para las/los trabajadores universitarios no ha sido fácil el logro de sus reivindicaciones fundamentales, a un salario digno; acceso a la seguridad social; el derecho al estudio, tanto a éstos/éstas como a sus descendientes directos; el derecho a la salud, mediante HCM digno a su condición de trabajadores/trabajadoras de la Patria; el derecho a contar con una Contratación Colectiva; entre otros beneficios, que dignifiquen sus condiciones de vida.
No ha sido fácil el logro de tales beneficios, hoy convertidos en derechos laborales de carácter contractual. En la cuarta república, las/los trabajadores universitarios siempre en la calle, en procura de presupuestos dignos que garantizaran el normal funcionamiento de las instituciones universitarias, contra las políticas privatizadoras de los gobiernos de AD y Copei; dejaron mártires que sirva esta fecha para hacer un alto y rendirles un merecido homenaje, tal es el caso de Carlos Yepez y Sergio Rodríguez, quienes ofrendaron sus vidas dando la batalla contra tales políticas, en las puertas de la UCV. En la Quinta República, la Bolivariana, si bien aquellas políticas represivas y dictatoriales de los gobiernos de la llamada güanabana se han convertido en historia del pasado, no es menos cierto que algunos funcionarios/funcionarias gubernamentales han insistido en dar continuidad a las políticas neoliberales y privatizadoras heredadas de la cuarta república, encontrando una obstinada resistencia de la clase trabajadora universitaria, tal es el caso del funesto Tabulador Salarial de Luis Fuenmayor, ex director de Opsu; o la llamada fórmula Opsu para el cálculo de los bonos vacacional y de fin de año, mecanismo expoliador del patrimonio de la familia universitaria; más recientemente, el intento de aplicar un Instructivo para el Cálculo de los Pasivos Laborales, de marcado corte teodorista por parte de Tibisay Hung, desde Opsu.
La lucha por acceder a condiciones de vida dignas, aún no concluye para la clase trabajadora universitarias. La resistencia de las actuales autoridades ministeriales por discutir la nueva Contratación Colectiva Marco para el sector universitario, ha colocado a la dirigencia sindical de las/los trabajadores universitarios en estado de alerta y a las puertas de un nuevo conflicto. De igual manera, esta semana hemos sido testigos de acciones conflictivas por parte de la clase trabajadora universitaria en defensa de sus derechos civiles, su derecho a ser reconocidas/reconocidos como ciudadanos/ciudadanas universitarias con plenitud de derechos. Tal es el caso, del derecho a voto para elección de sus autoridades en las universidades nacionales, derecho consagrado a partir de agosto de 2009, con la promulgación de la novísima Ley Orgánica de Educación que en su artículo 34, establece los preceptos que consagran el Principio de Autonomía de nuestras universidades públicas, en el Numeral 3: “Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los egresados y las egresadas de acuerdo al Reglamento. Se elegirá un consejo contralor conformado por los y las integrantes de la comunidad universitaria…”
La reivindicación de este Derecho Humano, así lo establece la Carta de los Derechos Humanos que comprende la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos , Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y sus dos Protocolos facultativos. En específico, el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS que en su artículo 25 establece que: “Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; Votar y ser elegidos en elecciones…”
Hoy, la lucha por ser reconocidos/reconocidas como ciudadanos/ciudadanas universitarias, con plenitud de derechos; es una lucha contra la exclusión y la discriminación, ambos flagelos prohibidos por nuestra Constitución y demás leyes. La discriminación, conceptualmente, es una conducta sistemáticamente injusta y desigual contra un grupo humano determinado. Discriminar consiste en privarle a un grupo humano de los mismos derechos que disfrutan otros. Para lo cual, los factores políticos discriminantes, las autoridades universitarias (rectores/rectoras, vicerrectores/vicerrectoras, secretarios/secretarias y decanos/decanas) se vienen valiendo del desconocimiento del ordenamiento vigente en la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente, de Sentencias emanadas del máximo tribunal de la República, el TSJ, que le ordenan reformular los Reglamentos Electorales y adecuarlos a la Constitución Bolivariana y a la novísima LOE. Colocándolos/colocándolas como autoridades de regímenes usurpadores, no constitucionales; por ende, sus comunidades definidas –explícitamente- en la LOE, bien pudieran entrar en desobediencia y resistencia, una vez agotados todos los mecanismos que la Constitución les da para hacer valer sus derechos humanos. Como bien lo prescribe el 350 Constitucional: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
Por otro lado, esta situación de desconocimiento de derechos humanos fundamentales para la clase trabajadora universitaria, coloca a las actuales autoridades universitarias (rectores/rectoras, vicerrectores/vicerrectoras, secretarios/secretarias y decanos/decanas), a la par de dictadores de la talla de un Pedro Carmona Estanga y compañía. Para justificar su política de exclusión y discriminación de las/los trabajadores universitarios en el ejercicio de sus derechos políticos, la oligarquía profesoral se manifiesta con absoluto desprecio de trabajadores y trabajadoras en su condición de seres humanos, catalogándolos como personas de tercera categoría: “Los obreros y los empleados de las universidades no forman parte de la comunidad académica de las instituciones, que es lo que se ha dado en llamar comunidad universitaria, pues sus actividades no tienen nada que ver con la docencia, la investigación y la extensión. Es como decir que forman parte de la comunidad deportiva, quienes no practican deporte formal…” (Contradicciones infelices, 23/08/09). Así lo expone también, el “académico” Rómulo Orta: “…tiene que ver con el no entender que la Universidad es una institución académica, y en consecuencia meritocrática, por lo que el ejercicio de la Democracia en instituciones académicas no es igual al ejercicio de la Democracia en instituciones no académicas (…) Lo que no se puede aceptar es la pretensión inconstitucional, politiquera, populista y destructora de que el personal académico sea minoría en los organismos de dirección académica y administrativa de la Universidad…” (Contenido oculto Nº 2, 10/08/09). Esta última expresión delata, en el fondo, la justificación de las autoridades discriminantes y excluyentes, para oponerse al derecho al voto, tanto de obreros/obreras como empleados y empleadas universitarias, todo se reduce al problema de quién conserva el poder de dirigir los destinos y recursos monetarios que el pueblo venezolano destina para el funcionamiento de las instituciones universitarias.
En definitiva, las y los trabajadores universitarios vencerán, el signo de los nuevos tiempos y los cambios institucionales promovidos por la Revolución Bolivariana darán al traste con quienes pretenden mantener nuestras instituciones universitarias en el oscurantismo del medioevo. Felicitaciones a las y los trabajadores universitarios en su día, el futuro les pertenece!!!!
Caracas, 18-03-2012
henryesc@yahoo.es
