La Universidad es una institución histórica, pilar fundamental en el desarrollo de los pueblos. Es escenario, aunque no el único, para la construcción del conocimiento que se convierte en soporte generador de ciencia, tecnología e innovación indispensables para el desarrollo de los planes y proyectos de la nación. El objetivo de lograr que Venezuela sea un país independiente, soberano, potencia económica, socialmente justo y en donde se salvaguarde la vida y el ambiente, exige de universidades de calidad científica lo cual se expresa en la producción sostenida de conocimientos de alto valor social, dinamizadas por una comunidad optimista e inspirada en la ética del trabajo académico y segura que su esfuerzo apuntala los procesos de transformación social.
Sin embargo, las mismas autoridades universitarias han decretado que la universidad está en crisis y en tales circunstancias se han declarado incompetentes para resolverla asignándole al Estado toda la carga de responsabilidad de los males que hoy las aqueja. Estas crisis de cíclicas ya han llegado al estatus de crisis estructural .Los problemas no resueltos y la aparición de otros nuevos se volvieron acumulativos, los gerentes cerraron los canales de su solución y generaron el trastorno estructural que hoy día tenemos, situación que ya no es simplemente disfuncional sino que se aproxima a lo explosivo.
La crisis estructural de la universidad no está limitada al problema presupuestario, eso es lo que han tratado de hacernos creer quienes dirigen la universidad. Si bien es cierto que la necesidad de recursos económicos es permanente, también es verdad que esta crisis coyuntural ha sido alimentada por la crisis gerencial generada por quienes tienen, en algunas universidades como la UCLA más de 15 años dirigiendo la institución. Las autoridades universitarias han actuado en términos beligerantes, nunca han actuado en términos conciliatorios, sus actos siempre han sido calculados esperando resultados acordes con sus posturas partidistas e intereses no institucionales. Es una crisis que amenazadoramente ha penetrado en la esencia misma de la institución, es decir ha afectado los valores inherentes a la ética del trabajo, la mística, la responsabilidad, la pertenencia. Es una crisis que las mismas autoridades se han encargado de hacerla permanente, no dan tregua ni descanso a su obcecado deseo de mantener en tensión a la comunidad. Es una crisis que avanza sigilosamente haciéndose evidente hasta en los procesos más sencillos y menos complejos, como por ejemplo “la dotación de un cartucho de tinta para la impresora”.
¿Y hacia dónde nos conduce esta crisis? Nos conduce hacia el distanciamiento traumático entre el Estado y la universidad, aumentando la brecha ya existente ocasionando que los problemas se agraven; pero también conduce a acentuar la errática actuación de la gerencia universitaria quienes no aceptan que la universidad es una institución pública y debe encontrarse dignamente de alguna forma con el Estado para poder funcionar adecuadamente . La gerencia universitaria juega peligrosamente a profundizar la crisis, de plano no aceptan el nuevo marco constitucional y legal y menos los planes y políticas del gobierno, colocándose en situación de desacato manteniendo a la universidad en permanente clima de conflicto e inestabilidad, contrario al ambiente que debe prevalecer para el trabajo académico. Las autoridades universitarias han jugado con el “clima organizacional”, han logrado deteriorar el optimismo, la voluntad, la mística en el trabajo de los miembros de la comunidad universitaria afectando la ya precaria eficiencia y productividad de la institución.
¿Qué hacer? El marco general y los lineamientos de actuación para la institución universitaria los tenemos muy claros en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de Educación, de manera que es allí donde encontraremos el remedio estructural para una crisis de igual signo. Esta crisis que tiene la dimensión económica, política, social y ética requiere entonces un tratamiento integral, su administración y dosificación debe ser inmediata, de manera tal que el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria debe y tiene que actuar en consecuencia. Es preciso atender las necesidades esencialmente humanas de los universitarios como son el mejoramiento significativo de los salarios y las condiciones laborales, pero también la eficiencia de la asignación y control presupuestario, la transformación curricular, los requerimientos de infraestructura y la edificación de la nueva arquitectura universitaria sobre la base de la verdadera democracia y de un modelo institucional eficiente y socialmente responsable, consustanciada con el destino de nuestras comunidades que es el mismo destino de la universidad.
Salvador Camacho. Profesor Titular. UCLA
scamachocastejon@gmail.com
