Como nota curiosa, a resaltar en el curso de los acontecimientos que se viene dando en el sector universitario, grandes acontecimientos, está el hecho que, una vez, aprobado el acuerdo salarial, el Pdte. de Fetrauve, Carlos López, en su afán de figuración, sale por la ventana de Globovisión anunciando el acuerdo. Recordemos que, fue ese canal televisivo quien le dio cobertura a la lucha de la clase trabajadora universitaria, siendo precisamente Carlos López y, los medios públicos, quienes satanizaban a todos aquellos/aquellas quienes aparecían por esa ventana, tildándolos de güarimberos, golpista y contrarrevolucionarios. Muy en particular, a Eduardo Sánchez, Pdte. de Fetraesuv (en transición a Fetrauniversitarios). Vueltas que da la vida. Y hablando del tema mediático, nuestro reiterado llamado al MINCI, Ernesto Villegas, a levantar el veto que tienen las luchas de las y los trabajadores de la Patria en los medios del Estado. La censura oficial contra la dirigencia que lucha por sus derechos, es incompatible en un Estado de derecho y de justicia, que proclama al Socialismo como su objetivo supremo. En la Democracia Verdadera, como solemos llamar al Socialismo, es inaceptable que, a la clase trabajadora, se le vete en los medios públicos, propiedad de todas y todos los venezolanos. Véanse en el espejo de Globovisión, televisora que les está marcando la pauta en el tratamiento que se debe dar, a las luchas que libran las y los trabajadores.
Temas que deben resolverse en el mediano y cortísimo plazo en el sector universitario, tienen que ver, uno con la Democratización de las universidades y, otro, en dar respuesta a las y los jubilados de las instituciones de educación universitaria. En cuanto a la Democratización de nuestras instituciones universitarias, urge hacer valer el mandato de nuestra Constitución Bolivariana: “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”. (CRBV, art. 6º). Se hace necesario, el pronunciamiento de la Sala Constitucional del TSJ, en lo que concierne a la vigencia plena de la Ley Orgánica de Educación, en particular su artículo 34, Numeral 3, que desarrolla el Principio de Autonomía que rige nuestras instituciones universitarias: “Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los egresados y las egresadas de acuerdo al Reglamento…” Estimamos que, así como en 2009, ese Tribunal de Justicia le dio carácter orgánico a la LOE para que pudiera aprobarse y entrar en vigencia, hoy el TSJ está obligado a dar vigencia plena, su ratificación, a todo el articulado que integra en una sola, la LOE.
Inaudito que, todas las autoridades de nuestras universidades públicas estén “legitimadas” por una orden judicial y no, como manda nuestra Constitución Bolivariana: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la Ley…” La LOE manda que es el pueblo universitario, quien les da legitimidad al mandato de las autoridades universitarias, por ende, su “legitimidad” actual está en entredicho hasta que el TSJ les de curso a las diferentes Sentencias de su Sala Electoral quien, ha ratificado una y otra vez, que la elección de las autoridades universitarias debe hacerse como manda el 34, Numeral 3, de la LOE, voto igualitario de estudiantes, obreros/obreras, empleados/empleadas, profesores/profesoras y egresados/egresadas.
El tema de las y los jubilados universitarios es harto delicado. Recordemos que, la ex directora de Opsu, Tibisay Hung, profesora ucevista; autora del penúltimo incremento salarial recibido por el sector universitario, aplicó una jugarreta que afectó negativamente a este importante subsector de la clase trabajadora universitaria. Así, en el Encarte explicativo de dicho aumento señalaba: “El incremento de la pensión para el personal administrativo jubilado, incapacitado y sobreviviente, es el porcentaje que corresponda al nivel que tenía a la fecha efectiva de la pensión, aplicado al monto percibido al 30.04.2011”, lo mismo aplicaba para el personal obrero; mientras que, para el sector profesoral planteaba: “El monto de las pensiones percibidas por el personal docente jubilado y pensionado se incrementa en 40%, aplicando el porcentaje que corresponda de acuerdo a la categoría académica y tiempo dedicación que tenía a la fecha de la jubilación o pensión”. Encarte Socialista, llamaba la Opsu esa publicación de 2011. Por supuesto que, las y los jubilados universitarios, brincaron en una pata de celebración cuando vieron en sus recibos de pago que recibían un aumento significativo de sus sueldos y salarios, superior incluso al del personal activo. Más no se percataban que, para la asignación de ese incremento, sus Primas se habían integrado al salario y, ahora de hablaba de Pensión de jubilación o sobreviviente. Tibisay Hung, con ello, concretaba una línea política trazada, años atrás, por su mentor político: Luis Fuenmayor Toro. Con ello, separaba activos de jubilados/jubiladas, los diferenciaba, contrariando expresos mandatos de las Normativas Laborales para entonces vigentes, a manera de ejemplo, la cláusula 24 del personal administrativo: “El régimen de jubilaciones y pensiones regirá de acuerdo a la Ley respetando las condiciones existentes, por el PRINCIPIO DE PERMANENCIA DE BENEFICIOS. En ningún caso se podrá desmejorar los beneficios socio-económicos de carácter contractual y legal de los jubilados y pensionados de conformidad al artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Al integrarles el salario, los aumentos que se dieran de allí en adelante se aplicarán, en exclusividad, sobre la pensión, término de moda en Opsu. Las y los jubilados, no recibirían incremento en su Prima Hogar, ni demás Primas que tenían al momento de producirse su jubilación. Valga decir, recibirían aumentos chucutos y, con ello, el Principio de Igualdad se vería vulnerado. Esta sola razón, ha conllevado a la dirigencia clasista de Fetraesuv (en transición a Fetrauniversitarios), Fenasoesv y sindicatos no federados, a plantear en la Mesa de Negociación del Primer Contrato Unificado 2013-2014 del Sector Universitario, la necesidad de discutir esa materia en una Mesa Especial; incluso, el Pdte. de Fetraesuv, Eduardo Sánchez, informó en Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, que él se incorporará a dicha Mesa Especial.
Si hoy se mantuviera el criterio excluyente de Tibisay Hung, ese importante sector de la clase trabajadora universitaria NO recibiría los aumentos en sus Primas de Hogar y otras que hayan estado cobrando al momento de su jubilación y, se les negarían otras que perciben en conjunto con los activos. Por ello, la decisión de la Mesa de Negociación, es tratar el tema la semana que inicia el 17 de junio, a fin de definir nuevos criterios de cálculo del aumento salarial, las Primas y beneficios que recibirán. A tal efecto, es pertinente acotar, que la Normativa Unificada es clara en sus Definiciones, cláusula 1, Numeral 4.4, Beneficiarios: “Este término se refiere al trabajador universitarios directo o indirecto, ordinario o contratado, tercerizado, jubilado, pensionado y sobreviviente…” El objetivo entonces, es restituirles derechos que les fueron conculcando estos últimos años y, en ello, ha estado muy activo, José Luis Useche, en el ámbito de los IUT y CU. Reiteramos al ministro Calzadilla, una aspiración de nuestros jubilados y jubiladas, la salida de ese nefasto personaje del MPPEU.
Ahora bien, será que a Tibisay Hung se le ocurrió esa “mágica” medida de la noche a la mañana. Pues NO. Como buena pupila de Luis Fuenmayor Toro, ex director de la Opsu, en 2011, concretó un paso más en la prosecución de una política que trazó el otrora revolucionario y hoy, ferviente opositor a la Revolución Bolivariana. Esa política, la explica Fuenmayor –ampliamente- en un trabajo de su autoría, hecho público en 2004 y, que tituló: “El Financiamiento Universitario”. En dicho trabajo, después de analizar las diferentes variantes que influyen en el abultado presupuesto de nuestras instituciones universitarias, trae a colación recomendaciones del Banco Mundial (BM), institución financiera a la que prestó servicios en tiempos de Rafael Caldera: “Si nos vamos ahora a las cifras que relacionan el número de empleados y obrero por cada miembro del personal docente, nos encontramos en ambos casos que se excede los valores bases aceptados de un obrero por cada dos profesores y de un empleado por cada tres profesores (OPSU-SEA, 2004). Luego el número de los trabajadores no docentes está regulado por el número de docentes en la relación señalada. Si los docentes están en exceso, los trabajadores de apoyo también lo estarán”. En tiempos previos, al ascenso al poder del Comandante Infinito, Hugo Chávez, entre las recomendaciones tanto del FMI como el BM, para la privatización de las universidades, estaba la reducción de personal administrativo; Fuenmayor, como empleado del BM, era uno de los fieles propulsores de ese mandato, incluso, después de derrotada esa intentona privatizadora de nuestras instituciones universitarias, llegado Chávez al poder político. Fuenmayor, continúa en sus justificaciones: “Si la nómina se redujera a lo que realmente se requiere, las Normas de Homologación o las contrataciones en el marco de una normativa laboral pudieran ser pagadas en sus justos niveles y en forma oportuna, sin dejar deudas en ese respecto”.
Pisa tierra Fuenmayor, en su propuesta para reducir el abultado presupuesto universitario como lo calificaba entonces: “Un último aspecto de los tres más importantes que reseñamos en este documento es el relativo al peso de la masa de dinero que se utiliza para el pago de pensiones y jubilaciones, la cual constituye casi un tercio del pago total de sueldos y salarios y que hace aparecer a los presupuestos universitarios gigantescos, es decir, de una magnitud extremadamente grande para las posibilidades de cualquier país del área geográfica y económica a que pertenecemos. No hay petróleo que sea capaz de resistir las demandas salariales actuales, el pago de las jubilaciones y pensiones, el pago de las prestaciones sociales y sus intereses y las necesidades de cargos nuevos del sector educativo superior”.
Como una pesada carga, así califica Luis Fuenmayor Toro a quienes han dado lo mejor de sus vidas para que nuestras instituciones universitarias sean lo que hoy representan. Para bajar esa pesada cargo al Estado, el entonces director de Opsu, proponía: “Las universidades no pueden continuar teniendo dentro de sus presupuestos los montos correspondientes al pago de jubilados y pensionados. Esto agranda artificialmente el presupuesto de las universidades e impide la reposición de cargos. Lo lógico es que las jubilaciones pasen a ser pagadas para todos los jubilados de la administración pública por fondos especialmente constituidos con ese objetivo y cuyo financiamiento provenga del Estado, de las contribuciones de los trabajadores y de las empresas que los contraten, en nuestro caso de las universidades. No estoy diciendo, y quiero aclararlo muy bien, que la universidad debe desentenderse del pago de sus jubilados y pensionados. La universidad puede incluso seguirlos pagando, pero de unos fondos distintos del presupuesto ordinario de las instituciones, fondos que deben crearse y ser sustentables de manera de dar absoluta seguridad a los jubilados y pensionados de contar con un financiamiento seguro”. (El Financiamiento Universitario, Luis Fuenmayor, Director Opsu, 20-06-2004).
Para lograr tal objetivo, hay que dar un paso importante: segregar a las y los jubilados universitarios de las y los activos. Dividirlos y fragmentarlos. Ese paso lo dio en 2011, la profesora Tibisay Hung, llevándose a pico y porrazos las contrataciones colectivas, para entones vigentes, contando con la complacencia de Fetrauve, Fenastrauv y Fenasinpres, organizaciones sindicales que aplaudieron a rabiar, esa nefasta medida de aumento salarial de mayo 2011.
De lograrse, la desintegración del salario de las y los jubilados universitarios las Primas, y que éstos reciban su aumento salarial no solo en la parte correspondiente al salario sino en sus Primas, se estaría revirtiendo esa política falaz, para el jubilado, pensionado o sobreviviente, trazada en 2004, por Luis Fuenmayor Toro. Con ello, se estaría restableciendo el Estado de Derecho y de Justicia que proclama nuestra Constitución Bolivariana. Esperemos solo que, quienes en el pasado reciente, se alinearan con Tibisay Hung en el impulso a esa nefasta política, rectifiquen y acompañen a la dirigencia clasista y verdaderamente revolucionaria de Fetraesuv, Fenasoesv y sindicatos no federados, en su intención de restituirles derechos y beneficios, conculcados por Tibisay Hung y José Luis Useche a jubilados y jubiladas universitarias…