La cadena de eventos que han llevado a la Universidad Nacional Abierta al estado en que se encuentra hoy en día está marcada por un tema invariable: el no reconocimiento del Gobierno Bolivariano de parte de las autoridades. En el año 2009 pretendieron convocar a unas elecciones desconociendo la Ley Orgánica de Educación promulgada ese mismo año. Ante esta situación, el Presidente de la Asociación de Empleados Administrativos y el Presidente del Sindicato de Obreros acudieron ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo exigiendo la paralización de las lecciones hasta tanto no se les reconociera el derecho al voto de los trabajadores administrativos y obreros consagrado en dicha ley. La mencionada sala sancionó a favor de los gremios y ordenó la paralización de las elecciones. También ordenó que las autoridades todavía en ejercicio continuaran en sus funciones hasta que se convocara a nuevas elecciones ajustadas a lo que ordena la Ley Orgánica de Educación en esa materia.
Durante su gestión, tanto para el período que fueron electos como en los años siguientes, estas autoridades se han caracterizado por actuar de espaldas a las políticas públicas en educación universitaria y en otros ámbitos. Pero no solo eso, sino que como autoridades han actuado intentando desconocer siempre al MPPEU y a la OPSU. Todos los procedimientos los llevan adelante contrariando los lineamientos emanados de estos entes públicos. Tratando siempre de desconocer al Ejecutivo Nacional. No es por casualidad que el Consejo Superior de la UNA ha improbado las Memorias y Cuentas de los últimos tres años. Las autoridades de la UNA se niegan a estructurar el presupuesto según las políticas del MPPEU. Por ejemplo, no solicitan presupuesto para el proyecto sobre municipalización y territorialización de la educación universitaria. No apoyan las misiones educativas y tampoco se incorporan a las comisiones y tareas a las que son invitados por el MPPEU.
Esta semana han profundizado su desconocimiento del Gobierno Bolivariano. En franco reto al Ejecutivo Nacional, desconociendo la autoridad del Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, el Consejo Directivo de la UNA procedió a designar ilegalmente al Vicerrector Académico como Rector encargado provisional. Esta designación viola el Reglamento de la Universidad Nacional Abierta, la Ley de Universidades y un dictamen de la Sala Electoral del Tribunal Supremo.
Las acciones de las autoridades de la UNA, secundadas por dos juntas directivas ilegítimas (la de Profesores y la de los Empleados Administrativos), forman parte del plan de la oposición de producir un caos antes de las elecciones municipales del diciembre próximo. Aquí se plantan cual militares en Altamira o empleados traidores de PDVSA en tiempos del paro petrolero, no reconocen al Gobierno Bolivariano y toman la universidad por asalto. El que tenga ojos que vea.
