El reciente audio hecho público (http://www.aporrea.org/oposicion/n247571.html) entre el presidente de la FCU-UCV, Juan Requesens y otra persona, deja al desnudo las verdaderas motivaciones de cierta dirigencia estudiantil de derecha, 50 mil Bs es el costo de la movilización de esa dirigencia entre universidades autónomas y privadas para causar en ellas destrozos y perturbación del orden público; de lo cual, Requesens entrega una pírrica parte a los mercenarios bajo su mando. Al buen estilo gringo, han privatizado las protestas “estudiantiles” y, han convertido a cierto movimiento estudiantil en verdaderos mercenarios de Voluntad Popular, partido fascista en que ha concentrado los recursos recogidos entre la burguesía parasitaria y los dólares que, la Embajada de EEUU, facilita a manos llenas para el derrocamiento del Gobierno legítimo del Presidente Nicolás Maduro.

  El Pueblo venezolano, se mantiene –mayoritariamente- en respaldo de su Presidente Nicolás Maduro, asimismo, al lado de su Fuerza Armada Nacional Bolivariana y, muy en especial, su Guardia Nacional quien, en sus soldados asesinados por las hordas fascistas, ha visto consolidar su unión estrecha con el Pueblo. Fuerza Armada, Gobierno y Pueblo, constituyen una sola fuerza como nunca antes lo fueron. Esa unidad consolidada, es invencible y así debe haberlo percibido el imperio de EEUU, quien a fin de cuentas, es  quien dirige esa maquinaria de muerte, odio y barbarie que se ha lanzado contra la Patria de Bolívar y Chávez.

  Cortazar decía que las palabras, de tanto mal usarlas se gastaban, relataba que, en plena Alemania nazi, Hitler hablaba de la “defensa de la cultura” mientras quemaba cientos de miles de libros; acá en la Patria de Bolívar y Chávez, los neofascistas hablan de los DDHH en tanto ya llevan en su cuenta, desde el pasado 12 de febrero, 29 muertos y 365 heridos, mientras los costos en pérdidas por daños causados a instituciones públicas (universidades, vehículos, transformadores de electricidad, cdi, edificaciones públicas, entre otras) han sido estimados por el Ejecutivo Nacional, en unos 10 mil millones de dólares. Quizás, el hecho más resaltante que refleja su vinculación histórica con el nazifascismo, sea la quema de la UNEFA en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira. Razón tiene, el Presidente Maduro, al expresar que, refiriéndose al dictador Juan Vicente Gómez, quien en sus tiempos de férrea dictadura cerró en varias oportunidades la UCV, en su sede de San Francisco, “pero jamás se le ocurrió quemar una universidad”. Con esta acción del fascismo de Voluntad Popular y sus aliados de la MUD, se afecta en su Derecho Humano al Estudio a 5.600 estudiantes que venían formándose en esa prestigiosa universidad pública. Quemaron la biblioteca, sus libros, las aulas de clases, los buses de transporte de la muchachada estudiantil, la sala de computación, los archivos de registro de vida de las y los estudiantes; un ataque de tal brutalidad que, la quema de los cientos de miles de libros por las hordas hitleranas, se ha quedado como un acto de niños en comparación con esa actuación de las bandas fascistas de Leopoldo López, María Corina Machado, Daniel Ceballos y CIA.

  Tan criminal como lo es, la quema de una universidad, también lo es, la política de flexibilización de clases y, no realización de evaluaciones ni toma de asistencias; esa línea política, ha sido asumida por los partidos organizados en la AVERU (universidades autónomas). Con ello, pretenden liberar al estudiante de sus obligaciones académicas e incentivarlo a que se sume a las protestas “pacíficas”. No obstante, la participación estudiantil en las llamadas “protestas pacíficas” han venido de más a menos, razón por la cual, su papel lo han venido asumiendo los mercenarios que cobran por sus servicios prestados entre 2 y 5 mil Bs, por jornada de protesta. Este sería el segundo año consecutivo que, las y los estudiantes de las universidades autónomas, perdieran su semestre; ya en 2013, con motivo del paro golpista de la FAPUV, se vieron afectados por la medida de paralización de actividades asumida por esa organización política de derecha. Importante considerar que, una de las razones por las cuales las y los políticos de la academia se han incorporado a esta aventura golpista, tiene que ver con que, consideran al Presidente Nicolás Maduro como “ilegítimo”. Incluso, en su último pronunciamiento, la AVERU se atreve a exigir: “que se proceda a la designación, conforme a la Constitución y con la participación de todos los sectores, de los magistrados del TSJ, de los Rectores del CNE, en los casos de períodos vencidos, y de los titulares de los órganos del Poder Ciudadano. Que exista plena garantía para el ejercicio de la libertad de expresión y en particular, la garantía de pluralismo en todos los medios de comunicación”. (http://ucvnoticias.ucv.ve/?p=25723&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter). Olvidan que, esa dirigencia opositora, tiene entre 2 y 3 años de sus períodos rectorales y decanales vencidos, y si aún se mantienen como autoridades universitarias es, por la potestad que les ha otorgado el TSJ al designarlas como autoridades encargadas, hasta que se realicen los procesos electorales en el nuevo marco legal establecido con la aprobación de la Ley Orgánica de Educación, para lo cual se requiere que, acondicionen sus reglamentos electorales a lo allí establecido en su artículo 34, Numeral 3: “Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los egresados y las egresadas de acuerdo al Reglamento”.

  La Constitución Bolivariana es tajante: “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”. (Art. 6, CRBV). Mal puede seguirse manteniendo en nuestras universidades autónomas, un sistema de elección de sus autoridades sustentado en minorías “ilustradas”, quienes reunidas en claustro serían quienes decidirían quienes son las autoridades que han de regir la vida de las mayorías universitarias. Nada que ver con el mandato constitucional de entidades políticas democráticas y participativas. Importante considerar la declaración del ex presidente de la Comisión Electoral de la UCV, docente Tony Chacón: “El presidente de la comisión electoral de la UCV, Tony Chacón, explica que al establecer la paridad de voto entre los integrantes de la comunidad universitaria e incluir en dicho grupo al personal obrero y administrativo, el artículo 39 de la norma cambió radicalmente el padrón electoral de esa casa de estudios.  "Ellos hablan de que la votación será igual para todos. Si es así tendrían que votar: Todos los egresados, que son 160 mil en cincuenta años; los estudiantes, que están alrededor de 43 mil 700; los profesores, que entre jubilados y activos llegan a 5 mil 200; y la población de obreros, que entre contratados y fijos suma 10 mil", detalló”. ( http://www.eluniversal.com/2009/08/25/pol_art_estudiantes-y-egresa_1537585). Manifestando su preocupación el docente Chacón: “Quienes aspiren a ganar las próximas elecciones de autoridades en la Universidad Central de Venezuela (UCV), tendrán que dedicarse -con especial ahínco- a convencer a egresados y estudiantes de que les den su voto, pues son estos grupos los que depositarán el mayor número de papeletas, ahora que fue aprobada la Ley Orgánica de Educación (LOE)”. (El Universal, 25-08-2009). Compárese ese universo electoral, con el número de votos con el que fue electa rectora Cecilia García Arocha: 2.681 votos.

  En total, se trata de ocho universidades públicas que se encuentran sus autoridades en mora electoral, “legitimadas” por el Poder Judicial, el cual consideran “ilegítimo” y reclaman su designación. Diversas propuestas, han venido surgiendo ante las reiteradas negativas de las autoridades universitarias agrupadas en la AVERU, a revisar los Reglamentos Electorales y adecuarlos al 34.3 LOE. Algunos plantean, que sea el MPPEU quien se avoque a la realización del Reglamento y sea aprobado mediante Decreto Presidencial, en el marco de la Ley Habilitante y –de inmediato- se convoque a los procesos electorales correspondientes. Otra vía, bien podría emanar del Poder Electoral quien, entre sus atribuciones tiene la de “Reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que éstas susciten o contengan” (CRBV, Art. 293, Numeral 1). El TSJ a través de su Sala Constitucional, también tiene facultades Constitucionales  que obligan a dichas autoridades a cumplir el mandato de la Ley: “Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, estadal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o las haya dictado en forma incompleta; y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección”. (Art. 336, Numeral 7). Por último, la Asamblea Nacional en uso de sus facultades Constitucionales Legislativas, bien podría aprobar una Ley de Procesos Electorales en las Universidades Autónomas Públicas, o en su defecto, una iniciativa legislativa popular. Posibilidades muchas, convencimiento de la necesidad de Democratizar las universidades autónomas, pareciera no haber mucho. De allí, la imperiosa necesidad de incentivar un poderoso movimiento nacional por la DEMOCRATIZACIÓN DE NUESTRAS UNIVERSIDADES AUTONOMAS PÚBLICAS. La única forma de desactivar las güarimbas universitarias para siempre, es Activarnos por el 34.3  LOE Ya!!!!!