Uno de los logros más importantes del proceso bolivariano ha sido la inclusión educativa. La expansión de la matrícula universitaria hasta alcanzar 2 millones 400 mil estudiantes, se logró en base a la ampliación de la oferta académica, la creación de nuevas instituciones como la UBV y las nuevas universidades de la Misión Alma Mater, la ampliación y transformación de algunas existentes, como el caso de la UNEFA y la municipalización vía la Misión Sucre.
Otro elemento coadyuvante al proceso inclusivo fue la eliminación de la Prueba de Aptitud Académica, la creación de 64 Programas Nacionales de Formación, la masificación de los programas de becas, el mejoramiento de la infraestructura y la facilitación del acceso a indígenas, personas con discapacidad y personas privadas de libertad. Igual de importante han sido los avances en cuanto a la democratización de las relaciones laborales con los trabajadores universitarios. Hoy por hoy, Venezuela puntea las estadísticas internacionales en materia de cobertura educativa a nivel universitario.
Este proceso ha modelado un mapa dual en la educación universitaria: de un lado se encuentra el conjunto de instituciones alineadas con las políticas de inclusión educativa responsables por el crecimiento de los últimos años; del otro, un sector minoritario pero con enormes presupuestos que reúne a las “universidades tradicionales” públicas junto al homogéneo grupo de instituciones privadas. Este último sector ha permanecido apertrechado en su dinámica cuartorrepublicana, aprovechando cada oportunidad para movilizarse en un solo bloque, en contra del proceso de inclusión social. Para ello se han aprovechado de la ausencia de una política dirigida a estos sectores durante los últimos 15 años. Salvo algunos esporádicos llamados a controlar la violencia interna, a rendir cuentas de su gestión o exigir un exiguo 30% de cupos para ser asignados vía OPSU, el Gobierno ha permitido que estas instituciones constituyan un mundo aparte y hostil.
Las autoridades de estas instituciones en clara violación a la ley, han hecho lo que les ha dado su real gana: apoyaron descaradamente el golpe de Carmona y se pusieron a su servicio, paralizan las actividades para contribuir a generar tensión social, hostigan a los docentes y estudiantes revolucionarios, trafican con los cupos, usan a estudiantes como fuerza de choque, luego de ser entrenados en las técnicas del golpe blando de Otpor en Israel y Europa Oriental; prestan el campus universitario para guardar armas y entrenar paramilitares y se perpetúan varios años en el poder, en claro desacato a las sentencias del TSJ que exigen la participación electoral de los trabajadores y estudiantes de acuerdo a la nueva Ley Orgánica de Educación.
La faceta más nociva de la política oficial del avestruz hacia estas instituciones, lo constituye la exacerbación de su rol ideológico como formadora de esa mentalidad francamente reaccionaria y antinacional de los jóvenes de la llamada “clase media”. Autoridades, docentes y currículos diseñados de espaldas a las necesidades de nuestro pueblo, han servido para incubar toda una generación de “manitos blancas”, que hoy vuelcan su odio contra todo lo que huela a justicia social, paz, igualdad, revolución o socialismo.
Es tarde para las lamentaciones, pero hay que salir del sopor y de la parálisis y devolver estas instituciones al pueblo, comenzando por pedirle al TSJ que actúe igual que con los Alcaldes guarimberos y declare el desacato de las autoridades universitarias que ha incumplido con sus obligaciones. Aún hay tiempo también, para movilizar las fuerzas democráticas estudiantiles y de los trabajadores universitarios y recuperar, de las manos del fascismo, el verdadero sentido de la autonomía y su rol en el aporte educativo, cultural y científico, que deben prestar las instituciones universitarias en la elevación de la calidad de vida del pueblo venezolano y en el mantenimiento de sus tradiciones y valores libertarios.
Sigamos el ejemplo combativo que en su momento nos mostrara el Rector Amigo, Jesús María Bianco.
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