EL PROCESO Nº 10

CON SU CARACTERÍSTICO ESTILO MEDIATICO, LA RECTORA DE LA UC PRETENDE ELUDIR UNA SANCIÓN LEGAL APLICADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Ya es un hecho, la profesora María Luisa de Maldonado, Rectora de la UC, ha sido suspendida de su cargo por seis meses junto con otros funcionarios y ex funcionarios como consecuencia de haber cometido un acto administrativo irregular, la compra de vehículos usados sin previa licitación. Una situación como esta, ni es la primera vez que ocurre, ni será la última. Alguien comete un hecho irregular y es objeto de una sanción por un Poder Nacional, pudiendo hacer uso de los medios y recursos legales establecidos para su defensa. Eso es lo que racionalmente haría una persona al verse involucrada en un problema de esta índole. Así lo estamos viendo en el caso de los involucrados en el CAAEZ, por ejemplo; unas personas que se encuentran en imputadas pero ejercen su derecho a la defensa ante los organismos jurisdiccionales. Junto con la Rectora igualmente han sido objeto de sanción otros funcionarios que ocupan cargos importantes, como es el caso de los decanos de Ciencias de la Educación y Ciencias Económicas y Sociales, quienes igualmente están suspendidos por seis meses y también pueden hacer uso de los recursos legales pertinentes en su defensa. Las sanciones incluyen, además, multas y suspensión de los sueldos. Esta es la situación objetiva, pero lo que llama la atención es la manipulación mediática que desarrollan la Rectora y su esposo, el Ex Rector Ricardo Maldonado, ante los hechos ocurridos.

¿LA PUNTA DEL TÉMPANO? Se podría decir que la cosa reventó por la vertiente más visible, es decir, por lo que fácilmente podía derivarse de la muy simple y elemental revisión de unos papeles existentes y con características de pruebas inobjetables, papeles tales como actas, recibos y órdenes de compra. Fundamentándose en estas pruebas, el Poder Público encargado de velar por el uso correcto de los recursos del Estado, es decir, la Contraloría General de la República, aplicó la correspondiente sanción. Ahora bien, más allá del hecho fehacientemente comprobado, es notoria la existencia de un cúmulo de rumores y comentarios referidos a un conjunto de presuntas irregularidades ocurridas en el ámbito universitario, presuntas irregularidades que al menos deberían ser objeto de una profunda investigación en vista de la existencia de una situación como la que determinó las sanciones. Pudiera preguntarse alguien acerca de ¿por qué tanta suspicacia?, y aquí cabría una necesaria respuesta, “el mordido de culebra cuando ve un bejuco brinca”. Recordemos también que cuando un témpano de hielo asoma la punta, la masa que queda bajo el agua es nueve veces más grande, y recordemos también que el Titanic se hundió porque chocó con uno de estos témpanos.

“OTROS TIENEN LA CULPA”. Bien, está claro que la Rectora ha sido objeto de una sanción legal, sanción de la cual la única culpable es ella. Pero, ah cosas características de un estilo peculiar de enfocar las realidades de la vida, según el ex rector Ricardo Maldonado, esposo de la actual rectora, y según también el decano de FACE, Juan Macías, la culpa de la sanción no es de la señora que cometió la irregularidad años atrás, sino del representante del Ministerio de Educación en el Consejo Universitario, profesor Armando Álvarez, y del también profesor Lewis Lamus, de FACE, como lo anuncian a “full primera página” en un tabloide escuálido de la región, “Denuncian ex rector Ricardo Maldonado y el decano Macías: Profesores Alvarez y Lamos (sic) tramaron maniobra contra la rectora de la UC”. Tan peregrina afirmación, no es más que una manipulación mediática dirigida a dramatizar y politizar una situación bastante simple y común, donde unos personeros son sancionados como consecuencia de una acción por ellos cometida. Realmente, no nos explicamos en que forma pudieron “maniobrar” los profesores acusados por Maldonado y Macías cuando las sanciones las impuso un organismo superior, pero ese recurso de echarle la culpa a otros también es muy común entre quienes carecen de argumentos válidos y serios para enfrentar situaciones adversas.

LA MANOSEADA “AUTONOMÍA UNIVERSITARIA” Y LA PARANOIA DE LA INTERVENCIÓN. No podía faltar el tan trajinado alegato de la etérea y cuasi-intocable “autonomía universitaria”, argumento sempiternamente utilizado por las individualidades y los sectores detentadores del poder en las casas de estudios superiores cada vez que se encuentran en dificultades. En el caso de las actuales sanciones ya los afectados y quienes les apoyan han comenzado a manipular el tema: “sancionar a la rectora por una irregularidad es una violación a la autonomía”, con un estilo muy parecido a las tergiversaciones mediáticas, “sancionar a un periodista por un hacho punible es una violación a la libertad de expresión”, bueno, si casi hasta podríamos encontrar algunas semejanzas entre la SIP y la Asociación de Rectores. Lo lamentable es que la autonomía universitaria, elevada a Rango Constitucional por la Revolución Bolivariana, sea utilizada como una especie de patente de corso por algunos sectores del poder universitario. Simultáneamente con la “tesis” de la violación a la autonomía suelen manejar otro fantasma, “la intervención” por parte del Gobierno Bolivariano, olvidando que la Revolución ha respetado en todo momento a las universidades, y que quienes sí agredieron a estas instituciones fueron los regímenes adecos, copeyanos y proyectosalistas, con saldos de muertos y heridos, es más, el mismo rector Maldonado solicitó en 1995 la entrada de la policía de Salas Romer al rectorado para sacar a un grupo de bachilleres sin cupo.

¿SUPRALEGALIDAD, SUPRACONSTITUCIONALIDAD? El cuadro relacionado con la rectora sancionada, analizado comparativamente con otras situaciones parecidas, nos lleva a pensar que hay quienes parecieran sentirse impregnados de una especie de “aureola” de supralegalidad e incluso de supraconstitucionalidad. Tal “aureola” aparenta ser algo semejante a una epidemia que aqueja a diversos personeros de la oposición, como es el caso de un alcalde a quien todo el mundo vio irrespetando la Embajada de Cuba en abril de 2002 y que es incapaz de aceptar que es culpable y que puede ser sancionado, o lo que ocurre con el sindicalero Carlos Ortega, incitador a delinquir y causante de gravísimos perjuicios al país, quien se considera una víctima del “rrrrégimen”, aun cuando sus acciones delictivas fueron públicas y notorias. Lo grave es que esta actitud parece ser el común denominador de los opositores involucrados en problemas legales o administrativos, y esto nos lleva a preguntarnos si es que esta gente cree que la condición de ser adversarios de la Revolución Bolivariana les otorga esa supuesta “aureola” de supralegalidad y supraconstitucionalidad, tal vez por sentirse apoyados por un poder imperialista. De ser así, más temprano que tarde deberán convencerse de su estúpido error, mejor por las buenas que por las malas.

CON PROFESIONALISMO Y RESPETO A LA CONSTITUCIÓN COMIENZA SUS FUNCIONES EL NUEVO CNE, MIENTRAS LA OPOSICIÓN ULTRARRADICAL SIGUE DANDO PALOS DE LOCO. Así es, por ahí andan con un recurso de nulidad contra la designación del CNE, afirmando tajantes que “tienen pruebas de la parcialidad política de los nuevos Rectores”. Se ven furibundos haciendo señalamientos, que si tal Rectora “escribía en un periódico chavista”, que si “ese Rector es comunista”, que si esa Rectora “no firmó contra Chávez” (argumento “realmente demoledor” de Antonio Ledezma), que si la hoy Presidenta del CNE “no tenía derecho a repetir como miembro del ente comicial”, que si “la designación no fue transparente”, que la “inconstitucionalidad”, en fin, que “recurrirán al TSJ, a las instancias internacionales, a la CIDH, a la corte celestial”, etc., etc., dando lástima y quedando ante el Pueblo como una cuerda de disociados, incapaces de comprender que su época ya pasó y que hoy Venezuela vive tiempos muy distintos. Mientras tanto, el CNE ha arrancado con paso seguro, en vías de hacer los análisis y tomar las decisiones necesarias para asegurar la buena marcha de los comicios a realizarse en diciembre. Se ve claramente una situación donde un grupo de gente seria trabaja en función de objetivos claros y honestos, mientras unos grupúsculos de disociados hacen todo lo posible para torpedear desde afuera este trabajo.

LA PROMOCIÓN DEL ABSTENCIONISMO COMO ESTRATEGIA DESLEGITIMADORA. Para la oposición, derrotar a Chávez es una “misión imposible”, llevan más de siete años intentándolo por todos los medios y sólo han conseguido fracasos. Como no pueden ganar el juego en el terreno no les queda otro recurso que intentarlo por otras vías como la deslegitimación del árbitro, la tracalería y la exigencia de condiciones incumplibles. Generar una alta abstención es una vía para intentar la deslegitimación de un proceso electoral y en función de este objetivo están concatenadas las acciones de la claque que dirige la oposición. Concientes de la imposibilidad de derrotar a Chávez por vías legítimas pero también de la necesidad de mostrar una mínima fachada cuasidemocrática presentan candidaturas, como lo hicieron en diciembre, sin más finalidad que retirarlas en el momento en que crean puede favorecer sus objetivos abstencionistas, en un torpe y suicida juego polítiquero Hasta el momento el número de candidatos opositores anda cercano a la decena, todos girando en torno a la órbita neoliberal, supuestamente están en precampaña, pero, por sus actuaciones previas, hay fundadas razones para esperar su retiro en el momento en que crean pueden hacer más daño. Detrás de ellos, por supuesto, está el imperialismo estadounidense que es el primer interesado en destruir la Revolución Bolivariana por el creciente peso que viene representando para sus pretensiones de dominación hegemónica.

“TIBISAY LUCENA RESPALDA USO DE CAPTAHUELLAS EN PRESIDENCIALES (...) AUDITAR UNA MÁQUINA POR CENTRO ES SUFICIENTE” Así tituló El Universal un reportaje publicado el pasado domingo 7 de mayo, por encima de la línea editorial del medio impreso citado y de las manipulaciones opositoras contra el Poder Electoral, consideramos que la Presidenta del CNE está en la línea correcta, que no es otra que continuar y avanzar en el proceso de modernización de los procesos comiciales en Venezuela. El criterio de la Rectora Lucena, además, está respaldado por lo establecido en el “Informe de Observación Electoral de la OEA”, de donde extraemos los párrafos que aparecen a continuación : “La Misión no encuentra reparos legales para el uso de las capta-huellas, siempre y cuando se respeten estrictamente los principios de confiabilidad, transparencia, auditabilidad, transferencia tecnológica, seguridad e integridad informática, contemplados en el artículo 33, numeral 42 de la LOPE” –y si de algo podemos estar seguros es que tanto el CNE dirigido por Jorge Rodríguez como el que ahora dirige Tibisay Lucena, han respetado y respetan estrictamente esos principios, muy por encima del supuesto “respeto” de la mayoría de los directivos del extinto CSE cuartarrepubliquero- También se expresan en el Informe los criterios siguientes: “El CNE ha incorporado la plataforma de tecnología electoral más moderna de todo el hemisferio, con el objetivo de garantizar la transferencia e independencia tecnológica, la seguridad, la transparencia y la integridad de los comicios” (...) “Realizar un conteo manual de los votos de cada boleta (comprobante) atentaría contra la propia naturaleza y racionalidad del sistema automatizado de escrutinio contemplado en la LOSPP e impulsado por el CNE. El conteo manual de todas las boletas (comprobantes) requeriría además una modificación de la ley” Esa es exactamente la situación objetiva con cara a los comicios presidenciales, y creemos que coloca en su debido lugar las pretensiones conspirativas de $úmate, el “comandito de la resistencia” y demás sectores ultrarradicales de la oposición, incluidos los desubicados herederos del betancurato. Los venezolanos no nos vamos a bajar del metro ni del ferrocarril que está por llegar para andar a lomo de mula, por cierto y como muestra de “la credibilidad” de los antielectorales, el sábado vimos en Chacao la micromarcha de Ledesma y Oscar Pérez...., no llegaba ni a 80 marchistas.