Durante los dos gobiernos de la Revolución Bolivariana se ha mantenido un apagón democrático en las universidades públicas venezolanas. Este apagón democrático ha sido impuesto desde arriba, de diversas maneras, por el Poder Ejecutivo con la colaboración de los otros poderes del estado. El Poder Ejecutivo ha usado tres mecanismos: la intervención, la limitación de origen y la judicialización de las elecciones. El primer gobierno de la Revolución Bolivariana en sus primeros años intervino todas las universidades experimentales que no habían realizado elecciones de autoridades y procedió a designar nuevas autoridades. Esta práctica no era exclusiva de este nuevo gobierno, esa era una práctica usual en la IV República, cuando aún sin necesidad de recurrir a las intervenciones designaban a las autoridades de las universidades experimentales. En los últimos años de la IV República se permitió que algunas de esas universidades realizaran elecciones internas de autoridades. Por ejemplo, la Universidad Nacional Abierta y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador realizaron elecciones de autoridades. Con una peculiaridad en el caso de la UNA que los candidatos podían ser profesores de otras universidades, que no trabajarán en esa universidad. Por ser una práctica heredada, este procedimiento de designación de autoridades de parte del Poder Ejecutivo no causó mucho revuelo en las comunidades universitarias afectadas.

El otro mecanismo usado por los gobiernos de la Revolución Bolivariana para garantizar el apagón democrático en las universidades públicas es lo que denomino la limitación de origen. Es decir, crear nuevas universidades en las que no se permite desde su creación la elección de sus autoridades. Aquí hay dos casos a considerar. Primero, el caso de las universidades realmente nuevas como la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Universidad Deportiva del Sur, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, la Universidad Martín Luther King y la Universidad de las Telecomunicaciones. Con la creación de estas instituciones la Revolución Bolivariana tuvo una gran oportunidad de predicar con el ejemplo, de demostrar al resto de universidades como sería la democracia participativa y protagónica en una institución de educación universitaria. Pero, no eligió ese camino. Segundo, el caso de universidades creadas a partir de instituciones de educación universitaria ya existentes, como la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, la Universidad Marítima del Caribe y las universidades politécnicas territoriales. Estas últimas surgieron de la transformación de los institutos universitarios de tecnología y los colegios universitarios en universidades. Todas estas universidades, del segundo caso, surgieron de instituciones de educación universitaria sin tradición democrática o con una limitada práctica democrática, circunscrita a las elecciones de centros de estudiantes. Las comunidades de esas instituciones estaban ya acostumbradas a que los gobiernos de turno designaran a las autoridades sin consultarles.

El tercer mecanismo para imponer el apagón democrático a las universidades públicas es el de la paralización de las elecciones por la vía judicial de las elecciones en las universidades experimentales que ya las venían realizando y en las universidades autónomas. Con la aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) en agosto de 2009, se produjeron cambios importantes en la concepción de la comunidad universitaria y del papel del claustro universitario en la elección de las autoridades. La comunidad universitaria fue ampliada para incluir a los trabajadores administrativos, a los obreros y a los egresados, garantizándoles "el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos" (numeral 3 del artículo 34 de la LOE). Este artículo se refiere al principio de autonomía y ese numeral específicamente a lo relativo a la elección y nombramiento de las autoridades, como una de las maneras de ejercer la autonomía. Este artículo fue interpretado como el fin del claustro como ente que tenía la potestad de elegir a las autoridades. Algunos fueron más allá y lo interpretaron como que todos los miembros de la comunidad universitaria podrían participar en las elecciones de autoridades en igualdad de condiciones, es decir, cada miembro un voto. Aquí entró en juego la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esta sala emitió varias sentencias paralizando las elecciones de autoridades en varias universidades. El tema central de una persona un voto seguía sin una interpretación en firme. Universidades como la UNA procedieron a elaborar un nuevo reglamente de elecciones ajustado a la LOE, aun así, las elecciones fueron paralizadas por actuaciones judiciales de sectores de la derecha. Las universidades autónomas también han introducido recursos contra las elecciones bajo esas nuevas condiciones en el TSJ. Algunos grupos influyentes de profesores de las universidades autónomas, incluyendo a profesores chavistas, se oponen a la participación de los empleados administrativos y de los obreros en las elecciones, y a la participación de los estudiantes en igualdad de condiciones políticas. Esta situación ha minado las prácticas democráticas en las universidades que elegían a sus autoridades y ha permitido que un reducido sector de la derecha extrema se enquiste en el poder manteniendo el control de las universidades autónomas en sus manos. Esta actitud del gobierno incluso ha impedido el cambio de autoridades que posibilitara que otros grupos más moderados condujeran las universidades.

Hace unos meses el TSJ dictó una sentencia que obligaba a las autoridades de la UCV a llamar a elecciones con participación proporcional de los sectores que componen la comunidad universitaria según la LOE. Las comunidades de las otras universidades con elecciones paralizadas pensaron que también podrían activar sus procesos electorales. Las autoridades de la UCV desafiaron al TSJ y anunciaron que se no a cumplirían la sentencia. Una vez vencido el plazo establecido en la misma, el TSJ debería destituir a las actuales autoridades y designar unas provisionales. Además, las autoridades serían objeto de sanciones judiciales. Las autoridades nunca convocaron a elecciones, las medidas judiciales nunca se ejecutaron, y se mantuvo así el apagón democrático en la UCV y en las otras universidades. Las autoridades continúan en sus cargos después de más de una década de vencido el período para el que fueron electos.

Durante el primer gobierno de la Revolución Bolivariana fueron ampliados desde arriba los derechos formales en materia educativa. El gobierno plasmó en leyes importantes avances en cuanto a la autonomía universitaria, la cual adquirió rango constitucional, al derecho a la educación, a la conceptualización de la educación como un bien público y en cuanto a la ampliación de la comunidad universitaria y sus derechos políticos. Como ya señalé, se trata de "logros" impuestos desde arriba. Ningún sector de la comunidad universitaria se los puede atribuir como conquistas producto de sus luchas políticas. Pero, lamentablemente, muchos de esos logros se han quedado en el plano de lo formal. Desde el mismo gobierno se han llevado a cabo una serie de acciones para que no se realicen en la práctica. Tal es el caso de la democratización interna de las universidades. Si bien la realización de elecciones no garantiza que una comunidad sea democrática, sin son una condición necesaria. Urge terminar con el apagón democrático en las universidades, convocar elecciones de autoridades y dar un nuevo aliento a las universidades. Esto solo lo harán posible las comunidades universitarias organizadas.