La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional ha citado ya, en dos oportunidades, al rector de la Universidad Central de Venezuela, Prof. Antonio Paris, sin que éste se haya dignado en comparecer ante esta instancia del Poder Legislativo Nacional, desconociendo con esta actitud el Estado de Derecho y de Justicia vigente en la República Bolivariana de Venezuela e irrespetando a los representantes de la voluntad popular, a quienes sí acudió a visitar en marzo de 2007, cuando requirió recursos presupuestarios para proyectos de preservación de la planta física de la Ciudad Universitaria; momento en el cual, el estado de abandono en que se encontraba la planta física de la UCV había quedado en evidencia ante la opinión pública nacional.
Esta interpelación surge por iniciativa del Sindicato de Trabajadores de la UCV, SINATRAUCV, ante el estado de indefensión de sus representados por el atropello de las autoridades universitarias que, amparadas en la mal llamada “autonomía administrativa” desvían los recursos que el pueblo venezolano envía a esta universidad para la previsión social de los trabajadores y trabajadoras ucevistas, en los que se incluyen: el HCM, las instituciones educativas, vestuario, servicio médico, comedor, transporte, vivienda, recreación, formación de los trabajadores y trabajadoras, situación que, hasta la fecha, ha contado con la actuación cómplice del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, quien según la Ley de Universidades vigente, por intermedio de la Opsu está en la obligación legal de supervisar el gasto universitario. De igual manera, la Contraloría General de la República está en mora en la lucha contra la corrupción administrativa en las universidades nacionales, habida cuenta que en años precedentes este mismo Sindicato denunció el presunto “extravío” de cerca de 2.300 millones de bolívares, de la seguridad social de estos trabajadores y trabajadoras, sin que hasta la fecha se sepa qué pasó con esa masa de dinero y la investigación que presuntamente se abrió.
El pueblo venezolano aspira que esta interpelación sea pública y que se nos expliquen muchas cosas, como por ejemplo en qué se emplean los cientos de millones de bolívares que ingresan a esa casa de estudios por la pruebas internas. En que se emplean los miles de millones de bolívares que el pueblo venezolano envía cada año para el mantenimiento de la planta física. Cuánto ingresa por alquiler de sus espacios físicos: Aula Magna, Estadio Olímpico y de Béisbol, Estacionamientos. Las famosas Fundaciones, cuántas son? Y cuánto generan en millones de bolívares?
La tercerización, que ha cundido en todas las Facultades y Dependencias, servicios como mantenimiento y seguridad, que se les ha otorgado a empresas privadas, muchas de las cuales, presumimos, son de propiedad de miembros activos o jubilados de la propia universidad, pero a cuyos trabajadores y trabajadoras no se les pagan los beneficios laborales, al igual que los trabajadores y trabajadores de la propia universidad.
Asimismo, sería interesante conocer en opinión del propio rector, qué pasó con su promesa recogida por el Correo Ucevista N° 82, de fecha 23 al 27 de abril de 2007, cito textualmente: “...Si nos proporcionan los recursos necesarios para actualizar la plataforma tecnológica, podríamos aumentar el cupo de ingresos estudiantiles hasta en un 40%”, así lo informó el Rector de la UCV, Antonio Paris, durante la reunión que sostuvo con diputados de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional...”, se aumentaron los cupos en el porcentaje prometido por el ciudadano rector?, o fue sólo una promesa politiquera, como aquella que realizara cuando asumió el rectorado de que apoyaría a los trabajadores en su lucha por mejorar sus condiciones de vida, cosa que nunca ocurrió en sus cuatro años de rectorado, ya por vencerse.
Esta oportunidad de interpelar a una autoridad universitaria debe incentivar a la Asamblea Nacional, a convertir este ejercicio democrático en una rutina, ya que la Ley Contra la Corrupción prevé en su artículo 9, que los encargados de manejar los dineros del pueblo deben “...informar a los ciudadanos sobre la utilización de los bienes y el gasto de los recursos que integran el patrimonio público cuya administración les corresponde. A tal efecto publicarán trimestralmente y pondrán a la disposición de cualquier persona en las oficinas de atención al público o de atención ciudadana que deberán crear, un informe detallado de fácil manejo y comprensión, sobre el patrimonio que administran...”, mandato legal que en nuestras universidades no se cumple, es letra muerta; entonces, que lo hagan ante esta instancia del Legislativo, hasta que la Contraloría General de la República en cumplimiento de sus funciones, castigue a los infractores de este mandato legal, restableciendo el Estado de Derecho y de Justicia.
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