Muchas personas, los estudiantes y comerciantes del libro y de la prensa, conocen el rol muy bien desempañado por los docentes de todo el sistema educativo nacional, quienes desde toda su vida preparatoria y profesional son los primeros clientes de los EDITORES PRIVADOS tanto nacionales como extranjeros.
Dichos editores cuentan con un mercado cautivo y con un Estado y unos Ministerios de Educación *Inferior* y *superior* que desde hace décadas perdieron el hábito de supervisar exhaustivamente la calidad de los recursos bibliográficos que se distribuye libérrimamente en nuestro país. Más bien y tal vez hasta se hacen copartícipes mediante lo que se conoce como matracas o vacunas ministeriales, y no precisamente sanitarias.
Esas editoriales han sido incapaces de donar motu proprio ni un solo libro a fin de que los docentes los evalúen y hasta recomienden su utilización, sí fuere el caso, y si a ver vamos deberían pagar por la correspondiente promoción que dichos docentes les vienen haciendo gratuitamente.
A propósito, este servicio, prestado por nuestros docentes, sí es gratuito, y no así los servicios públicos, a pesar de que algunos gobernantes y funcionarios del Estado empleen semejante adjetivo cuando quieren magnificar su gestión administrativa.
De buenos lectores y observadores es conocido que la mayor parte de nuestros libros son de tercera, previamente desechados por los controles de calidad de las editoriales extranjeras, e irresponsablemente ofertados por las editoras y distribuidoras criollas, tanto públicas como privadas.
Sería pedirle peras al olmo esperar una mejor supervisión educativa por parte del Estado cuando aquella viene corriendo a cargo de cuanto privilegiado con titularidad legal o amañada entra en el juego del reparto burocrático de unos cargos y contratos lucrativos que se han convertido en Venezuela en el verdadero Leitmotiv de nuestras instituciones. Por supuesto, estas instituciones se apoyan en la inducida necesidad de alfabetización y preparación técnica y sistemática de vieja data (sugerida por Simón Bolívar y Don Simón Rodríguez) para educar a los venezolanos, y así poder desangrar formalmente el Presupuesto Nacional con todos los visos de legalidad y legitimidad que viene dándose en estas sociedades burguesas.
De resultas, esas editoriales tienen conceptuados a los docentes y bibliotecas nacionales como simples clientes (eufemismo de pendejos), como Promotores de sus mercancías bibliográficas. Como promotores puestos por un Estado indolente y despatriado y tolerante con unas editoriales que gozan del amparo de políticos indiferentes o inescrupulosos, quienes tal vez terminan lucrándose prorrateadamente con la parte del lucro que por derecho propio debería ir a los ya menguados bolsillos de dichos docentes.
