Las autoridades de la Universidad Nacional Abierta (UNA) decidieron convocar las elecciones de autoridades en el marco de lo estipulado en los reglamentos internos de la universidad. A primera vista pareciera que lo anterior no constituye problema alguno. El asunto es que se establecía el incio del proceso electoral como un mes después de aprobada la Ley Orgánica de Educación (LOE). Las autoridades sabían que se ejercerían acciones legales en contra de las elecciones, sin embargo, basados en una asesoría equivocada, decidieron seguir adelante con el cronograma electoral. Como era de esperarse los empelados administrativos conjuntamente con los obreros, y un grupo de profesores por su propia iniciativa introdujeron sendos recursos ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo solicitando la suspensión del proceso electoral por desconocer derechos establecidos en la recien promulgada LOE. La Sala Electoral, en respuesta a la acción interpuesta por los primeros, decidó suspender las elecciones de autoridades en la UNA por presumirse la violación de un derecho constitucional. Lo importante del asunto no es lo hasta ahora contado. Lo importante es porque llegamos a esa situación.
Todo el mundo en la UNA sabía que la LOE estaba en discusión. Es más, en el Área de Educación se realizó una muy interesante jornada de discusión de dicha ley. Allí se discutieron con lujo de detalles todos los aspectos de la ley que fueron reconocidos como polémicos o novedosos. En otras instancias de la universidad también se discutió sobre la LOE y sus implicaciones para la institución. No es un secreto que muchos profesores y profesoras sostienen opiniones contrarias a la LOE, algunos con fundamentos discutibles, otros por simple y llana oposición a todo lo que hace el Gobierno Bolivariano. Como vivimos en una democracia plena todos los profesores y profesoras de la UNA han manifestado abiertamente sus opiniones sobre la LOE. Aún más cuando las discusiones se han hecho en un tono respetuoso y académico, sin excluir la polémica. Lo mismo no sucede cuando se trata de la opinión de los políticos, de los miembros de los grupos de poder dentro de la universidad.
Los políticos son muchos más cuidadosos. Sobre todo cuando se comportan de una manera fuera de la universidad y de otra manera dentro de ella. Algunos políticos se presentan ante la autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) como simpatizantes del proceso revolucionario, otros incluso se declaran chavistas fuera de la universidad. Pero esos mismos políticos se presentan como oposicionistas, como antichavistas ante la comunidad universitaria. Con ese doble juego se han mantenido en la política y les ha dado dividendos. Se han caracterizado por ocultar sus verdaderas posiciones para engañar a tirios y troyanos. Aunque no se manifiestan abiertamente contra la LOE, la adversan en la oscuridad. Recurren al viejo dicho colonial: se acata pero no se cumple. Este es el verdadero problema.
En cuanto a las autoridades de la UNA podemos decir que perdieron una oportunidad de oro, de poner a la universidad a la vanguardia del proceso de democratización de las instituciones universitarias. Las autoridades de la UNA, apelando al caracter experimental de la universidad, pudieron modificar el Reglamento Electoral para ponerlo en sintonía con el espíritu de la LOE, pero decidieron adoptar una posición conservadora. Esperamos que las fuerzas consevadoras no controlen por mucho más tiempo la universidad. Ya llegará el momento en que la UNA entre en un proceso de transformación a tono con la revolución. Ya llegará el momento en que la UNA contribuya a la construcción del socialismo, con todo lo que ello implica.
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