La depresión capitalista de 2008 fue calificada por muchos analistas del área económica como la más grande de los últimos 80 años, causada por: la sobreproducción y la anarquía en la producción capitalista. Si bien, sus efectos sobre la economía no se sintieron de inmediato, obligaron al Gobierno Revolucionario en 2009, a tomar un conjunto de medidas de corte económico que tuvieron su impacto negativo en las condiciones de existencia de la clase trabajadora, esto a pesar que, como lo expresara el Comandante Presidente, Hugo Chávez: “se garantizarán los derechos de los trabajadores y la inversión social en el pueblo…”
Es así que, mientras se anunciaba un incremento del Salario Mínimo del 20%, también el Comandante Presidente, instaba a los entes del Estado a mantener una: “estricta ejecución del gasto y la eliminación del gasto suntuario (lujos)”, proponiéndose una reducción presupuestaria del 6,7%, en la misma proporción en que habían incidido los recortes en el precio del barril petrolero a consecuencia de la crisis capitalista internacional. Para lograr tal recorte presupuestario, el Comandante Presidente, Hugo Chávez, propuso a los entes del Estado Bolivariano establecer una reducción en las remuneraciones de los empleados de alto nivel de la administración pública: “Haremos un ajuste en los niveles superiores, sólo en estos, no en la nómina de contratados. Así que los trabajadores contratados que cumplen una labor en distintos entes públicos, educación, salud, etcétera no tengan temor ni le hagan caso a lo que seguramente va a continuar la artillería burguesa: su campaña de terror, tratando de generar pánico en la población…” Hecho el anuncio presidencial, se abrió el debate en la opinión pública nacional, incluso en la Asamblea Nacional, foro por excelencia de nuestra Democracia, en donde se llegó a plantear un “Proyecto de Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios del Poder Público”, el cual se le dio su primera discusión en abril 2009. Mientras el pueblo se apretaba el cinturón con las medidas anti crisis, en la Asamblea Nacional dicho proyecto de Ley que apuntaba a la reducción de los ingresos de los ciudadanos/ciudadanas Diputadas, se traspapelaba en las oficinas de la burocracia parlamentaria, hasta el día de hoy en que la memoria popular ni se acuerda que en el 2009 el Comandante Presidente, anunció esa medida entre un conjunto orientado a paliar la crisis capitalista internacional. Por supuesto, ya en la Asamblea Nacional ni se habla de esa Ley de Emolumentos, ni de crisis capitalista, ni de nada que atente contra los ingresos o dietas de los señores/señoras diputadas de la República. Por eso, a esa propuesta de Ley, que alguna vez existió, no le corresponde “morrocoy de oro”, sino “cangrejo de platino”. A las dietas de los diputados/diputadas ni con el pétalo de una rosa…
Los constituyentistas de 1999, dejaron plasmado en la Constitución de la naciente República Bolivariana de Venezuela en sus Disposiciones Transitorias un conjunto de mandatos de Ley a los futuros legisladores/legisladoras, entre ellas destaca la Cuarta, Numeral 3, que ordena la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, para instrumentar: “un nuevo régimen para el derecho a prestaciones sociales…el cual integrará el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y calculado de conformidad con el último salario devengado, estableciendo un lapso para su prescripción de diez años….” Asimismo: “contemplará un conjunto de normas integrales que regulen la jornada laboral y propendan a su disminución progresiva, en los términos previstos en los acuerdos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo suscritos por la República…”, el mandato es bien explícito, no dejando márgenes para la maniobra y la negociación. Esto, que es un compromiso indubitable, para los actuales integrantes de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional se ha convertido en una “piedrita en el zapato” que no hallan como solventarla; desde el 2007, fecha en la que el Comandante Presidente, Hugo Chávez, anunciara su propuesta de Reforma Constitucional, que incluía la reducción de la jornada laboral a 6 horas, propuesta de Reforma rechazada por el pueblo venezolano, por poco margen, pero rechazo al fin y al cabo, los asambleístas integrantes de dicha Comisión se han dedicado a realizar anuncios con “bandera falsa”, término muy de moda en la península coreana.
Oswaldo Vera quien en 2007 se manifestaba a favor de la Reforma y por ende con la reducción de la jornada laboral, ya en 2009 mediatizaba y condicionaba su postura, sacándole el cuerpo al tema: “Precisó que éste punto tiene un fuerte impacto social y económico, por lo tanto, han realizado y continuarán la consulta con todos los sectores, no obstante, acotó que más allá del tema, lo más importante y que ha sido el clamor de los trabajadores y trabajadoras “es acabar con los fraudes y simulaciones del patrón al violar Ley del Trabajo”(ABN, 28-12-2009). Ya en 2010, el tema ni forma parte de su agenda, la nueva Ley Orgánica del Trabajo no forma parte de las prioridades legislativas de este último año de la actual Asamblea Nacional, al parecer aprobar una Ley en las condiciones prescriptas en la Constitución Bolivariana irrita a los “amigos” empresarios. Tan amigos ellos de la Revolución Bolivariana, que se han embarcado en los golpes “cambiario” y “alimentario”, ambos a la vez. Alianzas que matan!!! Mientras, la nueva Ley Orgánica del Trabajo merece su “morrocoy de oro”, quizás la nueva Asamblea Nacional se avoque a su estudio y aprobación, ¿11 años de espera no bastan?
Los Créditos Adicionales son mecanismos de financiamiento público que permiten a los entes públicos acceder a nuevas fuentes de financiamiento de sus presupuesto de gastos del año fiscal en curso, valga decir, son mecanismos que para algunos organismos públicos se convierten en una especie de auxilios financieros que les permiten continuar funcionando. (Definición: son incrementos a los créditos presupuestarios que se acuerdan a los programas, subprogramas, proyectos, obras, partidas, subpartidas, genéricas, específicas y subespecíficas que expresamente señalen la Ley de Presupuesto y la Distribución General de cada año). Como se aprecia, cuando un ente público solicita un Crédito Adicional, es de suponer que lo hace porque tiene urgencia de esos nuevos recursos presupuestarios, ya sea para su funcionamiento o para cancelar deudas que no le fueron aportadas en su presupuesto ordinario y se ven obligados a acudir a ese mecanismo de financiamiento público. El ente que aprueba la solicitud emanada del organismo público es la Asamblea Nacional, pero…lo hace con tal diligencia que sólo un día a la semana, los jueves, es que la ilustrísima Asamblea Nacional se digna discutir las solicitudes de Crédito Adicional que le formulan los entes públicos. En las últimas 3 semanas han aprobado apenas 5 Créditos, información que obtengo del seguimiento que hemos realizado en esas semanas a la página web de la Asamblea, ya que en el nuevo formato de la página web no se obtiene esa información tan explícitamente como la anterior, que en el link: buscar, al teclear: créditos adicionales, de inmediato aparecían el listado de los aprobados. Pues bien, lo cierto es que tanta eficiencia de los integrantes de la Asamblea Nacional terminará con paralizar la Administración Pública por falta de recursos. “Morrocoy de oro” para los miembros de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y paciencia a los trabajadores/trabajadoras de los entes públicos pendientes que les cancelen sus deudas o sus salarios del mes próximo.
El filósofo norteamericano George Santayana escribió alguna vez: “Quien no aprende de la historia estará condenado a repetirla.” Lenin en Las Tareas Inmediatas del Poder Soviético nos precisaba: “Es indiscutible que los altos sueldos ejercen una influencia corruptora, tanto sobre el poder soviético…como sobre la masa obrera” (pág. 688 del tomo II de las Obras Escogidas, Ed. Progreso, Moscú, sin fecha). Nuestros diputadas/diputados tan acostumbrados a la buena dieta, poca producción de leyes, acuerdos y créditos adicionales, se han convertido en verdaderos parásitos de la sociedad en transición, urge una redefinición del papel de la Asamblea Nacional en este proceso de cambios revolucionarios; institución burguesa que, al igual que el Estado, requiere de una constituyente que redefina sus funciones y objetivos, a manera de acercarlos al pueblo, convirtiendo a éste en asambleísta. Urge, descentralizar las funciones de la Asamblea Nacional y darle vida a las Asambleas Comunales en las cuales se debatan los proyectos de Ley que han de desembocar en la plenaria de la Asamblea Nacional; la cual, se convocará para debatir y aprobar lo ya discutido y aprobado en primera discusión en las comunidades. Un nuevo concepto de realidad legislativa requiere nuestra Revolución Bolivariana, con diputadas/diputados que respondan realmente a las comunidades que los/las eligieron y no a los acuerdos entre camarillas de fracción. Las comunidades evaluarán la actividad del parlamentario/parlamentaria y podrán revocarlos/revocarlas en todo momento mediante acuerdo de la Asamblea Comunal, su eficiencia determinará su permanencia como legislador/legisladora, la Revolución debe llegar a la Asamblea Nacional, para que desaparezca la operación morrocoy. Aprobatorio ya, para el Proyecto de Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios del Poder Público!!!
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