¿Hasta qué límites el capital es capaz de usar sus privilegios para impedir el recorte de la jornada de trabajo?
Los años de 1846 a 47 hacen época en la historia económica de Inglaterra. Se revocan las leyes arancelarias del trigo, se derogan las tasas de importación del algodón y otras materias primas y se erige el librecambio en estrella polar de toda legislación. Apuntaba en el horizonte, como se ve, el ansiado reino milenario. Coincidiendo con esto, llegaban a su apogeo, por los mismos años, el movimiento cartista y la campaña de agitación por la ley de las 10 horas. Los obreros se encontraban con la alianza de los tories, ávidos de venganza. Y, venciendo la resistencia fanática del perjuro ejército librecambista, con Bright y Cobden a la cabeza salió triunfante en el parlamento la ley de las 10 horas, por la que tantos años se había luchado.
La nueva ley fabril de 8 de junio de 1847 decretaba que el 1 de julio del mismo año se procedería a reducir provisionalmente a 11 horas la jornada de trabajo de los “obreros jóvenes” (de 13 a 18 años) y de todas las obreras, y que el 1 de mayo de 1848 se implantara la reducción definitiva a 10 horas. Por lo demás, esta ley se limitaba a modificar y adicionar las de 1833 y 1844.
Para impedir la aplicación íntegra de la ley, al llegar el 1 de mayo de 1848, el capital emprendió una campaña provisional. Se aspiraba a que fuesen los mismos obreros aleccionados al parecer por la experiencia, los que ayudasen a destruir su propia obra. El momento había sido hábilmente elegido. “Conviene recordar que la espantosa crisis de 1846-47 había sembrado la miseria entre los obreros fabriles, pues muchas fábricas trabajaban a media jornada y otras se cerraron por completo. Un número considerable de obreros se encontraba, a consecuencia de esto, en una situación muy difícil, y muchos agobiados de deudas. Había, pues, razones para suponer con bastante certidumbre que se decidirían a trabajar más tiempo, para poder reponerse de las pérdidas sufridas, para saldar las deudas contraídas, sacar los muebles de las casas de empeños, reponer los cuatro trapos vendidos o adquirir nuevas prendas para sí y sus familiares.” Los señores fabricantes procuraron acentuar todavía más el efecto natural de estas circunstancias mediante una rebaja general de jornales del 10 por ciento. Era algo así como la fiesta de consagración de la nueva era librecambista. A esto, siguió una nueva rebaja del 8 y medio por ciento, al reducirse la jornada de trabajo a 11 horas y del doble al implantarse la jornada definitiva de 10. Por tanto, allí donde las circunstancias lo consentían de algún modo, se impuso una rebaja de salarios del 25 por ciento cuando menos. Después de preparar el terreno de este modo tan favorable, se comenzó a hacer campaña entre los obreros para pedir la revocación de la ley de 1847. No se perdonó ni un solo medio, ni el engaño, ni la seducción, ni la amenaza; pero todo fue en vano. Los obreros llegaron a elevar una media docena de mensajes quejándose de los “perjuicios que les causaba la ley”; pero, luego, al ser oídos verbalmente, los peticionarios declararon que las firmas les habían sido arrancadas por la fuerza. “Que la opresión de que eran víctimas no procedía precisamente de la ley fabril.” Los fabricantes, en vista de que no conseguían hacer hablar a los obreros a su gusto, levantaban el grito, en la prensa y en el parlamento, en nombre de los trabajadores. Denunciaban a los inspectores de fábrica como hermanos de aquellos comisarios de la Convención, que sacrificaban cruelmente a los infelices obreros a sus quimeras de redención universal. Pero, también esta maniobra fracasó. El inspector de fábrica Leonhard Horner recibió, en persona y por medio de sus subinspectores, numerosas declaraciones testificales en las fábricas de Lancashire. Hacia un 70 por 100 de los obreros a quienes se tomó declaración se mostraron partidarios de la jornada de 10 horas, una proporción mucho menor abogó por la jornada de 11 horas y una minoría insignificante por las 12 del régimen antiguo.
Otra maniobra “filantrópica” consistía en hacer trabajar de 12 a 15 horas a los obreros varones adultos, interpretando luego este hecho como expresión fiel de los verdaderos deseos de los trabajadores. Pero, el “cruel” inspector Leonhard Horner volvió a ponerse en campaña. Y resultó que la mayor parte de tales obreros declaraban que “preferirían con mucho trabajar 10 horas ganando menos, pero que no tenían opción, que muchos de ellos estaban sin trabajo, que otros, hilanderos, se veían obligados a trabajar de simples piecers y que si se negaban a trabajar más horas de las reglamentarias vendrían otros enseguida a ocupar sus puestos, por donde el dilema, para ellos, era éste: o trabajar todo el tiempo exigido o quedarse en la calle.”
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