El aspecto más visible de la acción universitaria lo constituye su “oferta” académica y sus rasgos distintivos continúan mostrando una gran influencia del paradigma del mercado. Ello explica la forma irracional, asistémica y poco vinculada a los territorios y los planes de desarrollo de muchas de las carreras universitarias. Históricamente la “oferta” académica se construyó en buena medida a partir de demandas de actores que hacían parte de los equilibrios políticos de gobernabilidad regional y nacional.
Luego realizaban “estudios” que cubrían las formalidades para su puesta en marcha. Es decir, un diputado, gobernador, alcalde o financista electoral, se “sintonizaba” con las carreras más populares en la localidad y en su rol de mediador político hacía posible su inicio. En algunos casos estas decisiones se correspondían a los requerimientos reales del territorio, pero en otros distaban mucho de ello. Poco sabían los aspirantes a ingresar a una carrera sobre la pertinencia o no de la misma en esa comunidad o de sus posibilidades de desarrollo profesional y empleo. La transformación social y la resolución de problemas concretos en las comunidades se fueron convirtiendo en las tareas pendientes de la educación universitaria.
Día a día creció el número de casos en los cuales los contenidos poco tenían que ver con la identidad, historia local o regional. Cuando surgía una voz que señalaba que más temprano que tarde tendríamos más egresados que puestos de trabajo, otros respondían argumentando que ello era bueno, porque generaba competencia entre los mejores profesionales. Los perdedores pasarían a ser una reserva profesional. Es decir, la expresión del patrón de empleo del capitalismo industrial en formación universitaria. Desde ese estándar del gran capital se prevé una cantidad limitada de plazas de trabajo y requiere un ejército de reserva que haga posible limitar las demandas de sueldos y garantías sociales, mediante el mecanismo de la sobreoferta de mano de obra. Odioso e injusto que esta visión se haya transferido a la academia sin destacar las voces de resistencia.
El impacto negativo de este modelo asincrónico de “oferta” académica, era posible pasarlo por “debajo de la mesa”, en un marco de profunda exclusión en materia de matrícula universitaria, fenómeno que prevaleció en las décadas de los ´80 y ´90. A ello se le adicionaba la disminución proporcional de los cupos y la privatización, tanto de servicios como de programas de formación.
Para 1998 Venezuela contaba con 780.000 estudiantes universitarios y la universidad estaba presente en sólo 135 municipios. Ello generaba dinámicas migratorias de los egresados que ocultaban el problema. Por ejemplo, en estados con una oferta académica en formación docente, cuya matrícula era superior a los puestos de trabajo disponibles en ese territorio, los profesores sin empleo optaban a un cargo de maestro en los estados cercanos que no contaran con universidades pedagógicas.
A partir de 1999 se decide expandir la cobertura universitaria a todos los municipios, proceso que en el presente se ha cumplido en su totalidad, ampliándose la meta a casi todas las parroquias del país. Sólo Misión Sucre cuenta con más de 1600 aldeas universitarias, desarrollando múltiples Programas de Formación por todo el país. La matrícula se disparó en más de un 300%, alcanzando en 2012 la cifra histórica de alrededor de 2.500.000 jóvenes universitarios.
Esta dinámica obliga al Estado a sincerar la oferta académica, para que ésta se corresponda a las nuevas realidades nacionales, así como las posibilidades de empleo y desarrollo profesional. Esa dinámica constituye un componente importante de la municipalización educativa, orientada a contribuir al apalancamiento del desarrollo local. Los criterios que inicialmente se proponen para la reorientación de la oferta académica están asociados a (1)las definiciones sobre necesidades y potencialidades de cada territorio determinadas por el Consejo Federal de Gobierno; (2)la tradición productiva, potencialidad geohistórica e invariantes culturales de cada lugar; (3)la capacidad de empleo instalada en cada localidad; (4)los planes estratégicos de la nación expresados en zonas de desarrollo, distritos motores, etc.; (5)los planes de inversión, tanto públicos como privados y los requerimientos de formación que de ello se derivan; (6)las necesidades contingentes; (7)la visión integral de país en cada territorio, de cuya tarea es garante el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Los esfuerzos apuntan a una sinergia entre oferta académica y desarrollo nacional, alcanzarlo es un reto de los universitarios en tiempos de revolución.
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El autor es Director de la revista COMUNA: pensamiento crítico en la revolución y Presidente de la Sociedad Venezolana de Educación Comparada (SVEC)
