Contenido

1. Transformar economía rentista e importadora en economía productiva y exportadora
2. Superar el modelo extractivista-rentista
3. Construir nuevo modelo productivo bajo control de los trabajadores y la comunidad
4. Derrotar la escasez, el acaparamiento y la especulación
5. Impulsar la industrialización socialista
6. Industrializar los hidrocarburos
7. Armonizar políticas macroeconómicas y sectoriales
8. Corregir sobrevaluación y abandonar anclaje cambiario
9. Desplegar una eficaz estrategia antiinflacionaria
10. No monetizar el déficit fiscal
11. Eliminar el impuesto inflacionario
12. Sincerar el precio de la gasolina
13. Reducir el peso de la deuda externa
14. Fortalecer las Reservas Internacionales

Transformar economía rentista e importadora en economía productiva y exportadora

En una sociedad rentista, los actores económicos y sociales se acostumbran a obtener ingresos que no son fruto de su trabajo. Desde que apareció el petróleo en Venezuela ha sido más fácil devorar la renta, comprándole al resto del mundo lo que bien pudiéramos estar generando internamente con trabajo productivo. El reto está en sustituir esa mentalidad rentista por una nueva cultura del trabajo. Solo así podremos convertir los recursos naturales que exportamos sin mayor valor agregado, en una creciente producción agrícola e industrial que sustenten la soberanía productiva.

La transformación productiva planteada en Venezuela tiene dos ejes claves. 1) La creación de nuevas relaciones de poder a través del desarrollo de innovadoras formas de propiedad social, popular y comunal. 2) La transformación del capitalismo rentístico e importador en una nueva economía socialista diversificada, capaz de producir los bienes destinados a satisfacer las necesidades esenciales de la población, sustituir importaciones y diversificar la oferta exportable para reducir la dependencia del ingreso petrolero.

Superar el modelo extractivista-rentista

Venezuela es un país con un fuerte arraigo extractivista y por eso depende de la captación de renta y no del esfuerzo productivo para satisfacer sus necesidades..

El extractivismo es un modelo de acumulación basado en la obtención de una renta por la explotación de recursos naturales y energéticos. Lleva a la dependencia de los países ricos en materias primas pero pobres en tecnología, los cuales se limitan a vender tales recursos en lugar de transformarlos industrialmente. Es un modelo depredador del ambiente toda vez que agota los yacimientos o los extrae a un ritmo superior a la tasa de reposición.

Se trata de un modelo de enclave con una actividad aislada del resto de la economía y poco impacto sobre desarrollo endógeno. La mala asignación de los factores productivos distorsiona la dinámica económica. Coexisten sistemas de alta y baja productividad, pobre densidad de empresas industriales por cada mil habitantes, poca diversificación e integración industrial.

Construir nuevo modelo productivo bajo control de los trabajadores y la comunidad

Al analizar la estructura de la Población Económicamente Activa, salta a la vista el incremento de la fuerza laboral ocupada en el sector público. Como se sabe, este es un empleo inflacionario, toda vez que el incremento de la demanda que subyace en las remuneraciones, bonos y beneficios laborales de los empleados públicos no tiene como respaldo una abundante producción de bienes y servicios que permita mantener el necesario equilibrio entre la oferta y la demanda. Así, los ingresos de los empleados públicos se traducen en una permanente inyección de recursos en el mercado monetario sin el correspondiente incremento en el mercado de bienes y servicios.

No se trata de dar empleo sino de generar trabajo productivo a través del impulso a un nuevo modelo en manos de los trabajadores y de la comunidad, sin mediaciones burocráticas de ningún tipo. Solo así será posible impulsar una creciente actividad económica capaz de asegurar una abundante producción de los bienes requeridos para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, manteniendo los necesarios equilibrios entre el mercado de bienes y servicios y el mercado monetario, entre la oferta y la demanda.

La siembra del petróleo no debe ser vista solo como inversión en autopistas, ferrovías, metros, puentes, centrales termo o hidroeléctricas y demás obras de infraestructura. Este enfoque desarrollista fue el que predominó en el pasado reciente y por eso la inversión de la renta favoreció a las empresas contratistas a las que se les adjudicaban las obras, mientras el desempleo, la pobreza y la exclusión social causaba estragos en la mayoría empobrecida de la población.

La inversión en infraestructura es necesaria más no suficiente. Si queremos acabar con estos flagelos sociales, un porcentaje creciente de la renta petrolera debe ser invertido socialmente para garantizar el derecho de todos los venezolanas/os al trabajo, alimentación, educación, salud, vivienda, ciencia, tecnología, cultura, deporte, etc. Y, por supuesto, otro porcentaje significativo debe ser invertido en distintos fondos de compensación macroeconómica, desarrollo nacional y patrimonial que minimicen el impacto negativo del comportamiento errático que a lo largo de la historia han tenido los precios del petróleo.

Derrotar la escasez, el acaparamiento y la especulación

El crecimiento del PIB a lo largo de varios trimestres no se tradujo en más calidad desde el punto de vista productivo. Por el contrario, el aporte al Producto Interno Bruto (PIB) de sectores estratégicos como la agricultura y la manufactura retrocedió. Para lograr las metas de seguridad y soberanía productiva Venezuela debería tener una agricultura que pese, al menos, 12 % del PIB y apenas aporta 4,5 %. Una economía es considerada industrializada cuando la manufactura aporta al menos el 20% del PIB, y en Venezuela apenas es del 14%.

La escasez se origina en una política económica que, si bien ha hecho crecer el PIB, este crecimiento ha sido de baja calidad, toda vez que se basa en los sectores del comercio importador y los servicios financieros, a expensas de una caída sostenida de la agricultura y la industria, que son precisamente los sectores que generan los bienes y servicios imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la población.

Es típico que en la antesala de un proceso electoral se produzcan brotes de acaparamiento y especulación con el objetivo de causar malestar en el electorado. Pero los elevados y sostenidos índices de escasez en Venezuela se deben a un problema estructural que tienen que ver con el desmantelamiento del aparato productivo. Incluso,  en la red Mercal y PDVAL se observan anaqueles vacíos, evidencia clara de una escasez que tiene una causa estructural, toda vez que esas redes no fueron creadas para acaparar ni especular.

La exacerbación del consumismo consubstancial a los auges rentísticos tiende a aumentar la demanda de divisas para conjurar la escasez. El anclaje cambiario -al golpear la producción nacional-, a la larga causa escasez, toda vez que el subsidio al dólar se traduce en un subsidio a las importaciones que desplazan la producción nacional. Como la producción nacional cae de manera sostenida, crece la demanda de divisas para importar y conjurar la escasez, el acaparamiento y la especulación. Importamos porque no producimos y no producimos porque importamos. Este círculo vicioso se ve agravado por el anclaje cambiario que tiende a abaratar el dólar oficial y subsidiar las importaciones que se hacen a la tasa de cambio oficial, en comparación con el precio de la divisa en el mercado.

Impulsar la industrialización socialista

La manufactura tiene un gran efecto multiplicador sobre los demás sectores económicos. Aguas arriba demanda materias primas a la agricultura, pesca, forestal, minería, etc. Aguas abajo ofrece bienes intermedios e insumos industriales para el desarrollo de otros sectores. Además, demanda servicios de apoyo, agua, electricidad, telecomunicaciones, financiamiento, infraestructura, redes de distribución y comercialización. Cuando crece la industria crece toda la economía.

La industrialización socialista que está planteada en Venezuela la entendemos como un proceso llamado a sustituir la industrialización basada en la explotación del trabajo ajeno, el uso intensivo de materias primas y energía, la depredación del ambiente y los desequilibrios territoriales, por un nuevo tipo de industrialización basado en diferentes formas de propiedad social, la aplicación de nuevos principios para la justa remuneración del trabajo y la inversión social de los excedentes, el uso de información y conocimientos científicos y tecnológicos, la preservación del ambiente y el desarrollo armónico de las regiones.

En este sentido, se impone un balance crítico del proceso de industrialización en las condiciones del capitalismo rentístico venezolano. Cuestionamos la sustitución ineficiente de importaciones que condenó a los trabajadores a adquirir productos de inferior calidad y precios superiores a los importados, pero también condenamos la apertura neoliberal que sometió a los productores locales a una feroz competencia con las importaciones procedentes de las principales potencias industrializadas. Como alternativa entre estas dos opciones extremas se plantea la necesidad de reivindicar las políticas industriales y tecnológicas para profundizar la reactivación, reconversión y reindustrialización del aparato productivo, como condición básica para alcanzar la plena soberanía económica.

Industrializar los hidrocarburos

Si bien es cierto que a través del Plan Plena Soberanía Petrolera se ha reivindicado la soberanía nacional sobre el petróleo, queda pendiente una política de industrialización de los hidrocarburos, toda vez que se sigue exportando petróleo crudo y gas líquido para luego importarlo con valor agregado.

La abundancia de divisas y el anclaje cambiario se traducen en un dólar subsidiado que desplaza a la producción nacional, tova vez que resulta mucho más barato importar que producir para sustituir importaciones o exportar. Si nos planteamos para los próximos años una meta de alcanzar por lo menos un establecimiento industrial por cada mil habitantes, podríamos lograr en un lapso de diez años a 28 mil establecimientos industriales, que es mucho más que los 7.000 establecimientos industriales que tenemos ahora. Eso permitiría sustituir buena parte de las importaciones que actualmente hacemos y diversificar la oferta exportable, particularmente la derivada de la industrialización de los hidrocarburos que es donde el país posee importantes ventajas comparativas.

Armonizar políticas macroeconómicas y sectoriales

Las contradicciones entre las políticas macroeconómicas y sectoriales mediatizan y pueden llegar a anular los incentivos gubernamentales para impulsar la transformación productiva. De allí la necesidad de armonizar la política fiscal, cambiaria, monetaria y financiera con la política agrícola, industrial y tecnológica. Impulsar la construcción de un nuevo modelo productivo exige una eficiente intervención del Estado para orientar un proceso que no puede quedar a merced de las fuerzas ciegas del mercado. El Gobierno Bolivariano puede combinar diferentes incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, asistencia técnica, etc. hasta elevar la actual densidad industrial de 0.25 a 1 establecimiento industrial por cada mil habitantes y lograr que el aporte de la manufactura al PIB suba del actual 14 % a 20 %, alcanzando así Venezuela la condición de país industrializado.

Se impone evolucionar de la simple administración de divisas provenientes de la renta petrolera a un manejo inteligente de la política cambiaria, en función de inducir la transformación estructural del aparato productivo. En este sentido, urge aplicar una tasa de cambio que exprese la verdadera productividad del aparato productivo interno, que no subsidie a las importaciones, para así darle margen al desarrollo de la producción agrícola e industrial que se han visto seriamente afectadas por las crecientes importaciones que se hacen con una tasa oficial subsidiada.

Corregir sobrevaluación y abandonar anclaje cambiario

En Venezuela el precio del dólar se mantiene fijo por varios años a pesar de que el país registre una inflación superior a la de sus socios comerciales. La consecuencia inevitable del anclaje cambiario es la sobrevaluación del bolívar. Esto se refleja en el hecho de que los productos importados resultan ser mucho más baratos que los nacionales. Cuando la sobrevaluación se ha hecho insostenible, el gobierno ha aplicado maxidevaluaciones de 100% y 46,5%, pero la tasa de cambio sigue tan sobrevaluada que la insaciabilidad del dólar no cesa y la creciente demanda de divisas baratas ante CADIVI continúa. Aunado a esto, el traspaso de divisas a fondos de gasto que maneja directamente el Ejecutivo como el FONDEN merman las divisas disponibles para atender las necesidades del aparato productivo. Por si fuera poco, en un contexto inflacionario, los agentes económicos  recurren masivamente a la compra de dólares en el mercado paralelo para protegerse de la inflación.

El anclaje cambiario se ha convertido en un subsidio al dólar. En los hechos, esto se traduce en un subsidio a las importaciones que desplazan la producción nacional. Corregir esta problemática requiere una política cambiaria dinámica y flexible, con ajustes periódicos en el precio oficial del dólar. El reto está en encontrar una tasa de cambio que exprese la productividad real de la agricultura y la industria con el fin de propiciar las transformaciones estructurales en el aparato productivo y así poder sustituir importaciones y diversificar las exportaciones. Se trata de convertir la política cambiaria en un eficaz instrumento que facilite la inserción productiva de Venezuela en la integración latinoamericana al permitir que los exportadores que colocan sus productos en los países del Alba y Mercosur, participen directamente en la subasta de dólares, ofertando el equivalente al valor agregado que exportan.

Desplegar una eficaz estrategia antiinflacionaria

En lo que va de año la inflación ya está en 7.7 %. Si esta tendencia se proyecta al resto del año, la inflación puede superar el 25 %. Sobre todo si tomamos en cuenta que el lado malo del ajuste cambiario es el encarecimiento del componente importado, lo cual atiza aún más la inflación.

El control de precios ha mostrado sus límites. Se controla el precio final pero se aumentan los sueldos y se mantienen liberados los precios de las materias primas, insumos y maquinarias. Así, hasta en las cooperativas de la economía social los costos de producción superan el precio controlado y desestimulan la producción. Como nadie produce para perder, surgen brotes de acaparamiento que agravan la escasez. Para evitar este círculo vicioso hay que diseñar una estrategia antiinflacionaria eficaz, con decisiones coherentes en política fiscal, monetaria, cambiaria y de precios, así como en materia de política agrícola, industrial y tecnológica.

La clave del éxito está en reactivar el aparato productivo, reindustrializar la economía nacional y dinamizar los canales de distribución y comercialización para derrotar la escasez, el acaparamiento y la especulación. 

No monetizar el déficit fiscal

Si el gobierno o algún ente público con déficit requiere financiamiento, suelen emitir obligaciones para que sean adquiridas por inversionistas nacionales o extranjeros, por la banca, o por el BCV. Entre los activos que puede adquirir un banco central figuran los títulos valores, como bonos y pagarés. Y cuando un instituto emisor adquiere un activo, entonces crea dinero primario con el que realiza la compra.

Cuando los bancos centrales pueden crear dinero, suele ser una tentación para un gobierno en déficit buscar financiamiento en el instituto emisor, a través de la emisión de bonos u otras obligaciones que la autoridad monetaria les compra. Justamente esto es lo que se conoce como la monetización del déficit fiscal.

Actualmente el déficit del sector público consolidado esta en el orden del 15 % del PIB (incluye PDVSA, empresas básicas y empresas nacionalizadas). Este déficit se presenta en momentos en que los precios del petróleo han perforado la barrera de $ 100 dólares/ barril.

Si el financiamiento del déficit fiscal por parte del BCV se convierte en una práctica reiterada y creciente, las consecuencias son nefastas. La expansión de la liquidez monetaria sin respaldo en el aumento de la oferta de bienes y servicios, se traduce en un deterioro del poder de compra de la moneda. Por lo tanto, se trata de prescindir del financiamiento del gasto público a través del BCV para evitar las emisiones de dinero inorgánico que atizan la inflación.

Sin embargo, las modificaciones a la Ley del BCV están transformando al instituto emisor en un gran financiador del déficit fiscal. Hasta PDVSA y otras empresas públicas no financieras ahora pueden endeudarse con el BCV. De hecho, al cierre de 2012, la deuda neta de la petrolera con el instituto emisor superó los 165 millardos de bolívares, justo en el año en que se vendió el petróleo al mayor precio. En el caso de las otras empresas públicas no financieras, su deuda neta con el BCV superó los 15,5 millardos de bolívares al cierre de 2012.

Eliminar el impuesto inflacionario

La monetización del déficit mediante el financiamiento del BCV al gobierno ha provocado un crecimiento de la liquidez monetaria en torno a un 65% interanual. Y ésta es una de las causas propagadoras de la inflación. En la práctica se trata de un impuesto inflacionario que recae con más peso sobre la capacidad de compra de los sectores que viven de un ingreso fijo.

De continuar esta situación podríamos caer en un proceso perverso de creación desproporcionada de dinero base y de expansión de oferta monetaria sin el debido respaldo, lo cual inevitablemente nos llevaría a sufrir una inflación cada vez mayor. De hecho, el uso de las reservas internacionales del BCV por parte del gobierno, y el financiamiento del gasto público a través de la emisión de dinero inorgánico están comenzando a generar efectos inflacionarios no deseados. Es necesario recordar una vez más que en todos los países donde se ha incurrido en un desenfreno fiscal, las consecuencias inflacionarias han sido inevitables y ha afectado sobre todo el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.

Habría que repensar la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, según la cual el Ejecutivo podrá contraer nueva deuda sin necesidad de contar con la aprobación de la Asamblea Nacional, ni la opinión favorable del BCV.

Sincerar el precio de la gasolina

Sería preferible obtener los ingresos fiscales que hacen falta sincerando el precio de la gasolina. No obstante, el gobierno está preso de un rígido tabú en torno al precio de la gasolina.

En 1989, el aumento del combustible fue el detonante del Caracazo, más no la causa de aquellas protestas. Las mismas fueron la expresión del descontento acumulado por la aplicación de un conjunto de medidas antipopulares, tales como: liberación de precios, eliminación del control de cambio, aumento de las tasas de interés, privatización de empresas con la pérdida de millares de puestos de trabajo. Hoy la situación es muy distinta y no hay ningún tipo de riesgo de que se produzca un segundo Caracazo. El pueblo ha recibido el impacto positivo de la política social del Gobierno Bolivariano y está cada vez más consciente del despilfarro que estimula una gasolina tan barata. Por eso respaldaría la medida de sincerar el precio de la gasolina, siempre y cuando buena parte de estos ingresos adicionales se reorienten hacia la inversión social y la modernización del transporte público, en lugar de seguir regalando el combustible a los poderosos que ostentan varios vehículos y son los únicos que se benefician con la gasolina subsidiada.

La gasolina barata significa un subsidio que favorece a los propietarios de vehículos con alto consumo de gasolina, mientras que los más pobres se ven obligados a usar un transporte público todavía deficiente. En otros países, para llenar un tanque de 60 litros hay que pagar $ 60, mientras que en Venezuela sale por menos de $ 1. Una botellita de agua cuesta 20 veces más que un litro de gasolina. Si comparamos el precio interno con el internacional el subsidio anual supera los $ 15.000 millones, superior a las transferencias de PDVSA a las misiones sociales, que son de $ 14.000 millones.

Reducir el peso de la deuda externa

La deuda pública externa completa significa sumar la deuda de la administración central, la de PDVSA, los préstamos otorgados por China, Rusia, Brasil, así como los pagos pendientes por la expropiación de empresas.

La deuda pública externa se encontraba en $ 28.050millones en 1998 y se mantuvo alrededor de $ 30.000 millones hasta 2007. A partir de allí ha aumentado en términos absolutos. Consolidando las emisiones de deuda soberana y los petrobonos de Pdvsa al cierre de 2012, asciende a $ 105.779 millones, lo cual representa un aumento en más de 277%. De este total,  $ 62.205 millones corresponden a PDVSA y 20.000 millones de préstamos chinos. Está conformada de la siguiente manera:

A la anterior tasa de cambio de 4.30 Bs/$ la deuda externa representaba un 23,6 % del PIB. Este porcentaje que se consideraba manejable, se ve alterado por la nueva paridad cambiaria. Para valorar mejor el verdadero peso de la deuda externa, además de esta relación con el PIB, conviene observar también su correlación con las reservas internacionales, la velocidad del endeudamiento, las condiciones de plazo y tasas de interés a las que se contrae, así como las fuentes de divisas para su cancelación. Sobre esta base, estaremos en mejores condiciones de estimar si la deuda externa realmente está en un monto razonable y dentro de rangos manejables.

En primer lugar, hay que considerar el impacto de la reciente devaluación sobre el PIB en dólares. El mismo PIB en bolívares se altera en dólares si se convierte a la tasa de cambio de 4.30 Bs/$ o a 6.30 Bs/$. En dependencia del tipo de cambio al cual se divida el monto del PIB en bolívares, el resultado será muy diferente en dólares y, la correlación Deuda/PIB también se alterará. Con la nueva paridad el PIB no llega a $ 400 mil millones sino que se reduce en un 46,5 %, que fue el porcentaje de la devaluación. Aunque se trate del mismo PIB en bolívares, al dividirlo entre una tasa de cambio mayor, el resultado del PIB en dólares ahora es menor. Por lo tanto, el endeudamiento externo como porcentaje del PIB ahora es mucho mayor.  

Otro asunto muy importante es el costo de la deuda. Si Venezuela tiene que emitir deuda a dos dígitos, mientras que otros países con más problemas lo hacen a menos del 10%, la deuda Venezolana puede estar resultando muy cara; y, en dependencia del plazo, el solo pago de intereses puede llegar a ser mayor que el monto de la deuda. En otras palabras, si Venezuela paga 10% de interés por colocar bonos de deuda nacional y EE.UU. solo paga 2%, esto quiere decir que la deuda está resultando muy cara para Venezuela. Por lo tanto, quienes participen en estas operaciones tienen que velar por el patrimonio nacional. Es contrario al interés nacional un endeudamiento de la República a tasas superiores a 12%.

Fortalecer las Reservas Internacionales

Las Reservas Internacionales son los recursos en divisas que tiene un país para garantizar las importaciones y el servicio de deuda externa, en caso de un déficit en cuenta corriente o limitaciones de financiamiento externo expresados en la cuenta capital.

Financiar el déficit fiscal por la vía transferencias de reservas internacionales al FONDEN  tiene como consecuencia una presión sobre la liquidez monetaria, lo cual acelerará la presión alcista sobre los precios. Por los estragos inflacionarios que ya está causando, habría que revisar y rectificar las reformas que se hicieron al Decreto que creó el FONDEN, a través del cual se le autoriza a emitir títulos y realizar operaciones de endeudamiento. También debería revisarse y rectificarse el decreto que creó la Contribución Especial de Precios  Extraordinarios y Exorbitantes en el Mercado Internacional de Hidrocarburos. Como se sabe, las transferencias de PDVSA al FONDEN derivadas de los altos precios petroleros, podrán ser hechas tanto en divisas como en moneda nacional. Si bien es cierto que cuando PDVSA vende dólares al BCV se incrementan las Reservas Internacionales en poder del BCV, hay que tener en cuenta que al superar el nivel de Reservas Adecuadas, el excedente termina siendo traspasado al FONDEN, por lo cual, lejos de aumentar las reservas Internacionales, finalmente terminan financiando el creciente gasto fiscal.

La relación Deuda Pública Externa vs Reservas Internacionales puede ofrecer un criterio adicional para estimar el peso de la deuda y convenir el nivel adecuado de reservas internacionales, en función de los compromisos de deuda y de importación. De allí que un asunto clave se refiere a la fuente de divisas que permiten pagar la deuda externa. En Venezuela es el petróleo. Aunque se trata de un recurso que siempre se vende, su cotización no deja de ser errática. Venezuela sigue siendo un país mono-exportador y suele sufrir una caída de sus ingresos en divisas ante cada recesión de la economía mundial, lo que podría afectar su capacidad de pago. Minimizar el impacto sobre la capacidad de pago de los altibajos del precio del petróleo exige diversificar las exportaciones para generar fuentes alternas de divisas y de menor fluctuación.

El autor es investigador en el Centro Internacional Miranda.

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