1. Guerra política entre 4ª y 5ª República

"Con esta ofensiva económica estamos buscando la estabilización de los precios justos y lo estamos logrando," anunció el Presidente Nicolás Maduro el viernes pasado, refiriéndose a los superpoderes ejecutivos que le otorga la nueva Ley Habilitante. Todo economista sabe que no hay precios justos en la selva capitalista, pero esa imprecisión es secundaria. Porque la llamada ofensiva económica del gobierno no es económica, sino política: destinada a ganar las elecciones del 8 de diciembre. Y en el gran ajedrez del poder entre la 4ª y 5ta República venezolana, es sólo una medida táctica más de estira y afloja entre la vieja clase dominante oligárquica y la Nueva Clase Política Bolivariana.

2. Simulación de guerra económica

Si tal estratagema política dará sus frutos esperados se verá el día de las elecciones. En lo económico es evidente que no resolverá los grandes problemas sistémicos del modelo venezolano, entre ellos: el diletantismo económico imperante en Miraflores y el uso clientelar y cupular de la riqueza nacional petrolera; la hiperinflación; la parálisis de la esencial función cibernética-reguladora de los precios de mercado; el auto-destructivo sistema de cambio del dólar y la amplia corrupción. No los resuelve, porque, en suma, el efecto de las medidas conocidas hasta ahora, es pro-cíclico.

3.  La guerra real: lucha hegemónica por el plusproducto

Más allá de las neblinas retóricas, lo que sucede hoy día en Venezuela no es más que la continua lucha hegemónica por el control del plusproducto petroléro entre diferentes fracciones políticas del capital: la neoliberal y la socialdemócrata. Esa lucha comenzó con la llegada al poder de Hugo Chávez. Desde entonces, ninguna de las dos partes ha podido derrotar definitivamente a la otra. En términos políticos es la lucha entre la histórica clase oligárquica dominante y la Nueva Clase Política Bolivariana; en cuanto al modo de producción, que es lo decisivo en toda evolución social, se trata de un conflicto intra-capitalista. Por una parte, los protagonistas de un modelo de desarrollo socialdemócrata-keynesiano --bien ejecutado en lo social, mal ejecutado en lo económico-- y por otra, los representantes de un modelo neoliberal-parasitario. Ambos modelos marcados por las características del capitalismo dependiente. Sobra decir, que ninguna de las dos fracciones de la clase dominante actual procura llegar al Socialismo.

4. Otra guerra económica condenada al fracaso

La nueva guerra económica del actual gobierno venezolano es una copia espiritual fiel de la Ley Habitante del 18 de Julio 2011. En aquella Ley de Costos y Precios Justos (Decreto 8.331), el Comandante Chávez trató de acabar con los abusos flagrantes del poder monopólico en muchos sectores de la economía, la generalización de prácticas especulativas, la existencia de precios altos y el pago de precios altos por parte de los consumidores.Se trataba, nada menos, que de la implementación de políticas de democratización de acceso de todas las venezolanas y todos los venezolanos, de manera equitativa, a los bienes y servicios.

Como demuestra la crisis actual, la ley no sirvió para nada. Las razones de su fracaso fueron dos: un desconocimiento profundo tanto de la economía de mercado como de la economía del Socialismo del Siglo 21, y la decisión política de comprar la paz interna permitiéndole a la oligarquía la apropiación de una gran parte del plusproducto nacional.

5. El precio justo

Buscar un precio justo en una economía de mercado es un empeño quijotesco. Los precios de las mercancías --desde salarios, interés bancario, renta de la casa, precio del dólar, el pan y hasta las acciones bursátiles-- son el resultado del poder económico, político, cultural y militar, que cada uno de los actores económicos puede movilizar. Es ese diferencial de poder que explica porque los capitalistas son ricos y los trabajadores son pobres. La única forma de cambiar tal situación es una revolución que le quita el poder a la clase dominante.

La calificación de los precios como altos, bajos, justos o injustos, es un juicio subjetivo. No es un dato objetivo de la realidad, como, p.e., una distancia geográfica. Tratar de definir un precio objetivamente justo en una economía de mercado es científicamente imposible. Es la fuerza de las clases sociales en lucha y del carácter de clase del Estado, que define los precios económicos.

6. La pregunta decisiva

La pregunta real en Venezuela es, por tanto: ¿Tiene el gobierno de Maduro el poder para imponer precios oficiales a las mercancías y los sectores capitalistas del país e internacionales? La respuesta es obvia: no lo tiene y no lo va a tener. ¿Por qué no? Porque precios oficiales sólo pueden establecerse: a) después de quitarle a la clase dominante los medios de producción y, b) después de establecer un sistema centralizado de administración económica. Esto es lo que hizo el Socialismo del Siglo 20. Pero, en Venezuela no se cumple ninguno de los dos requisitos. Y, las limitaciones de ciertos precios que Maduro empieza a aplicar de manera discrecional (sic) ahora, existen en todas las economías de mercado. Y, en muchos países, con mayor rigor.

7. Justicia económica sólo puede haber en la economía socialista de equivalencia

El problema de la justicia económica y del precio justo sólo puede resolverse mediante una secuencia de tres pasos:

a) saliéndose de la ilusión monetaria (John M. Keynes) y su expresión subjetivista, los precios;

b) cuantificar objetivamente (mediante el tiempo de trabajo = valor) las aportaciones económicas de cada ciudadano, tanto aquellas que se realizan directamente en la producción, circulación y distribución, como las indirectas (educación);

c) garantizar estatalmente la retribución y el intercambio  equivalente.

El paradigma económico correspondiente del Socialismo del Siglo XXI, la economía de equivalencia, fue desarrollado por el científico universal Arno Peters, quién sintetizó la teoría del valor de la economía clásica (Marx, Ricardo, Smith) con la Primera Ley de la termodinámica (equivalencia entre calor y trabajo). Sólo en ese modelo de economía post-mercado, democráticamente regulada por las mayorías, se puede hablar de precios justos y del fin de la explotación laboral. No hay explotación (injusticia) en la economía, porque el valor del trabajo aportado por el ciudadano a la sociedad es igual (equivalente) al valor recibido en su remuneración (canasta). Por lo mismo, no hay plusvalor (ganancia).

8. El Socialismo del Siglo 21 está a la mano

Este programa coincide con el de Marx, formulado en la Crítica al Programa de Gotha: los trabajadores deben recibir el pleno valor de su jornada de trabajo, menos los fondos sociales decididos democráticamente por los ciudadanos. Coincide también con el Programa General de Transición hacia la Economía Política del Socialismo del Siglo XXI en América Latina, que dimos a conocer en Caracas a fines del 2008 y el Programa de Transición al Socialismo del Siglo XXI en la Unión Europea, que presentamos el año pasado en Berlín, con destacados científicos europeos, latinoamericanos y asiáticos. 

El paradigma científico del Socialismo del Siglo 21, con sus dos componentes de la economía de equivalencia y la democracia participativa, ha estado a la disposición de los intelectuales y del gobierno venezolano desde hace más de una década. Por ejemplo, la fundamental obra de nuestros autores Paul Cockshott y Allin Cottrell, Hacia el socialismo del siglo XXI (PDF en Español en http://www.dcs.gla.ac.uk/~wpc/reports/tns_spanish.pdf), fue publicada por Monte Ávila Editores, en el año de 2007. La mía, Hugo Chávez y el Socialismo del Siglo 21, fue publicado más de veinte veces en Venezuela por sindicatos, municipios y movimientos sociales. Congruente con su carácter de clase y su proyecto desarrollista burgués, el gobierno central nunca la publicó. Y el sector educativo de la Revolución, controlado por burocracias internas y externas, bloqueó sistemáticamente su promoción.

Hoy día, el libro de Paul y Allin puede obtenerse también en inglés en una edición Kindle en Amazon (http://www.amazon.com/dp/B00G9AW5US). De tal manera, que todos los ciudadanos interesados en construir la democracia participativa de los pueblos, pueden documentarse sin problemas y censuras. Inclusive, el gobierno podría enterarse por esta vía del paradigma del Socialismo Científico del Siglo 21. Sería útil, por si en algún momento de su futuro piensa emprender una política económica socialista real y seria.

Heinz Dieterich 17.11.2013