Para la implementación de cualquier política, especialmente la de resolver pacífica y democráticamente el conflicto político en Venezuela, se requiere un mínimo de coherencia. Esto no es fácil, especialmente cuando la comunicación misma se halla tan enferma en este país, cuando las palabras no se creen, hay cambios de línea cada mes sin casi explicación, y se extiende una epidemia de paranoia violenta que afecta a los dos sectores que polarizan el debate. La mayor responsabilidad en mantener la coherencia en el mensaje político, es de la dirigencia, especialmente, del gobierno. Por eso, cuando el Presidente Maduro plantea que su objetivo es la PAZ y el respeto a la Constitución y al legado de Chávez, y para ello sirve su propuesta de Constituyente, debe demostrar su liderazgo, unificando su propio discurso así como los de aquellos que dicen seguirlo disciplinadamente.

Eso no está ocurriendo, y ya la incoherencia de la oposición se le ha contagiado a algunos voceros del gobierno Partido-burocracia-FFAA. Basta contrastar el discurso de un Ernesto Villegas o Tania Díaz, con los insultos y amenazas de Carreño y Silva (y hasta Cabello), para comprobar esa incongruencia.

Ya se sabe, y lo corrobora la opinión de la mayoría de los venezolanos medida en varias encuestas, que no existe un liderazgo coherente en la oposición. La base opositora ha sido llevada de política en política, bruscamente, siempre aprovechando el inmediatismo y la emotividad catártica, alimentada de odio y rabia, y estimulada por la atroz crisis económica. Revocatorio, Constituyente, renuncia del presidente, diálogo, rebelión, todo lo anterior y revuelto. Trancas, guarimbas, vandalismo encapuchado. Lo único constante es derrocar como sea a Maduro. Ningún aporte serio para superar la crisis económica que agobia a los venezolanos. Sólo derrocar, darle rienda suelta a la revancha; perseguir y castigar. Por cierto, ya han circulado listas para perseguir a chavistas y hemos visto las atroces consecuencias en palizas a personas que apenas se parecen físicamente a funcionarios del gobierno. Se está jugando cruelmente a una Ruanda en Venezuela.

Ya es un hecho que el líder de la oposición venezolana es el Secretario General de la OEA, Luís Almagro. Es él quien ha generalizado la nueva consigna de los opositores, que ya no es la realización de las elecciones regionales y locales pendientes según la Constitución, ni siquiera las elecciones de los diputados a la Asamblea Nacional que le garantizaban los dos tercios de los votos en el Parlamento para poder, entre otras cosas, renovar la membrecía del CNE y hasta del TSJ. No, nada de eso. Ahora, ante la disposición del presidente Maduro de realizar las elecciones regionales, expresada a finales de abril, Almagro, secundado por Borges, ahora plantea elecciones generales, acto para cuya realización haría falta, o violar la constitución abiertamente, o cambiarla mediante la realización de una Constituyente. A menos que, otra posibilidad, se desate una guerra civil con intervención extranjera.

Lamentablemente, la incongruencia política se ha generalizado. Como la oposición, del lado del gobierno, por un lado se ofrece la mano para el diálogo, pero, por el otro, se mata la confianza con agitando un puño. Se invita a una discusión abierta y, de inmediato, se pasa a la violencia verbal. No contribuye al diálogo, mucho menos a la Paz y a la posibilidad de la participación, cuando, en lugar de guardar el debido respeto ante los muertos en las calles, el presidente se pone a bailar salsa en público; o se sueltan los perros rabiosos, como el inefable Carreño, para amenazar con supuestas patrullas armadas del PSUV, mientras la GN y la PN se saltan los procedimientos de las detenciones, no se garantizan los jueces naturales y se resucita la práctica favorita de la represión de los gobiernos de Betancourt y Leoni para reprimir a la izquierda: los tribunales militares. Todo esto en medio de la multiplicación de los muertos por perdigones, bombas lacrimógenas y bala.

Una de esas campañas de cacería de brujas, incongruente con la línea general de Paz, se inició a raíz del desacuerdo público de la Fiscal Luisa Ortega Díaz, con las sentencias de la Sala Constitucional. Por cierto que esas observaciones críticas fueron tomadas en cuenta por el Presidente Maduro y fueron efectivamente corregidas por la misma Sala del TSJ. Pero se soltaron los perros rabiosos. Las acusaciones de traición empezaron a orquestarse. Saúl Ortega en Carabobo fue uno de los primeros que se agarró de la excusa de las observaciones formales de la Fiscal acerca de las detenciones masivas que se están realizando, para señalarla como presunta cómplice del "terrorismo". La cadena de acusaciones orquestadas continuaron: Freddy Bernal, Iris Varela, algunos columnistas de Aporrea.

Naturalmente, la campaña contra la Fiscal arreció cuando se "filtró" a las redes sociales una carta de la Fiscal, sentando su posición crítica ante la Constituyente, ya con el sello de recepción de la oficina del Ministro Jaua, el jefe de la comisión presidencial, el que debe garantizar que se escuchen todas las opiniones y de buscar consensos acerca de la Constituyente por la Paz. De nuevo, Carreño pasó al ataque, secundado por el pintoresco Mario Silva. Las acusaciones ahora llegan al extremo de señalarla como protectora de "terroristas". Por cierto, que es curioso ver ahora a los perros rabiosos asumir el lenguaje de George Bush.

La Fiscal está en su derecho de expresar su opinión acerca de la Constituyente, así como cualquier venezolano o venezolana, la Conferencia Episcopal de Venezuela, Fedecámaras, la Plataforma por la Defensa de la Constitución, Marea Socialista, varios gremios profesionales y sindicatos, sin contar a muchos venezolanos y venezolanas cuya voz no se está escuchando en medio de esta asfixiante polarización. Eso no la convierte en una "traidora" ni mucho menos defensora del "terrorismo", entre otras cosas, porque constitucionalmente, hay autonomía de los Poderes Públicos. Especialmente, porque la doctora Ortega Díaz, aparte de dedicar toda su vida a la lucha por los derechos humanos, acaba de publicar, para que nunca se olvide, toda la información sobre las violaciones a éstos durante la IV República, entre las cuales figura, precisamente, esa reducción de la protesta a insurgencia militar, y la aplicación de tribunales militares y detenciones arbitrarias para la represión de las décadas de los 60 y 70. No sé la autoridad moral que se arrogan Carreño y Silva para hacer esas acusaciones. Lo único que se les oye es violencia verbal, homofobia, intolerancia. Sí sé dar fe de la consecuencia de la Doctora Ortega Díaz en las luchas, de ayer y hoy, por los Derechos Humanos, la institucionalidad y el legado de Chávez.