Alguna vez hemos destruido con una torpeza, lo que ha tomado tiempo y cuidado construir. Éste amenaza ser el caso que refiero. Hemos llegado a un momento en el que son visibles los resultados de un cuidadoso proceso de estabilización política; próximos a una elección, nos encontramos predominantemente en paz, a pesar de los intentos por coaccionarnos e intimidarnos procedentes del extranjero y de sectores fascistas complotados con agentes imperiales. Sin embargo, hay una preocupación creciente acerca de la política económica, la política económica puede obstaculizar los avances en el ámbito político.
Mientras hemos ganado en estabilidad política, el éxito en el ámbito económico es mucho más relativo. La actual política económica produce incertidumbre e inestabilidad en términos sociales y ensombrece las expectativas de la mayoría de las personas. La política económica ha mantenido muy bajos -de manera insensible hasta ahora- los ingresos de los trabajadores; sobre todo, los del sector público, aunque esta tendencia influye, en general, sobre los ingresos del sector laboral y de pensionados, llevando a límites que son visiblemente injustificables, incluso tendientes a cero (¡!). Tal nivel de salarios debería ser claramente inconveniente, y carga sobre los más humildes todo el costo de un ajuste que en poco contribuyeron éstos a provocar.
La política económica actual apunta a generar una sociedad más injusta y desigual, retrocediendo gravemente en los logros que, en este sentido, tuvimos en el pasado más o menos reciente, pero que lucen hoy lejanos. Por ello, es necesario un giro notable en política económica que modifique esta sensación y contribuya a generar confianza en toda la población, reforzando, por lo tanto, los avances visibles también en el ámbito político. La política económica necesaria es una que busque elevar la producción y distribuir el crecimiento económico entre toda la población, compensando debidamente el esfuerzo para producirlo, aún entre empresarios y trabajadores. Pero, los trabajadores deben recibir la adecuada compensación por su esfuerzo; éste es el punto de partida de cualquier definición de justicia.
Sin este punto de partida esencial es muy difícil hablar de un país de todos y para todos. La política económica debe enfocarse inmediatamente en elevar el ingreso de los trabajadores, así como la capacidad del Estado para dar respuestas a las demandas de la sociedad, sobre todo, en términos de servicios sociales, seguridad y protección de la población vulnerable.
En el extranjero, hay una suma cuantiosa de dinero que poseen algunos venezolanos, en ningún caso, esta suma es menor a DOSCIENTOS MIL MILLONES DE DÓLARES, yo diría que probablemente es el doble como mínimo. El caso es que, Venezuela posee enormes recursos y riquezas de todo tipo: naturales, de infraestructura… incluyendo su población con capacidad de trabajo. Es decir, Venezuela no es un país quebrado. Venezuela tiene recursos y ofrece oportunidades muy atractivas para iniciar su recuperación; no es, entonces, forzando a los trabajadores a trabajar gratis como se va a recuperar el país.
Venezuela es además el país con menores impuestos de la región. Es necesario asegurar que esos impuestos ingresen efectivamente al fisco y se usen bien, en beneficio de la población.
El sector financiero debe recapitalizarse para ofrecer más créditos y mejores servicios a sus clientes y al sector productivo.
Sin mejorar el ingreso de los trabajadores no se puede sentar las bases para un crecimiento económico sostenido y más equitativo.
Un giro necesario en el ámbito económico es imprescindible. Nuevas medidas son una demanda de la sociedad. Una nueva política económica es condición también para la estabilidad política.
