No se equivoca el Presidente Maduro, al definir el derecho al Bienestar como el derecho humano más vulnerado por las acciones punitivas y unilaterales del imperialismo (EEUU-UE), en su intención perversa y criminal de procurar un cambio de régimen en Venezuela. A lo que debemos añadir, que el otro derecho fundamental y Constitucional más cercenado en Venezuela, ha sido el del derecho de Petición, pero en este caso, vulnerado por la burocratización de malos funcionarios y/o servidores y servidoras públicas. Si al conglomerado de servidoras y servidores públicos o funcionariado, llamamos burocracia; burocratismo, lo definiremos como el arte de esa burocracia de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil. Si Weber definió a la burocracia, en su acepción positiva como una forma de organización que realza la precisión, la velocidad, la claridad, regularidad, exactitud y eficiencia, conseguida a través de la división prefijada de las tareas, la supervisión jerárquica y detalladas reglas y regulaciones. La burocratización, representa todo lo contrario. Fidel, siempre alertaba de lo malo que era: "…creo de todo corazón que el socialismo tiene que cuidarse del burocratismo tanto como del imperialismo. (…) Pero es un mal grande del cual no nos damos cuenta, del que no tenemos conciencia. Y, sin embargo, es un gravísimo mal, estorba la producción, consume en tareas innecesarias las mejores inteligencias, consume mucho de la energía del pueblo". (Fidel Castro Ruz, "Discurso pronunciado en la concentración conmemorativa del VI aniversario de la revolución, La Habana, 2 de enero de 1965"). Enfatizaba con mucha vehemencia, que:
"Una revolución es una tarea de pueblo. Y el método burocrático está en contradicción absoluta con el principio de la revolución socialista." (Fidel Castro Ruz, Palabras pronunciadas en la reunión con los trabajadores bancarios, La Habana, 16 de octubre de 1961). Hugo Chávez, en plena sintonía con Fidel, llamaba a romper con la vieja política en la que la palabra "Pueblo" no tenía cabida, huele mal y es objeto del repudio generalizado de la burocracia en funciones de gobierno. Hugo Chávez, proclamó su visibilización y les dio protagonismo, empoderó al pueblo y le indicó a esa burocracia, que la "voz del pueblo, es la voz de Dios", valga decir, palabra sagrada y como tal, debe ser escuchada, atendida y remediada cuando así lo reclamare ese pueblo. Así lo plasmó, el propio Hugo Chávez, como un mandato Constitucional fundamental:
"Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionados conforme a la Ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo" (Art. 51, CRBV). El mandato Constitucional, en sí mismo, engloba derechos y deberes que de aplicarse rigurosamente, no deja espacios libres para que la burocratización se mueva como pez en el agua en los espacios de articulación de la Administración Pública pues la sola posibilidad de que el funcionario, servidor o servidora pública pueda ser sancionado con la destitución de su cargo pone a pensar a más de uno en la posibilidad de atender o no los requerimientos y exigencias de este mandato Constitucional. Es decir, este mandato Constitucional, se constituye en un arma no convencional anti-burocratismo, razón por la cual se hace necesario darle fuerza de Ley y no dejar, como hasta ahora ha ocurrido, que sea la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, una Ley que heredamos de la cuarta república, la que continúe regulando dicho mandato Constitucional. El derecho a petición, ha formado parte de las Constituciones de 1961 y 1999, con una diferencia bien notable, que es a partir de 1999 que se le agregó al artículo antes mencionado el añadido: "…Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionados conforme a la Ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo" (Art. 51, CRBV). Lo que nos indica de la importancia que le dieron los constituyentistas de 1999 y el propio Comandante Chávez, a dicho artículo en la Constitución. No obstante, ello no ha sido comprendido en toda su amplitud, muy en especial, del rol que juega -dicho mandato Constitucional- en la lucha contra los infiltrados e infiltradas en la Revolución.
En artículo previo (Presunta corrupción en un banco…), analizábamos el caso de José Morales, quien preside el Banco de Venezuela. Éste personaje, ha sido emplazado por 11,5 mil trabajadores y trabajadoras de la UCV para que les explique: qué ocurrió con sus activos en divisas, si desaparecieron o no y quién se los robó. Durante un año con sus meses, la directiva de CAPSTUCV o Caja de Ahorros, se ha estado dirigiendo a dicho personaje en procura de respuestas a las inquietudes de esos miles de trabajadores y trabajadoras y el personaje en cuestión no les ha dado la cara, se ha puesto escurridizo y juega a las escondidas. Lo que, a fin de cuentas, ha propiciado las sospechas de que algo malo le ocurrió a los activos en divisas de ese grupo importante de trabajadores y trabajadoras de la Patria. El hecho, se empantana pues entre los directores principales del banco se encuentran dos diputados electos en filas del Polo Patriótico Simón Bolívar y un dirigente nacional del PSUV, quienes se verían involucrados en un presunto hecho de corrupción que quizás desconozcan esos directores principales. No obstante, nada los inmuniza de responsabilidad pues debieron atender –diligentemente- sus funciones y quizás, no se hubiera llegado a esta situación que mantiene en vilo a 11,5 mil trabajadores y trabajadoras. En el análisis de los hechos, se verifica que, a partir del desprecio de José Morales a miles de trabajadores y trabajadoras, al no atenderlos, obviando el mandato Constitucional 51, derecho de petición, se evidencia una situación no cónsona con el legado de Hugo Chávez, quien siempre dio la cara y enfrentó las situaciones que le tocó vivir, como quedó demostrado desde el mismo momento en que encabezó la rebelión militar del 4F y asumió su responsabilidad ante esos hechos, por los cuales pagó prisión. Después, la experiencia de gestión de gobierno lo llevó a compenetrarse con el pueblo venezolano, que siempre le acompañó y respaldó en sus actos que orientó en función de llevarles la mayor suma de felicidad, que le hizo ganar el amor del pueblo venezolano y en contraprestación, siempre hizo del "amor con amor se paga" más que un eslogan, su propio método de relacionarse con el pueblo venezolano, hasta elevarlo a una categoría superior: "la voz del pueblo es la voz de Dios". ¡Cuando no se escucha la voz del pueblo, se traiciona a Chávez!
Por eso, enfatizamos en que el derecho a petición es un derecho fundamental Constitucional, que nos permite detectar y ubicar a las y los infiltrados en este proceso de Revolución Bolivariana. Un infiltrado, infiltrada, como todo traidor y/o traidora, no dará respuestas nunca a las exigencias del pueblo venezolano porque su objetivo será destruir la Revolución desde dentro, propiciará el descontento del pueblo con su Gobierno y no atenderá a ese pueblo que le reclama su atención. De allí, que ese artículo 51 sea un valioso instrumento de detección de las y los infiltrados en la gestión del gobierno bolivariano, que debe ser perfeccionado con un instrumento de Ley que le dé cuerpo al apartado final del artículo 51 Constitucional, algo así como una Ley de un solo artículo, redactado como sigue: Artículo Único: "Todo funcionario, servidor o servidora pública que no atendiere la solicitud o petición de persona interesada en asuntos de su competencia o entidad bajo su cargo, y no diere oportuna y pertinente respuesta en un lapso no mayor de 30 días continuos, será causal de destitución o remoción de su cargo". Así, se acabaría con tanta indolencia causada por funcionarias y funcionarios ineptos como José Morales, que no justifican su permanencia en altos cargos de la Administración Pública, haciendo mucho daño a miles de trabajadores y trabajadoras.
