La construcción de una organización política que impulse la revolución democrática, socialista y para la independencia nacional, implica que sus principios sean en alguna medida consistentes con el espíritu y propósito del poder constituyente que dio lugar al texto constitucional en 1999. Es un error que quienes se identifiquen con el proyecto socialista para Venezuela, descarten contenidos constitucionales progresistas, desplazando la atención hacia dogmas socialistas, regresivos en cuestiones de libertad, derechos fundamentales y alteridad cultural, o sencillamente inviables, frente al cuadro de relaciones de fuerza y condiciones histórico-culturales concretas de la sociedad venezolana. Una de las enseñanzas fundamentales del revés electoral de diciembre de 2006 es que la propuesta de reforma constitucional fue evaluada en algunos de sus aspectos, como una modificación ilegal e ilegitima de valores-principios de la cultura política predominante en la subjetividad del pueblo, además explícitamente reconocidos en el texto constitucional. No se trataba simplemente de una “campaña negativa” del poder mediático capitalista. La propuesta de reforma no fue percibida positivamente ni siquiera por la totalidad de los votantes bolivarianos del año 2006.
El camino de una reforma constitucional, no permitía “adaptarla ni dotarla de elementos que consolidaran el avance hacia la ruptura del modelo capitalista burgués”, ya que introducir éstos elementos normativos implicaba un quiebre de los valores-principios fundamentales que predominan en el imaginario y subjetividad democrática del país. No fue que no se comprendió el socialismo. En muchos aspectos, si se comprendieron perfectamente las implicaciones políticas antidemocráticas de algunas de las normas propuestas en el proyecto final de Reforma. En este sentido, la política de las tres R no pueden terminar significando: revisar “todo”, rectificar “nada” y reimpulsar “lo mismo”. Rectificar es la clave del reimpulso. Si no se rectifica, entonces más de lo mismo nos conducirá con seguridad al peor de los escenarios. Se requiere una renovación profunda, radical, revolucionaria de las premisas y supuestos desde los cuales se está imaginando-pensando el imaginario socialista, enfrentando los desafíos de su viabilidad histórica. Un socialismo sin factibilidad democrática es un dogma vacío de contenido histórico-concreto. Entre las debilidades argumentativas que orientan a factores de dirección del proceso socialista bolivariano está considerar al texto constitucional de 1999 como una constitución esencialmente capitalista, burguesa y liberal-democrática. No observar las fisuras, los aspectos contra-hegemónicos y revolucionarios de la constitución de 1999, sigue siendo un pasivo para la dirección revolucionaria. Desde esta premisa, se encadenan un sinnúmero de graves errores de estrategia y táctica política.
El texto de 1999 garantiza cuatro principios que son consustanciales para un proyecto socialista con futuro: independencia/autodeterminación nacional (carácter contra-imperial), soberanía popular/democracia participativa (carácter radicalmente democrático), estado de justicia (justicia material, no solo formal), bienestar social (desarrollo humano que permita una calidad de vida digna). Con estos cuatro principios podía edificarse un mensaje socialista claro, sencillo, conciso y preciso: independencia nacional, democracia participativa, estado de justicia material y bienestar para todos. Es imposible que un régimen de producción, propiedad y mando capitalista logre concretar valores, principios, derechos y garantías de una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, cuyo centro sea la justicia material. Ninguna constitución capitalista propugna un estado de justicia. Pero los dobles mensajes invadieron la esfera pública, desfigurando el mensaje socialista hacia una sola dirección: reelección continúa del Presidente. En las democracias liberales clásicas no se asegura fundamentalmente el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social, la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna, sino la “libertad y propiedad económica burguesa”. El texto constitucional encierra un sistema de principios y valores que apunta claramente a formas de socialismo avanzadas, democráticas, libertarias, desde reivindicaciones nacionales afirmativas, revolucionarias, integracionistas y pacíficas, descartando formatos burocrático-despóticos de socialismo.
Los derechos humanos y ambientales no son simples inventos burgueses. Una reforma constitucional mejor diseñada podía construirle viabilidad a normas que hicieran posible la organización de una economía mixta al servicio de las necesidades-aspiraciones de justicia social del pueblo, en un marco de amplias libertades políticas y garantías a los derechos fundamentales. Una propuesta económica socialista, en una economía que goza de importantes excedentes de renta petrolera, tenía que comenzar por otorgarle eficiencia y calidad a las políticas sociales re-distributivas, introducir cambios fundamentales a las políticas económicas distributivas (reparto de ingresos al capital, rentas y sueldos-salarios), antes de amenazar con cambiar las “relaciones de producción”. Los dogmas acerca de cómo cambiar “relaciones de producción” por plebiscito, sin contar con la acumulación de fuerzas materiales, espirituales y políticas indispensables, o la tesis de desmontar superestructuras como si fuese un simple castillo de naipes, constituyen ambas ilusiones ilimitadas. La obsesión por concentrar y centralizar poder, le agrega un lastre autoritario y personalista al imaginario socialista, que puede terminar por hundirlo. De esta manera, parece que es la dirigencia la que no esta aun preparada para reimpulsar formas avanzadas e ineditas de socialismo ¿Cuál socialismo?, sigue siendo una pregunta pendiente.
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