Toda las maniobras que la señora Clinton y sus aliados de la región realicen con el fin de que sea levantada  la suspensión del gobierno de la República de Honduras en el sistema de la Organización de Estados Americanos, OEA, inevitablemente deberá enfrentarse a los imborrables acontecimientos del Golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el presidente constitucionalmente electo, Manuel Zelaya, el repudio generalizado por parte de los pueblos y gobiernos de América Latina y el Caribe y de la Asamblea General de la ONU y, los irrebatibles y vigentes fundamentos expuestos por los representantes de los Estados Miembros de la OEA,  que fundamentaron la suspensión de ese Estado de la organización regional.
 
Las descaradas maniobras del expresidentes costarricence Oscar Arias para que se legitimara  el Golpe de Estado mediante el “Acuerdo” de San José y, las presiones del gobierno  “demócrata”  de Barack Obama contra el presidente Zelaya, para que se sometiera a las condiciones humillantes y vergonzosas de los golpistas que controlaban el Congreso Nacional, la Fiscalía y  la Corte Suprema, no pueden ser aceptadas por constituir la continuación de las tácticas imperiales dirigidas a darle apoyo diplomático a una “transición” del gobierno dictatorial  del general Romero Vásquez-Roberto Micheletti, a unas elecciones carentes de las condiciones básicas de legalidad aceptables en América Latina y el Caribe
 
Por la misma razón, es imposible aceptar las cuestionadas elecciones y sus fraudulentos resultados, por cuanto fueron realizadas en el marco de un Estado de Excepción  político y jurídico, condicionadas por la acción represiva e intimidatoria de los militares y policías contra la  resistencia pacífica y democrática al Golpe de Estado, con la manipulación informativa de los principales medios de comunicación en favor de los candidatos a la Presidencia y el Congreso Nacional que representaban  a quienes apoyaron el Golpe de Estado.
 
Seria contrario a la Democracia,  la Justicia y el Derecho,  que  gobiernos que dicen defender el sistema democrático como el medio más efectivo para promover, proteger, garantizar y ejercitar  los derechos humanos fundamentales; levanten la suspensión de la República de Honduras, acordada por la Asamblea  General de la OEA, luego de conocerse los diversos informes  de las organizaciones internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos, en los que se documentan y prueban las violaciones continuas, flagrantes e impunes a los derechos humanos, cometidas  por la fuerza pública hondureña y los grupos paramilitares que, al amparo de  éstas, amenazan, secuestraran, hieren y asesinan a miembros de las organizaciones democráticas y populares, que rechazan las autoridades ilegítimas  de Honduras.
 
El déficit democrático de Honduras solamente podrá repararse con el reconocimiento del actual gobierno de Porfirio Lobo de que el 28 de junio se produjo un Golpe de Estado y que en las elecciones que lo llevaron a la presidencia de la República, no se cumplieron con los standards de legalidad y democracia aceptados en el sistema interamericano, por lo que, debe ser convocada nuevamente la Soberanía Popular para que, mediante comicios libres y democráticos, los hondureños puedan restablecer la constitucionalidad de los órganos del Estado y la legitimidad de sus titulares.
 
Si la voluntad imperial que representa la señora Clinton, y los gobiernos cipayos que la secundan, imponen la presencia del ilegítimo gobierno de Porfirio Lobo en la OEA, solo conseguirá acelerar, aún más, el cortejo fúnebre que, desde hace mucho tiempo, recorre el continente en camino hacia la sepultura definitiva de ese “Ministerio de Colonias”.