En el interior del Estado Plurinacional de Bolivia estamos en presencia
de un fenómeno geopolítico de gran importancia y trascendencia. Se trata
de las rivalidades de poder existentes en torno al Territorio Indígena y
Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS). Varios actores o grupos humanos
se disputan el control de esta porción del espacio geográfico boliviano,
que tiene una extensión de 12.363 km² y forma parte del Corredor
Biológico de Conservación Madidi-Amboró, rico en recursos naturales
biológicos, madereros y petrolíferos.
Como principales actores están, por un lado, el gobierno que preside Evo
Morales, el cual está en proceso de construir una carretera para unir a
Villa Tunari, en Cochabamba, con San Ignacio de Moxos, en Beni,
atravesando el TIPNIS, y por otro lado, las comunidades indígenas de los
mojeño, yurakaré y tsiman, que se oponen a que su hábitat natural sea
violentado. En medio de estos dos actores principales aparecen otros
grupos que participan en la disputa territorial y que tienen sus propios
intereses.
Muy interesados en que la carretera se construya están algunas comunidades
de campesinos de origen aymará y quechua, provenientes de distintas partes
del Altiplano, que se han asentado en la zona sur del TIPNIS, y cuya
principal actividad es el cultivo de la hoja de coca. Pero también muy
interesado en que el TIPNIS sea surcado por una carretera está el gobierno
de Brasil, precisamente el que financia el proyecto a través del BNDES. A
todas estas, algunas ONGs, con gran influencia en las comunidades
indígenas, han conducido la estrategia de oposición al proyecto carretero.
Se trata específicamente del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación
Social (CEJIS) y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
(CIPCA), ambas al parecer con financiamiento extranjero proveniente de
países europeos y de Estados Unidos. Un ejemplo éste, de la dinámica
geopolítica en América Latina y el Caribe en tiempos de globalización.
* alportillo@ula.ve
