El Ayuntamiento de Sabarell, un municipio español de la Provincia de Barcelona, recibió el año pasado un reconocimiento destacadísimo de la ONG Transparencia Internacional. Nada menos que la valoración de ayuntamiento más trasparente de toda España. Así lo reseñaba: "Sabadell ha alcanzado el 100% de los indicadores de transparencia en todos los ámbitos analizados, y la primera posición entre los 110 principales ayuntamientos de España".
Una año después, integrantes de ese mismo ayuntamiento, incluido su alcalde, han sido imputados como responsables de una mafia de corrupción que incluía, entre otros actos delictivos, mordidas iniciales a contratistas por un monto mínimo de doce mil euros por operación, más un tres por ciento adicional sobre el valor final de las obras contratadas. Y no se trata de que sean funcionarios distintos, correspondientes a gestiones diferentes. No. Son integrantes de la misma gestión premiada y celebrada con tanta solemnidad y respeto: Máximo valor de transparencia.
ONGs como Transparencia Internacional, o empresas de evaluación de riesgos, o instituciones relacionadas con los derechos humanos, se nos han venido revelando como un fraude: Instrumentos para avalar países o gestiones de acuerdo a los intereses de sus promotores. Sus opiniones o estudios se convierten en dictámenes inapelables para la descalificación de países en el plano internacional o para el apuntalamiento de aquellos gobiernos nacionales o municipales que respondan a los intereses o modelos de tales organizaciones.
Tenemos razones más que suficientes para rechazar sus informes –en su oportunidad Clodosbaldo Russián denunció esos informes como manipulados y exentos de metodología científica-. El gobierno venezolano ha sido víctima preferida de esta ONG quien en sus calificaciones coloca a nuestro país en los niveles más alto de percepción de la corrupción, a la par que otorga las más altas calificaciones de transparencia a los gobiernos regionales en manos de la oposición.
El caso Sabadell demuestra que, cuando menos, las opiniones de Transparencia Internacional y sus respectivos capítulos nacionales, no valen nada.
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