La multimillonaria transnacional suiza Novartis, sufrió una derrota cuando el Tribunal Supremo de la India rechazó una demanda de esa compañía y dictó el pasado primero de abril sentencia favorable a los fabricantes indios de medicamentos genéricos.
El fallo también salvará a millones de personas que se benefician con productos genéricos muchos más baratos y con la misma efectividad en la salud de las personas que los ofrecidos por la transnacional.
La decisión representa una victoria para la industria de medicamentos genéricos de India y otros países del mundo, que ofrecen medicinas baratas a millones de personas.
Novartis se enfrascó desde 2006 en una larga batalla judicial para tratar de revertir la negativa de India de aprobar la patente de una versión actualizada de su medicamento contra el cáncer, Glivec.
Basándose en la Ley Nacional de Patentes, el Tribunal Supremo determinó que el Glivec no es un producto nuevo, sino la versión mejorada de uno ya existente y por tanto no representa una nueva invención con lo cual no resiste la prueba de patentabilidad.
Además, se enfatizó que la aprobación de esa patente podría amenazar el acceso a alternativas menos costosa del fármaco en naciones pobres.
Este medicamento, una crema cristalina beta del mesilato de imatinib, se utiliza para tratar la leucemia mieloide crónica y otros tipos de cáncer pues el cuerpo absorbe hasta un 30 % más que otros compuestos. Cuesta unos 2 600 dólares al mes, mientras que su equivalente genérico esta actualmente disponible en India por sólo 175 dólares.
Como era de esperar y a pesar de los tres fallos adversos en su contra (2006, 2009 y 2013) la transnacional volverá a apelar el fallo para lo cual cuenta con 90 días.
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF), que labora con gran cantidad de genéricos indios, había anticipado en una declaración que si Novartis "tenía éxito, las patentes se concederán más ampliamente en la India, algo que bloqueará la competitividad entre productores que hace que bajen los precios".
Médicos Sin Frontera denunció en el documento que la concesión de la patente a Novartis restringiría "el acceso a medicinas asequibles a millones (de personas) en la India y el mundo en vías de desarrollo”.
Si la transnacional ganaba el pleito, se hubieran expandido las concesiones a más patentes dentro del inmenso y populoso país lo que habría debilitado a la India como el principal abastecedor de medicamentos baratos a muchos países en desarrollo.
Según leyes que rigen en organismos internacionales, impuestas por presiones de los países ricos y de las grandes compañías, los "derechos intelectuales" son propiedad de los laboratorios farmacéuticos sobre las fórmulas de medicamentos que crean.
Durante cierto tiempo, el "autor" tiene esa medicina en exclusiva y la vende al precio que estima conveniente. Después de 20 años esos derechos caducan, y cualquier laboratorio del mundo puede copiar la fórmula y fabricar los mismos medicamentos, que venden mucho baratos. Pero las empresas realzan todo tipo de presión para que eso no suceda.
Una de las personas más competentes y conocedora del tema como el estadounidense Premio Nóbel de Economía, Joseph Stiglitz, significó que el sistema de patentes “pone en riesgo el acceso de la gente a los medicamentos, a la par que las compañías farmacéuticas gastan más dinero en marketing y publicidad, y desestiman la investigación. El sistema de propiedad intelectual genera hoy presiones monopólicas, altos precios y poca innovación”.
Stiglitz añadió que hoy se investiga lo que el mercado determina, no la necesidad de las personas, y sobre todo, la cantidad de clientes que padecen las enfermedades tienen que ser ricos.
Las transnacionales, basándose en acuerdos internacionales como los de la Organización Mundial de Comercio (OMC) impiden que gobiernos y países produzcan medicinas genéricas que compitan en el mercado con sus productos ya establecidos a pesar de las consecuencias nefastas que estas medidas conllevan para centenares de millones de personas en el mundo que no pueden adquirirlas por sus altos precios.
En 2000, un proyecto de producción de un antimicótico fue abandonado por la farmacéutica Aventis tras evaluar que el potencial comercial sería de solamente 400 millones de dólares y se necesitaban 500 para obtener las ganancias requeridas.
Cálculos conservadores indican que alrededor de 100 empresas de ese sector en el mundo controlan un mercado de 600 millones de dólares.
La situación llega al extremo. Desde 2008, Brasil e India han denunciado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) que la Unión Europea incauta frecuentemente cargamentos de medicamentos genéricos bajo el argumento de posibles infracciones de los derechos de patente.
Ese año, Holanda paralizó un envío de Lasortan Potassium (una medicina para la tensión arterial) que India mandaba a Brasil y que serviría para atender a 300 000 personas durante un mes.
Los países afectados denunciaron que las retenciones violan las reglas de la OMC sobre el libre tránsito de mercancías, sobre todo cuando las patentes de esos medicamentos habían caducado.
Los tentáculos de las transnacionales farmacéuticas tienen largos brazos. En Honduras se denunció que varias de esas compañías apoyaron y ayudaron a fraguar el golpe de estado contra el presidente Manuel Zelaya, tras ingresar ese país en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
En Honduras, más del 80% de los medicamentos son provistos por empresas multinacionales, siendo la materia prima para su producción 100 % importada, principalmente desde Estados Unidos y Europa.
Después del ingreso al ALBA, el gobierno de Zelaya trató a principios de 2009 de importar medicamentos genéricos desde Cuba como forma de contrarrestar los altos precios de las medicinas.
Pero las transnacionales, a través del Colegio Químico Farmacéutico, lo rechazaron pues los poderosos lobby farmacéutico norteamericano y europeo no permitirían la competencia de la industria cubana o de otras naciones, en ese mercado.
Marcia Angell, miembro del Departamento de Medicina Social en la Escuela Médica de Harvard, en su libro “La verdad acerca de las compañías farmacéuticas: cómo nos engañan y qué hacer al respecto” señala que la industria farmacéutica de Estados Unidos no invierte en investigación y desarrollo, las sumas millonarias con las que justifica el alto costo de los medicamentos.
De hecho, explica, es una industria altamente rentable gracias a prácticas comunes pero no por ello encomiables: “reciclamiento” de medicinas para suplir a la falta de innovación, “compra” de voluntades a través de costosos cabildeos o de nada sutiles “capacitaciones” para el gremio médico; distorsión de las leyes para aprovechar al máximo las patentes, y sobre todo, la venta mercadológica de un mensaje falso, pues no es cierto que los precios elevados sean necesarios para mantener a la industria a flote.
La también ex editora en jefe de The New England Journal of Medicine, una de las más importantes revistas médicas del mundo, asegura que la industria farmacéutica se ha convertido principalmente en una máquina de mercadeo para vender fármacos de beneficio dudoso, emplea su riqueza y poder para cooptar a toda institución que pueda atravesarse en su camino, incluyendo al Congreso de Estados Unidos, a la Administración de Alimentos y Drogas (FDA), a los centros médicos académicos y a la propia profesión médica.
La reciente decisión del Tribunal Supremo de la India, al igual que cuando hace unos años Sudáfrica obligó a 39 transnacionales a firmar un acuerdo con el gobierno por el que reconocen el derecho de ese país a fabricar e importar genéricos antisida, será un excelente paso para ofrecer medicinas asequibles para los pobres.
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