La canciller María Ángela Holguín aseguró –en entrevista con EL TIEMPO, el 06 de septiembre del año en curso– que el gobierno de Colombia continuará con todos los esfuerzos necesarios para garantizar la dignidad de sus ciudadanos que han sido expulsados de Venezuela tras el cierre de la frontera. ¿Pero qué hay de los derechos humanos de los colombianos y colombianas que dicen hacer esfuerzos necesarios para garantizar la dignidad de sus ciudadanos y ciudadanas en Colombia, no ya expulsados tras el cierre de la frontera, sino los que habitan en Colombia, día a día, los que padecen como resultado de la política interna del gobierno colombiano, que no terminan de solucionar los problemas de los derechos humanos en Colombia?.
Ahora bien si está muy interesada la diplomática Holguín en los problemas fronterizos de los colombianos y colombianas porque no atiende a sus connacionales en la frontera, el drama humano donde viven, por ejemplo en el Norte de Santander, por ejemplo, 1) La mitad de la población está en situación de pobreza o de pobreza extrema, según los datos del DANE, el organismo estatal colombiano de estadísticas. Para 2014 el 39, 9 % se ubicó en categoría de pobres. Mientras que otro 10,5 % se calificaba en el renglón de pobreza extrema. 2) El desempleo y el empleo informal en el departamento tiene las cifras más altas a nivel nacional. Para el período marzo-mayo 2015 la tasa de desocupación se ubicó en 15.6 % para el conglomerado urbano formado por Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia, mientras que el índice nacional de mayo fue de casi la mitad, es decir, 8, 9 %. 3) La informalidad laboral, para el mismo período, la tasa se elevó al 69,9%, y logró ser la primera a nivel nacional. Otras cifras, como las del Departamento Nacional de Planeación, ubican la informalidad en un alarmante 78 %. 4) El déficit de viviendas supera las 50 mil unidades, según los datos de Ricardo Carvajal, director regional de Camacol (gremio de la construcción. 4) La cobertura de educación media es del 38 %, es decir por debajo del propio índice nacional de Colombia, que es del 42 %, y sustancialmente inferior con respecto al promedio de América Latina, de 72 % o el de Venezuela, de 78%.
No solmente eso le ocurre como drama humano a sus connacionales sino que también son víctimas de los derechos humanos en Colombia, que ni los mismos Defensores Públicos de la CDIH han podido ejercer sus funciones, el Estado colombiano no ha podido resguardar la dignidad de los defensores, basta ver que de acuerdo a la información recibida durante su visita, la Comisión de los Derechos Humanos (CDIH) tomó conocimiento de que, desde julio de 1996 a mayo de 2012, al menos 290 defensoras y defensores de derechos humanos sufrieron afectaciones a su derecho a la vida y, según la sociedad civil, durante el actual gobierno se habría presentado un incremento del 36,84% de los registros de violaciones a este derecho con respecto al gobierno anterior.
Del mismo modo; A título de ejemplo de la persistencia de estas afectaciones hasta la actualidad, la CIDH recibió información de la Defensoría del Pueblo conforme a la cual el Sistema de Alertas Tempranas registra que del total de escenarios de riesgos informados el 70% identifica riesgo para los defensores y las defensoras de derechos humanos2005. La sociedad civil informó que tan sólo durante los primeros seis meses del 2012, 163 defensores y defensoras habrían sido víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida e integridad y de estos casos, 81 habrían sido amenazas, 29 asesinatos, 29 atentados, 17 detenciones arbitrarias, 3 presuntas desapariciones, 3 hurtos de información y 1 caso de violación sexual,
¿Si los mismos defensores públicos no pueden defender los derechos humanos en Colombia que queda para sus víctimas? Para la canciller Holguín, cuenta más "los derechos humanos expulsados de la frontera", pero los colombianos y colombianas que viven en el país no cuenta, y al parecer no son menos que quienes viven o son expulsados en la frontera, sin embargo de acuerdo con el gobierno Colombiano seguirán denunciando ante el mundo la forma en que se les han violado los derechos humanos a los más de 10.000 colombianos que han sido expulsados por orden del gobierno de Nicolás Maduro, aunque puntualizó que es necesario que se dé un diálogo binacional que permita encontrar soluciones conjuntas a los problemas que afectan la zona de frontera.
Porque no dan a conocer también la violación de los derechos humanos de quienes viven en Colombia, expulsados de sus tierras por empresas transnacionales para apropiarse de sus territorios, quienes huyen de la política del terror de los paramilitares, brazo extraoficial del gobierno, escapan del conflicto armado entre la guerrillas y las fuerzas militares del gobierno, las desapariciones forzosas, los crímenes de los falsos positivos ejecutado por fuerzas militares oficiales, ¿estas víctimas no cuenta para la canciller Holguín y el presidente Santos?
En cuanto a las presuntas desapariciones, la Comisión (CIDH) observa de acuerdo a la información recibida que varias de ellas se relacionan con líderes o lideresas sociales que han tenido un papel importante en la reivindicación de los derechos humanos de los sectores sociales más afectados durante el conflicto y que dichas desapariciones logran ser perpetradas en ausencia de medidas efectivas de protección por parte del Estado y con el objetivo de silenciar las denuncias realizadas por defensoras y defensores. A manera de ejemplo sobre el fenómeno de las desapariciones, la Comisión recibió información sobre la presunta desaparición de Hernán Henry Díaz entre el 25 y 27 de abril de 2012 quien sería un "reconocido líder campesino, integrante de la Mesa de Organizaciones Sociales, Campesinas, Afrodescendientes e Indígena. Sobre esto, es un asunto interno de Colombia, no corresponde denunciarlo a nivel internacional, la violación de los derechos humanos de quienes luchan en su propio país.
Pero toda la situación de violación de los derechos humanos en Colombia lo encubre conque eso no será posible si no hay terminación del conflicto armado. La excusa es el conflicto armado, a él le atribuyen toda la culpa de la situación de violación de los derechos humanos, pero que hay de la crisis humanitaria colombiana, a lo largo del conflicto que han obligado a buscar la paz en Venezuela a más de 5 millones y medio de colombianos y colombianas, y pese a la magnitud de los inmigrantes, todavía el gobierno colombiano pretenden que diez mil más "expulsados de Venezuela" se le reconozca sus derechos, sin poner fin a esa crisis humanitaria. A todas luces, el gobierno colombiano desea poblar Venezuela con más colombianos y colombianas, decidir en territorio venezolano, violando la soberanía de Venezuela.
La canciller Holguin dice Tenemos una situación humanitaria generada por las deportaciones colectivas de colombianos desde Venezuela, las cuales han violado sus derechos humanos. El Gobierno tiene una operación de atención en 12 albergues de las personas afectadas, asegurando su bienestar y facilitando su traslado temporal o definitivo a sus lugares de origen, Quiere decir que en verdad hay una situación humanitaria, de colombianos y colombianas que migran a Venezuela, que no encuentran empleo, vivienda, salud, educación, en su país, dignificarlos y sobre todo darle la paz, el derecho a la vida ¿Qué hace el gobierno colombiano para atender a sus connacionales es decir para dignificarlos, darles garantías, sin esgrimir la excusa del conflicto armado? Tan solo le da respuesta con albergues improvisado, con la promesa populista de darle casa, pero no esperan que el gobierno venezolano los acoja una vez, escurriendo dicho gobierno colombiano de sus responsabilidades, por ejemplo la canciller Holguín dice: Podría haber más colombianos cruzando la frontera temerosos de las amenazas e intimidación de las que han sido objeto. Esperamos no sea así y Venezuela respete el debido proceso, la gente tiene que tener la tranquilidad de que los que tienen sus documentos en regla no les va pasar nada y los que están irregulares tienen un debido proceso.
En Colombia no se vive en paz, no solo por el conflicto armado, los bacrim, los paramilitares desmovilizados que actúan desde la Casas de Cambio de Cúcuta, todos ellos han penetrado el territorio venezolano, creando la economía del crimen, redes de prostitución, secuestro, sicariato, y es tan solo a la canciller le preocupa los deportados, la situación de los derechos humanos de los deportados, no ve, los problemas que migran hacia Venezuela, la carga social de Colombia endosada a Venezuela, la violación a los derechos humanos en Venezuela a causa de bandas criminales con la complicidad de los bachaqueros.
Es tal magnitud del crimen en Colombia, que no solo viola los derechos humanos paramilitares y su degenerada bacrim sino también el gobierno colombiano, que ha quedado claramente demostrado Como constató en su momento la CIDH, a mediados de 1997 la capacidad locativa del sistema penitenciario era de 28,000 plazas, y alojaba una población penal de 40,000 reclusos, lo que representa un nivel de ocupación del 142%. ¿Quién se preocupa por los derechos humanos de los penitenciarios, aquellos que la sociedad expulsa de la sociedad, que no les ha dado el derecho a una vida digna, que han descompuesto la sociedad, que no los ha podido regenerar, y menos con las condiciones inhumanas penitenciarias?.
Pero no solo los deportados forzosos se debe tener cuenta, también debería contar en el expediente de la canciller Holguín la defensa de los derechos humanos La discriminación contra las personas Lesbianas, los Gays, Bisexuales, Trans e Intersex . Desde hace varios años, la Comisión Interamericana viene recibiendo información preocupante sobre la situación de derechos humanos de lesbianas, gays, y personas bisexuales, trans e intersex (LGBTI) en Colombia, en particular en relación con los asesinatos y actos de violencia en contra de lesbianas, gays, bisexuales y mujeres trans, y aquellas personas percibidas como tales, y la impunidad imperante en relación con éstos. Asimismo, la CIDH se ha pronunciado condenando las situaciones de violencia y discriminación que viven las personas LGBTI en Colombia, constatando violaciones a su derecho a la vida, integridad personal, libertad y seguridad personales, y libertad de expresión. Al respecto, la CIDH ha enfatizado el derecho de todas las personas de vivir libres de discriminación.
El gobierno colombiano pretende que Venezuela sea su aliviadero social, de sus políticas incapaces de resolver la situación de los derechos humanos en Colombia, que amortigüe el abandono social del gobierno de Santos a su población sin atender sus necesidades humanas, descargan sobre Venezuela el peso de los derechos humanos. Veamos respecto a la mujer, señala la CIDH en el año 2013, diversas organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres en Colombia – en particular en materia de salud sexual y reproductiva - presentaron información sobre actos de hostigamiento, estigmatización, persecución y criminalización de las defensoras de estos derechos1595. Hicieron hincapié además en las omisiones del Estado colombiano en realizar esfuerzos con la debida diligencia requerida para identificar a los responsables de estos ataques, tanto los provenientes de actores estatales como no estatales. En este sentido, en el transcurso del año 2013, la CIDH recibió información sobre una serie de presuntos ataques recientes de los cuales han sido objeto Women’s Link Worldwide y sus integrantes, en el.
Además sobre la prevención de diversas formas de violencia contra la mujer, se verificaría una falta de cumplimiento de las mismas en la práctica. Por ejemplo, se destaca una situación de impunidad casi absoluta en la investigación de los casos de violencia sexual, los cuales no se llevan adelante con la debida diligencia requerida, de acuerdo a los parámetros interamericanos e internacionales en la materia. De acuerdo con la información recibida por la Comisión, de los 68.675 casos de violencia sexual cometidos contra mujeres,… la violencia sexual es la mayoría de los casos un delito impune en el país, existe un subregistro, pero pese al subregistro, las cifras de Medicina Legal señalan que la violencia sexual ha aumentado un 40% en los últimos ocho años, pasando de 14.239 casos en el 2003 a 20.142 en el 2011.
L a canciller Holguín es mujer debería preocuparse por la situación de su género, sin embargo no lo hace, para su vergüenza como mujer, cuidando su cargo de canciller no toca la situación de los derechos humanos de la mujer, menos aquellos de los derechos humanos de las niñas violadas por militares de los Estados Unidos, los intocables, aquellos que mancillan la dignidad nacional, y ella nada que ver como si no fuera un problema también de política exterior como la situación de los deportados, para esas niñas y adolescentes, reina la impunidad de la violación sexual por soldados norteamericanos, son ya niñas y adolescentes que se les ha violado su dignidad como ciudadanas y que dice la canciller Holguín ¿Los llevará como caso, ya que son como 53, a la Corte penal Internacional?. ¿Defenderá la dignidad de esas niñas y adolescentes como ciudadanos colombianas?
La canciller Holguin debería leer La información recibida por la CIDH indica la existencia de altos niveles de impunidad en materia de violaciones de derechos humanos cometidas contra pueblos, comunidades o personas indígenas, y de la ausencia de decisiones judiciales claves que aborden tales afectaciones desde una perspectiva colectiva. Distintas instancias internacionales han advertido también que la respuesta de los organismos judiciales nacionales a nivel de investigación y juzgamiento de estos crímenes no ha sido adecuada1472. Por su parte, la Corte Constitucional ha afirmado que la grave situación de impunidad en que permanecen las violaciones cometidas contra pueblos indígenas y sus miembros constituye un "estado de cosas inconstitucional" debido a que el Estado no ha garantizado, entre otros, su derecho a la justicia. La Corte Constitucional ha concluido que, de cada 200 casos, menos de uno llega a la fase de acusación y que sigue siendo alto el nivel de impunidad.
Mientras tanto la canciller en la entrevista al Diario El Tiempo responde a la pregunta de lo que pasará a los colombianos que están en Venezuela, Los colombianos que tienen sus papeles en regla no tienen problema. Los colombianos que están en situación migratoria irregular esperamos que en cualquier procedimiento que adopte Venezuela se les respete el debido proceso, sus derechos humanos y haya coordinación con nosotros. Que se espera en Colombia para que se le respete el debido proceso, por la situación irregular por la actual situación inconstitucional del Poder Judicial, por la situación de un estado, o un Gobierno que no vela por sus ciudadanos, que solo hace exportar ciudadanos a su vecino país, para que se preocupe por sus derechos humanos, ya que el gobierno colombiano le ha dado la espalda. ¿Que esperan para como dice ella para que el sufrimiento de nuestros colombianos cese a la mayor brevedad. Esta es una situación que no le conviene a ninguno de los dos países?.
Fuente:
1.-El Tiempo, entrevista a la canciller Holguin, en El Nacional, "Holguín: No estamos buscando ni sanciones ni condenas a Venezuela", 6 de septiembre del 2015.
2.-CIDH, Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, 31-diciembre del 2013
3.- La-tabla.blogspot.com, Estos son los números del "drama humano" en la frontera, Aporrea, 06/09/2015
