La corrupción acompaña a la mayoría de los miembros de la Cámara Baja, del Senado y del gobierno provisional brasileño después que la oligarquía criolla logró con artimañas sacar a la legítima presidenta Dilma Rousseff.

El dinero mal habido ha salpicado a los hasta hace pocos meses denominados intocables, debido al control y el poder que ejercen en esa inmensa nación sudamericana.

Todo estaba preparado desde hacía meses para lanzar el golpe de Estado contra la presidenta legítima de Brasil, Dilma Rousseff con el objetivo de devolverle el país a la fuerte burguesía criolla, eliminar los programas sociales llevados a cabo desde 2003 e implantar el sistema neoliberal que ignora los beneficios para las grandes mayorías.

Consumada la implementación del impeachment (Juicio Político) en la Cámara de Diputados que lo aprobó por 342 votos, el siguiente paso fue llevarlo al Senado y, al sancionarse en esta instancia, la mandataria fue separada de su cargo por seis meses a la espera de un veredicto, que estará igualmente en manos de la Cámara Alta.

Resulta completamente incongruente que de los 21 senadores de la comisión especial que determinó que Dilma debía ir a juicio político, ocho de ellos aparecen implicados en el caso de corrupción de Petrobrás. Ellos son: Antonio Anastasia, Donald Caiado, Dario Berger, Gladson Cameli, Fernando Becerra, Aloysio Nunes, Cassio Cunha y Zeze Perrilla.

A estos se sumaron después numerosos senadores y congresistas implicados en actos de corrupción con el manifiesto objetivo de que fuera enterrado el caso Lava Jato (lavadero de autos) por desfalcos y malversaciones a la empresa estatal Petrobrás.

En 2014 se hizo pública la investigación que destapó la red de corrupción en la estatal Petrobrás, además de numerosos problemas financieros en la empresa.

La operación consistía en que compañías sobornaban a altos dirigentes de Petrobrás y a otros funcionarios públicos para conseguir contratos multimillonarios con la mencionada petrolera. Decenas de ejecutivos de varias empresas han sido detenidos.

Muchos de los poderosos políticos implicados han tratado de detener las investigaciones sobre Petrobrás para que el lodo no siga convirtiéndose en arenas movedizas.

En manos del juez del Tribunal Supremo Federal están cuatro de los hasta ahora "intocables": el ex presidente del Senado, Renan Calheiros, el senador y ex ministro, Romero Jucá, el ex presidente del Parlamento, Eduardo Cunha y el ex presidente de Brasil José Sarney, todos bajo acusación de obstruir las investigaciones sobre Petrobrás y de conspirar contra la operación.

Dos aspectos importantes al que aspiran la oligarquía criolla y los políticos de derecha son lograr la privatización de Petrobras (para enriquecerse aún más) y eliminar los grandes logros sociales alcanzados durante los gobiernos sucesivos de Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff.

Pero podríamos preguntarnos cómo una administración, con un poder ejecutivo y legislativo, lleno de personas con antecedentes y actuales procesos por corrupción, puedan mantenerse en el poder sin que organizaciones financieras internacionales, gobiernos de países desarrollados y medios de comunicación occidentales, no lo hayan condenado ni solicitado sanciones.

Los datos son contundentes: Según la ONG Anticorrupción Transparencia Brasil, de los 594 miembros de las dos cámaras, el 59 % registra cargos y condenas en los tribunales, incluso por lavado de dinero o tortura.

De los 513 congresistas, 303 tienen procesos o condenas judiciales o en tribunales de cuentas por diferentes motivos. En cuanto a los 81 senadores, 49 figuran con procesos o condenas en la justicia y tribunales de cuentas.

Ya son tres los ministros del presidente por "sustitución forzada" Michel Temer que han caído a solo un mes de la salida de Dilma: de Transparencia, Fabiano Silviera; de Planificación, Romero Jucá y de Turismo, Enrique Eduardo Alves. Los tres presionaban y trataban de chantajear a jueces y políticos para que no continuaran las investigaciones de corrupción en la empresa petrolera.

El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, fue suspendido del cargo al ser acusado por varios delitos como mentir sobre sus cuentas secretas en bancos suizos y otra por 20 millones en bancos uruguayos, malversación de 5,7 millones de dólares y otros más. Cunha amenazó con complicar a 150 diputados, un ministro y un senador cercanos Temer si es condenado. Si se determina mi prisión por el Supremo Tribunal Federal, no caerá solo, dijo Cunha y le recordó al presidente provisional que sin su apoyo ningún gobierno logrará apoyar ningún proyecto.

Temer no se queda atrás y negocia un acuerdo general con la Justicia pues está acusado de hacer una donación en 2012 de 428 000 dólares de origen irregular para la campaña electoral de Gabriel Chalita, candidato del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) a la alcaldía de Sao Paulo; un cargo por apadrinar una venta ilícita de etanol a finales de los años 90; otra demanda por ser beneficiado con la entrega de 1 230 000 dólares por un constructor.

Temer y todo su aparato oligárquico se han lanzado a tratar de eliminar, lo antes posible, las acciones sociales que emprendieron los gobierno de Lula y Dilma a favor del pueblo. En esa línea, presionan para recortar los presupuestos para la salud y educación; eliminar empleos en el sector público; elevar las jubilaciones a 65 años de edad; privatizar numerosas empresas estatales, entre ellas Petrobrás; suspender el programa Mi Casa, Mi Vida, y cancelar la construcción de 11 200 viviendas pactadas por la administración anterior.

Durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores se generaron casi 6 000 000 de puestos de trabajo que elevaron el poder adquisitivo de los brasileños. El proyecto Mi Casa, Mi Vida fabricó más de un millón de inmuebles y esperaba llegar a 2016 con 2,75 millones en total.

La pobreza bajo del 26 % en 2002 a 8,7 % en 2015. El presupuesto para la educación en 2015 alcanzó el 15,57 % del presupuesto nacional, mientras en la salud se amplió la cobertura médica al 85 % de la población menos favorecida. Desde hace 12 años, el programa Bolsa Familia ha brindado apoyo a 53 millones de familias pobres y a 17 millones de niños en edad escolar.

Dilma no esta acusada por corrupción, sino por "haber irrespetado la Ley de Responsabilidad Fiscal, un proyecto neoliberal que limita enormemente los gatos del Estado para los proyectos sociales, pero en contraposición, permite pagos de grandes fortunas a los banqueros".

En resumen, es el llamado golpe de Estado blando en el que un presidente, elegido democráticamente con respaldo de 54 millones de votos, ha sido objetado por autoproclamados "jueces" parlamentarios, muchos de ellos imputados por corrupción, desfalco y lavado de dinero.