Todos sabemos que el Libertador era lector asiduo de Montesquieu y Rousseau, dos grandes del pensamiento político moderno. Por el primero, Bolívar asumió el principio de la separación e independencia de los poderes. Por el segundo, aprendió el de la soberanía popular intransferible y absoluta. Esos principios los hallamos en casi todos los discursos y documentos de Bolívar.
Montesquieu tomó el principio de la separación e independencia de los poderes públicos de la tradición inglesa, pero lo fundamentó filosóficamente en la necesidad de colocar límites al poder del estado. La fórmula, que garantizaba una gran estabilidad política (valor siempre elogiado por Bolívar), consistía en dividir el poder de acuerdo a sus funciones, y el mutuo control de cada uno de los poderes públicos por los otros: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bolívar innovó y propuso un cuarto poder, el Moral, para velar por las costumbres y la buena gestión educativa. En la Constitución venezolana de 1999 se agregó otro poder más, el electoral, pero el principio es el mismo: separación e independencia para el control mutuo de los Poderes públicos, limitación del estado.
Por otra parte, establecer como fuente de legitimidad a la soberanía popular, poder absoluto e indelegable, que alimentó la ideología bolivariana desde su fuente en Rousseau, también significa un límite al poder del estado, o más específicamente, a sus funcionarios. Éstos ejercen ciertas funciones, pero el poder no les pertenece. El poder (la soberanía) reside absolutamente en el Pueblo. La aplicación práctica de este principio de soberanía popular se materializó en las elecciones, mientras más directas y decisivas, mejor. Por eso Chávez ridiculizaba cualquier señalamiento de supuesta tiranía, refiriendo las repetidas consultas electorales en las que la mayoría del pueblo lo respaldaba. Tantas veces que sorprendía al mundo entero. No le quedó otra a los ideólogos de la derecha que inventar el pseudo concepto de “tiranía plebiscitaria” que, junto a la “deslegitimación por desempeño”, pasó a formar parte de una bazofia ideológica que no aguantaba ni un solo soplido filosófico serio.
Ambos principios, la separación de los Poderes y la soberanía popular, se oponen al absolutismo político de los monarcas de los siglos pasados y los tiranos de siempre. Una profundización de ellos lo encontramos en el pensamiento de Marx, quien destacaba de la primera experiencia de poder proletario en el mundo, la Comuna de París, la revocación en cualquier momento de los funcionarios. El gran alemán consideraba que esto indicaba un síntoma de la deseada transición hacia una sociedad donde ya no hubiera la necesidad del poder del estado porque, al tener el poder la única clase productiva, los trabajadores, no había necesidad de sostener la dominación de clase. Chávez, demócrata y marxista, fue el autor de la propuesta del referendo revocatorio. Nunca hay que olvidarlo.
Los anteriores párrafos debieran ser el ABC de la formación política de cualquier militante de izquierda. Pero hay que recordarlos una y otra vez, porque a cada rato la práctica política orientada únicamente a mantener el poder como sea, niega estos principios una y otra vez. Así, hemos leído algunas manifestaciones que constituyen una violación a los principios democráticos y una burla directa a Bolívar, Montesquieu, Rousseau, Marx y Chávez: “las elecciones no son necesarias porque no hay dinero” (pero sí hay dinero para grandes eventos mundiales o viajes o logística de movilizaciones masivas); “el revocatorio no es para revocar gobiernos populares” (quien debe decidir esto, es el pueblo mismo; no el funcionario que dio esas declaraciones).
La violación y la burla también se notan en ciertas interpretaciones de la Constitución que se pasan de nietzscheanas, por aquello de negar el texto para imponer una interpretación. El artículo 335 de la Constitución, que establece que la Sala Constitucional será el máximo intérprete de la Carta Magna, no reza que estará por encima de todos los demás poderes, ni redistribuirá sus atribuciones. Mucho menos le permite cambiar la Constitución sustituyendo poderes públicos como el legislativo, por asambleas de militantes de un Partido determinado.
A todas las calamidades económicas y sociales por las que atravesamos los venezolanos, le están agregando ahora estos ingredientes de deslegitimación. Sería bueno que los responsables del Partido-Gobierno-FA reflexionaran y recordaran que la crisis de los noventa fue sobre todo de deslegitimación. Los precios del petróleo no subirán tanto y tan rápido como para tapar estas grietas de la institucionalidad con bolsas de los CLAP. En 1999 se impuso una Constituyente. Ahora, el pueblo lo dirá, más temprano que tarde.
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